El Gobierno de Aragón exige información al Estado sobre la llegada de menores migrantes no acompañados desde Canarias

Ante la falta de transparencia y de diálogo institucional que ha caracterizado en los últimos meses la propuesta de reparto de menores migrantes no acompañados desde Canarias a la Península, la Comunidad Autónoma de Aragón ha enviado este viernes por la tarde una carta dirigida al Secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez.

El Gobierno autonómico reitera así su solicitud formal, ya expresada tanto en las comisiones como en las Conferencias Sectoriales, para que el Ministerio dirigido por Sira Rego remita toda la información necesaria para planificar la acogida digna y con garantías de los 251 menores que llegarán a la Comunidad trasladados desde Canarias, puesto que no ha sido facilitada todavía por el Estado.

"Desde Aragón reiteramos nuestro compromiso con el cumplimiento de la Ley y con la protección de la infancia y la responsabilidad institucional que ello implica. Por ello, estamos trabajando para preparar la acogida de los 251 menores asignados, con el objetivo de garantizarles una atención adecuada, respetuosa y centrada en sus derechos", recoge el texto.

"No estamos dispuestos a hacinar menores ni a prestar una atención que no cumpla con los estándares de calidad que merecen. La dignidad de los niños y adolescentes debe estar en el centro de cualquier política pública, y no puede verse comprometida por decisiones improvisadas o carentes de respaldo técnico".

Sin la información que necesita por parte del Estado, el Gobierno de Aragón no puede llevar a cabo una planificación "rigurosa, con recursos adecuados y una coordinación efectiva entre Administraciones" que garantice "una acogida "digna" y "ajustada a las necesidades" de los menores.

Por todo ello la DGA demanda que en el plazo de una semana se informe "con precisión" sobre las fechas exactas de llegada y el número de menores que se trasladarán a Aragón en cada una de esas fechas, acompañando ese calendario con la identificación de cada menor así como información sobre su situación administrativa, sus características personales y posibles necesidades específicas, su procedencia e idioma materno.

"La atención y protección a la infancia requiere de una planificación de centros diversos en función de la tipología de atención, personal especializado, recursos físicos y económicos", expone la solicitud de información. "Sólo con una planificación adecuada es posible atender a los menores con la calidad que se debe prestar desde los servicios de protección a la infancia", indica.

La misiva, firmada por el gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Ángel Val, alude a los recursos judiciales interpuestos por la Comunidad Autónoma de Aragón ante lo que ha considerado "un reparto injusto y arbitrario, impuesto por el Gobierno de España conforme a criterios políticos que buscan favorecer los intereses de los partidos independentistas que sostiene a Pedro Sánchez en el Gobierno".

A la espera de que los tribunales resuelvan al respecto, el Gobierno de Aragón reitera en la carta que cumplirá con la Ley y ha deplorado las recientes amenazas de acciones penales que han realizado voces del Ejecutivo central, considerándolas "absolutamente inaceptables e insostenibles dentro del marco de unas relaciones interinstitucionales que deben regirse por el respeto mutuo y la cooperación leal".

El recurso de inconstitucionalidad que ha interpuesto Aragón contra el Decreto de reparto se sostiene en el argumento de que se rompen los principios de igualdad y solidaridad entre Comunidades Autónomas y que la norma se ha redactado en favor de intereses que nada tienen que ver con la atención a los menores vulnerables que permanecen en Canarias por la crisis migratoria.

La carta concluye con el ruego al Ministerio de Juventud e Infancia para que remita "una planificación detallada que permita organizar adecuadamente los recursos y dispositivos necesarios" y, en caso contrario, solicita que "defina con claridad" si la atención que se espera prestar debe limitarse únicamente a la cobertura de necesidades básicas. "Esperamos que se actúe con coherencia, responsabilidad y respeto hacia las instituciones y, sobre todo, hacia los menores que requieren una atención especializada y digna", concluye.