El Gobierno de Asturias ha destinado 36,2 millones a políticas activas de empleo desde el inicio de la legislatura para impulsar la inserción laboral de más de 9.800 personas

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•    El Ejecutivo acuerda dedicar 2,5 millones a facilitar formación y orientación a desempleados •    Silvia Toyos del Coz será la nueva interventora general y Myriam Hernández seguirá al frente del Instituto de Prevención de Riesgos Laborales •    El Servicio de Emergencias recibirá 1.419.800 euros para la compra de diez equipos de excarcelación y una autoescalera

El Gobierno del Principado ha destinado 36,2 millones a políticas activas de empleo desde el inicio de esta legislatura, un esfuerzo presupuestario que beneficiará a más de 9.800 personas. Hoy mismo, el Ejecutivo ha acordado dedicar 2,5 millones a facilitar la formación de parados, sobre todo de larga duración. Esta convocatoria permitirá que cerca de 5.800 personas reciban cursos y asesoramiento.

El paquete de medidas impulsado desde el comienzo del mandato irá acompañado en los próximos meses de un giro en el funcionamiento del Servicio de Empleo del Principado (Sepepa) que incluya acciones tanto para mejorar la inserción laboral como para la creación y atracción de empresas.

El consejero Borja Sánchez, responsable de estas áreas, ya avanzó en la Junta General alguna de las iniciativas previstas para alcanzar estos objetivos. Entre ellas, la apertura de una oficina económica y comercial en Madrid y una reforma profunda de la Formación Profesional (FP) para adecuar su oferta a las necesidades reales del tejido productivo.

Las partidas concretas aprobadas en las últimas semanas son las siguientes:

•    Inserción de personas con discapacidad: 18,2 millones

La medida de mayor envergadura económica permitirá impulsar la inserción laboral de más de 3.500 personas con discapacidad gracias a una partida de 18,2 millones. A través de estas ayudas, dirigidas a centros especiales de empleo para 2023 y 2024, el Principado colabora con las empresas y entidades sin ánimo de lucro que gestionan estos recursos. Cada contrato se subvenciona con una cantidad que puede llegar al 50% del salario mínimo interprofesional (SMI) mensual. Por su parte, los centros que incorporan a personas con gran discapacidad (más de 65% si es física o bien discapacidad intelectual) perciben una cuantía adicional que llega a alcanzar el 60% del SMI. El Sepepa concedió en el último año ayudas a 119 empresas y organizaciones sin ánimo de lucro, además de subvencionar 3.562 puestos de trabajo.

•    Contratación de personas mayores de 30 años: 13,2 millones

El Ejecutivo también acordó respaldar con 13,2 millones la contratación de mayores de 30 años a través de talleres de empleo que podrán desarrollar tanto ayuntamientos como entidades sin ánimo de lucro. Con esta nueva convocatoria, también para el bienio 2023-2024, más de 500 personas podrán trabajar durante un año y recibir el certificado de profesionalidad, al tiempo que generan derecho a prestación por desempleo.

Esta iniciativa, cofinanciada a través de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales y del Fondo Social Europeo (FSE+) 2021-2027 y en la que la Unión Europea (UE) aporta el 60% de los fondos, se suma a los talleres de empleo puestos en marcha en el periodo 2022-2023, con una aportación de 18,9 millones y 40 programas en 33 concejos.

•    Lucha contra el paro juvenil: 2,3 millones

El Principado ha reforzado también la lucha contra el paro juvenil con una nueva línea de ayudas, dotada con 2,3 millones para favorecer la incorporación al mercado laboral, con un contrato en prácticas, de desempleados menores de 30 años.

Estas subvenciones, previstas para este año y el próximo, se desarrollarán a través de dos vías:

     - El Sepepa destinará 1,2 millones a apoyar a las empresas que faciliten esta experiencia laboral a jóvenes titulados universitarios que se encuentren en paro tras finalizar sus estudios.

     -  El organismo respaldará con 1,1 millones la contratación en prácticas de jóvenes desempleados inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

    Orientación especializada: 2,5 millones

Por su parte, el gasto de 2,5 millones aprobado hoy por el Consejo de Gobierno se enmarca en el Programa Integral de Orientación y Mejora de la Empleabilidad (Piome) y permitirá ofrecer una atención personalizada a 5.800 personas desempleadas durante este año y el próximo. La financiación se destina a entidades sin ánimo de lucro que realizan acciones de orientación y formación en todos los municipios.

La formación que se imparte, adaptada al perfil de los demandantes, aborda, entre otras, materias vinculadas a manipulación de alimentos, logística, transporte y comedor escolar, riesgos laborales, ofimática, nutrición o prevención de accidentes.

El pasado año, la convocatoria se abrió a demandantes de empleo ocupados, lo que permitió intensificar la prevención del paro de larga duración. Quienes estén en situación de precariedad por tener empleos marginales, por su escasa cualificación o por otras circunstancias apreciadas por el Sepepa pueden participar en el programa.

Relevos en la Administración

El Ejecutivo autonómico ha aprobado los nombramientos de la nueva interventora general del Principado, Silvia Toyos del Coz, y de la directora del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, cargo en el que repita Myriam Hernández.

Consejería de Hacienda y Fondos Europeos

Interventora general: Silvia Toyos del Coz (Siero, 1978)

Licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo, es funcionaria de Administración Local con habilitación de carácter nacional. Ha desarrollado su carrera en diferentes consejerías del Gobierno del Principado y ha desempeñado, entre otras responsabilidades, las de interventora en Villaviciosa, y técnica de Administración General en los consistorios de Tineo y Oviedo. En la actualidad ocupaba el cargo de interventora en el ayuntamiento de Castrillón y de secretaria interventora en el ayuntamiento de Bimenes.

Consejería de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo

Directora del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL): Miryam Hernández Fernández (Oviedo, 1972)

Licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo, también posee el título de Experto Sociolaboral por la UNED y un máster en Prevención de Riesgos Laborales, en la especialidad de seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología. Es auditora de sistemas de gestión en prevención de riesgos laborales y auditora interna OSHAS 18001. Ocupa la dirección del instituto desde mayo de 2012 y ha sido reconocida con diferentes galardones, entre los que figuran la Medalla de Oro al Mérito Profesional de las Relaciones Industriales y las Ciencias del Trabajo (2015), el Premio Nacional de Prevención Prever (2011) y la Medalla al Mérito de la Seguridad Vial (2018).

Nuevos equipos para el Sepa

El Principado ha dado luz verde a un gasto de 1.419.800 euros para la compra de diez equipos de excarcelación y un vehículo autoescalera destinados al Servicio de Emergencias del Principado (Sepa). El nuevo material incorporará la última tecnología disponible, lo que permitirá ofrecer mayores garantías de operatividad, así como incrementar la seguridad y eficacia en las intervenciones.

La autoescalera, con un coste de 822.800 euros, posibilita alcanzar grandes alturas para rescates y facilita la extinción de incendios en entornos urbanos e industriales. Este vehículo se suma a los seis de estas características de los que ya dispone el Sepa. El brazo articulado que incorpora permitirá acceder hasta los 30 metros de altura, con capacidad para alojar hasta cinco personas en la cesta de su extremo.

Por otra parte, los nuevos equipos de excarcelación, que tienen un coste de 597.000 euros, son necesarios para liberar a personas atrapadas en  accidentes de tráfico o rescates en espacios confinados o estructuras colapsadas. La adquisición de materiales incluye la formación específica sobre sus características técnicas, uso y mantenimiento.

Esta inversión continúa la renovación y mejora de medios del Sepa, iniciada ya  la pasada legislatura. En este objetivo se enmarca también el gasto de 2,5 millones autorizado hace una semana para la compra de siete autobombas forestales.

Memoria democrática

El Consejo de Gobierno ha autorizado la celebración de un convenio de colaboración entre la Universidad de Oviedo y el Principado, a través de la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, para llevar a cabo actuaciones recogidas en el plan cuatrienal (2020-2024) de memoria democrática.

Este plan de la Secretaria de Estado de Memoria Democrática del Ministerio de la Presidencia incorpora, entre sus líneas estratégicas, la localización, exhumación e identificación de víctimas y la divulgación de los trabajos efectuados y los resultados conseguidos.

Colaboración en materia de drogodependencias

El Ejecutivo ha acordado la celebración y la prórroga de sendos convenios de la Consejería de Salud en materia de drogodependencias, con la Delegación del Gobierno, por un lado, y con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Asturias, por otro.

En el primer caso, el Principado recibirá 287.000 euros provenientes del fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas, al amparo del Plan Nacional sobre Drogas. Salud dedicará estas cantidades a financiar las siguientes actuaciones:

•    Tratamiento para la adicción a cocaína y otros psicoestimulantes: 113.000 euros.
•    Intervención sobre el alcoholismo: 85.000 euros.
•    Pisos de incorporación social: 47.000 euros.
•    Programa de atención a personas drogodependientes en juzgados de lo penal: 35.000 euros
•    Programa Indro de prevención selectiva del consumo de drogas en espacios públicos de ocio: 7.000 euros.

Igualmente, se prorrogará el convenio con el Colegio Oficial de Farmacéuticos para prolongar por otro año la prestación farmacéutica con sustitutivos opiáceos como la metadona a personas drogodependientes, así como la realización de pruebas rápidas para la detección del VIH en oficinas de farmacia. El acuerdo prevé un pago por parte del Principado de 66,75 euros mensuales por cada persona incluida en el programa. Además, Salud aporta a las farmacias todos los materiales necesarios para realizar el test de detección de VIH.

 

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