Luz verde al Decreto Ley que incrementa la PACIMV y subvenciona proyectos para atender colectivos vulnerables

El Decreto Ley de medidas urgentes en materia de prestaciones económicas y subvenciones sociales para 2025 ha sido convalidado en el pleno de las Cortes de Aragón este jueves por la mañana. La consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha sido la encargada de detallar su contenido y objetivos: garantizar la continuidad y refuerzo de las prestaciones económicas de carácter social y posibilitar la concesión directa de subvenciones imprescindibles para atender las necesidades de colectivos vulnerables en toda la Comunidad Autónoma.

"Este Decreto-Ley es una herramienta legal, legítima y eficaz para garantizar el bienestar social en Aragón", ha manifestado la consejera de Bienestar Social y Familia: "Cumple con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica y eficiencia, y responde al mandato que tenemos como representantes públicos: el de proteger a las personas más vulnerables, asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales y hacerlo con rapidez cuando las circunstancias así lo exigen".

Este Decreto-Ley establece una cuantía mínima garantizada de 700 euros mensuales tanto para Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital (conocida por sus siglas, PACIMV) como para los complementos de pensiones no contributivas de jubilación e invalidez. La actualización aprobada representa un incremento del 12,72% respecto al importe anterior -se eleva desde los 621 euros a los 700 euros con efecto retroactivo a 1 de enero de 2025- y responde a la necesidad de mantener el poder adquisitivo de los beneficiarios en un contexto de prórroga presupuestaria para 2025.

La medida se fundamenta en la necesidad de otorgar seguridad jurídica a estas prestaciones, especialmente tras la extinción del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) y en cumplimiento de la Ley 10/2016 de medidas de emergencia en materia de servicios sociales. "Al derogarse esta prestación se generó una laguna legal para determinar esa cuantía garantizada, por lo que es necesario que ésta se establezca por una norma con rango de Ley", ha recordado Susín.

El Decreto-Ley autoriza la concesión directa de subvenciones por un importe cercano a los 7 millones de euros, destinadas a entidades sociales con "una trayectoria contrastada" en la atención a grupos de población especialmente vulnerables en todo el territorio aragonés. "Se trata de asegurar que puedan seguir operando y cumpliendo con su cometido social", ha explicado Susín.

Estas ayudas permitirán la continuidad de programas impulsados por los bancos de alimentos, colectivos y asociaciones que atienden la discapacidad y la dependencia; organizaciones de apoyo a familias monoparentales y numerosas y entidades que trabajan con infancia en riesgo, personas sin hogar y personas con problemas de salud mental o adicciones, entre otros.

Tal y como ha precisado la Consejera, la práctica totalidad de estas subvenciones ya figuraban en el Anexo IV de la Ley de Presupuestos de 2024, pero la prórroga presupuestaria ha impedido su tramitación ordinaria, de modo que el Decreto Ley que ha salido adelanta permite evitar la paralización de proyectos esenciales para miles de aragoneses.

El Gobierno de Aragón ha subrayado que la norma ha sido concebida como "una respuesta urgente, proporcional y legalmente fundamentada" para atender situaciones de especial necesidad "en un contexto inflacionario e inestable, que además se ve agravado por conflictos geopolíticos que afectan de forma directa a la renta de los hogares más desfavorecidos", ha dicho Carmen Susín. Su convalidación da cumplimiento al compromiso con la protección de las personas más vulnerables y permite la continuidad de servicios sociales esenciales.

Alcance y perceptores de la PACIMV

En total, desde el 1 de enero de 2025 hasta el 7 de abril del presente ejercicio, se contabilizan 4.470 aragoneses cobrando la PACIMV en sus dos modalidades -PACIMV y complemento económico para titulares del Ingreso Mínimo Vital (ICSS)- y otros 7.150 titulares de pensiones no contributivas; en total, la medida impacta directamente en más de 11.000 perceptores.

La evolución de la cuantía garantizada en esta prestación desde 2022, momento en el que como mínimo se cobraban 540 euros, ha sido ascendente en los últimos años: en 2023 subió un 8,52% hasta los 586 euros, después un 5,97% en 2024 hasta los 621 euros y el aumento aprobado en 2025 para llegar a los 700 euros es del ya mencionado 12,72%.

La aprobación del Decreto Ley que recoge el incremento conlleva un montante total de 490.815,29 euros, desglosado en dos importes: por un lado, el gasto destinado a las prestaciones aragonesas complementarias y los complementos al Ingreso Mínimo Vital es de 313.949,09 euros en 2025. Por otra parte, partiendo del gasto real ejecutado en el año 2024 en relación con el abono de los complementos a pensiones no contributivas -esto es, 1.390.348,21 euros- el incremento del 12,72% supone un aumento de gasto de 176.866,20 euros.

Esta actualización de la cuantía contempla el IPC interanual de diciembre de 2024 (2,8%) y permite mejorar el incremento del 9% aprobado en el Real Decreto-Ley 1/2025, de 28 de enero, para la cuantía de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social, incluido el IMV.

Carmen Susín ha concluido su intervención ante el pleno de las Cortes definiéndose a este Decreto Ley como una respuesta jurídica, política y social urgente, necesaria y proporcionada, que busca asegurar que ningún colectivo necesitado quede desatendido", diseñado para "garantizar la dignidad, la seguridad y el bienestar de miles de aragoneses que dependen aquí y ahora de todos nosotros".