El Gobierno de Aragón exige al Ministerio que no suprima paradas de autobús y hará alegaciones al anteproyecto que afecta a la provincia de Teruel

"El Gobierno de Aragón va a exigir que los 13 núcleos afectados no se queden sin parada de la línea estatal". Así de contundente se ha mostrado el director general de Transportes, David Sánchez, tras someterse a información pública anteproyecto del establecimiento del nuevo servicio de autobuses que prevé implantar el Gobierno central, que une Madrid y Valencia y que discurre parcialmente por la provincia de Teruel, con importantes y nefastas consecuencias para los habitantes de esta provincia, en concreto, para los vecinos de los núcleos que perderían el servicio: Alba, Cella, Santa Eulalia del Campo, Singra, Torrelacárcel, Torremocha de Jiloca, Villafranca del Campo, Villarquemado, Libros, Villastar, Villel, La Puebla de Valverde y Sarrión.

Antes de entrar en detalle sobre las motivaciones en que se basarán las alegaciones que va a presentar el Gobierno de Aragón al citado anteproyecto, David Sánchez ha planteado una reflexión sobre el modelo que se propone en la futura Ley de Movilidad Sostenible que tramitan las Cortes Generales y que se plasma en este primer anteproyecto que se ha sometido a información pública, correspondiente al denominado Corredor 12: "Quiero destacar que se pasa de un servicio en el que prima la atención a las diferentes poblaciones, a otro que prioriza la cuenta de resultados de las empresas por encima del servicio público a los ciudadanos que habitan en los pueblos por donde transita esa línea, lo que, en el fondo, penaliza a los territorios con importantes desequilibrios demográficos, como Aragón". 

Y es que, con la implantación del nuevo mapa concesional, el Ministerio traspasa esa responsabilidad y la consiguiente carga económica a la Comunidad Autónoma, ya que "nos obliga a trasladar a los viajeros de los municipios que pierden el servicio a aquellos otros en que lo mantienen, es decir, nos obliga a trasladar a los usuarios de 13 núcleos que quedan desatendidos a los únicos 3 en los que va a continuar parando el autobús, todo ello sin una compensación adecuada".

Asimismo, el director general ha constatado que el nuevo modelo que impulsa el Ministerio "perjudica a la Administración autonómica y a los usuarios de esas líneas, dado que les obliga a realizar un trasbordo del servicio autonómico al estatal y, para más inri, genera incertidumbre en tanto que no conocemos, porque no nos han detallado, los horarios de esas expediciones". En este sentido, ha añadió que "mucho nos tememos que esos horarios definitivos, que fijarán las empresas concesionarias, puedan generar problemas de coordinación entre los dos sistemas, el estatal y el autonómico". En esta dirección, David Sánchez ha pedido que el nuevo modelo sea debatido con carácter previo en la Conferencia Sectorial de Transportes, cuestión que han solicitado tanto Aragón como otras comunidades autónomas, algo a lo que se ha negado sistemáticamente el Ministerio, lo que, a juicio del titular de Transportes del Gobierno de Aragón, demuestra que "solo se pretende imponer su modelo, contando con las Comunidades Autónomas sólo para lo que les interesa".

En base a todo a todo lo anterior, Aragón exige que no se supriman paradas en los municipios y núcleos de Aragón. Y por si el Ministerio desoyera esta petición, el Gobierno de Aragón va a plantear alegaciones al anteproyecto que perjudica a los ciudadanos de la provincia de Teruel en los siguientes términos:

1) El Gobierno de Aragón va a exigir que los 13 núcleos afectados no se queden sin parada en las nuevas líneas estatales.

2) En el caso, y solo en caso de que el Gobierno central no accediera a esta petición, el Gobierno de Aragón va a plantear alternativas que minimicen el daño ocasionado a estos pueblos. Por ejemplo, la implantación de paradas a demanda, mediante la cuales, siempre que un usuario necesite el servicio tenga posibilidades de acceder a él.

3) El Gobierno de Aragón va a exigir que el contrato entre el Estado y las empresas concesionarias incluya determinadas obligaciones para el control de los horarios de prestación de los servicios. Con ello conseguiríamos una adecuada coordinación de los horarios entre el sistema estatal y el autonómico para ganar eficacia en la prestación del servicio de cara a los ciudadanos.

4) Aragón exige una compensación económica satisfactoria y realista con la que financiar los servicios que, de implantarse este nuevo mapa concesional estatal, dejaría de prestar el Estado para que los asumiera el Gobierno autonómico. Tengan en cuenta, que la cifra que ha trascendido para compensar este trasvase de servicios en toda España es de 40 millones de euros al año durante cuatro ejercicios, lo que, a todas luces, resulta insuficiente. Si asumimos esos servicios necesitamos una financiación adecuada y continuada en el tiempo.