El Gobierno de Aragón y el Estado acuerdan negociar la Ley de Energía

El Ministerio de Política Territorial ha remitido al Gobierno de Aragón una invitación para iniciar un procedimiento de negociación relacionado con la Ley de Energía de Aragón, una reunión que el Ejecutivo autonómico acepta con una posición conciliadora para tratar de evitar un hipotético recurso de inconstitucionalidad.

"Es una invitación a comenzar una negociación a través de una comisión bilateral. Por parte del Gobierno de Aragón, la posición es totalmente conciliadora y de colaboración. Nos sentaremos en esa comisión para hablar de esa ley que para nosotros pertenece a una línea estratégica", ha explicado la vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo autonómico, Mar Vaquero, este martes en rueda de prensa.

Este mecanismo de negociación viene previsto expresamente en la ley orgánica del tribunal constitucional como un instrumento de prevención de conflictos constitucionales.

Adoptado el acuerdo entre ambas Administraciones Públicas para iniciar la negociación, se dispone hasta el 30 de septiembre de 2025. Es decir, se abre un plazo de nueve meses desde la publicación de la Ley de Energía, el 31 de diciembre de 2024, parfa alcanzar un acuerdo.

En la comunicación del Ministerio de Política Territorial se expresan una serie de discrepancias que ponen de manifiesto las dudas de constitucionalidad respecto a la reciente Ley de energía de Aragón, afectando parcialmente a 24 preceptos, aunque Vaquero ha mostrado su esperanza de "llegar a un acuerdo con el Estado, tratar de conciliar la interpretación de los preceptos controvertidos y, en su caso, y desde luego con una posición conciliadora y de lealtad institucional, llegaríamos a promover la modificación de los preceptos para que se puedan adaptar a una interpretación consensuada".

Intereses compatibles

Es decir, "es totalmente compatible que se quiera conjugar el interés del Estado y se nos permita ejercer nuestras competencias en el desarrollo de la normativa básica con tener los mecanismos propios de la comunidad para fomentar la competitividad de nuestro sector energético. Acudiremos con carácter conciliador, pero también a defender las competencias autonómicas", ha proseguido la consejera de Economía.

Las cuestiones controvertidas se centran, sobre todo, en el alcance de la regulación autonómica del autoconsumo en cuanto pueda incidir en la unidad de la red de distribución; la regulación de las mancomunidades de energía, no previstas en el ordenamiento estatal ni comunitario; y las competencias de la comunidad autónoma para incorporar en su normativa el contenido de las directivas comunitarias, cuyo plazo de trasposición ya ha transcurrido.

Desde el Gobierno de Aragón se cree que en el seno de la negociación será posible alcanzar acuerdos con la Administración del Estado, ya sean de orden interpretativo de los preceptos controvertidos, o bien comprometiéndose la comunidad a promover la modificación da algunos de los preceptos discutidos para pueda adecuarse con mayor claridad a la distribución competencial establecida por el texto constitucional y la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

La vicepresidenta ha insistido en que hay "buena voluntad" para que el acuerdo alcanzado permita, por un lado, conjugar el interés del estado de velar por criterios de coordinación y unidad del sistema eléctrico; y, por otro, faculte a la comunidad autónoma, al amparo de sus competencias de desarrollo de la normativa básica estatal, para establecer mecanismos que fomenten la competitividad del sector energético en la comunidad autónoma.

En caso de no alcanzarse un acuerdo, el Estado podría interponer un recurso de inconstitucionalidad que provocaría la suspensión automática de los preceptos impugnados. Este recurso podría resolverse en un plazo de entre 1 y 3 años.