El nuevo pliego del transporte sanitario no urgente otorga puntos si se mejoran las condiciones laborales de los trabajadores
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El consejero de Sanidad explica que el pliego de licitación quiere acabar con la conflictividad laboral que se arrastra desde la anterior legislatura
El coste inicial de salida supera en 16,6 millones el anterior contrato y da puntos por mejoras salariales
José Luis Bancalero ha comparecido en las Cortes para explicar el nuevo pliego del servicio de ambulancias programadas
Estas imágenes pertenecen a Página Oficial del Gobierno de Aragón
Más salario para los trabajadores del transporte sanitario programado y mayor calidad de la prestación que reciben los usuarios. Estas son las dos máximas principales sobre las que se ha elaborado el nuevo pliego que regula la prestación del servicio de transporte no urgente en ambulancias no asistenciales para pacientes en la Comunidad autónoma de Aragón, es decir, el transporte sanitario no urgente (TSNU), también denominado programado.
El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero Flores, ha comparecido hoy en la Comisión de Sanidad de las Cortes autonómicas para informar sobre este nuevo pliego del que se ha mostrado claramente "orgulloso". "Este Gobierno ha sacado a licitación el nuevo contrato del transporte sanitario no urgente con mayor dotación económica, y con novedades, como otorgar puntos por la mejora de las condiciones salariales del personal que presta el servicio", ha dicho el consejero. "El objetivo -ha añadido- es acabar con la conflictividad laboral que se arrastra desde la legislatura anterior por una huelga de los trabajadores ante la no renovación del convenio colectivo desde 2018".
Además, el nuevo pliego establece unas condiciones especiales de ejecución del contrato, según las cuales el criterio relativo a la mejora de las condiciones salariales del personal que presta el servicio tiene la consideración de "esencial" para la adjudicataria durante la vigencia del contrato, lo que significa que incumplirlo es causa suficiente de resolución del contrato.
El consejero de Sanidad ha explicado que el nuevo contrato aborda los principales problemas que se han registrado en los últimos años en el transporte sanitario como la "carencia de personal, la falta de actualización de los salarios de los trabajadores desde 2018 por falta de convenio colectivo o el incremento del precio de los combustibles".
Ampliación de la dotación económicaDeclaraciones del consejero de Sanidad, José Luis Bancalero Flores
En este momento, el servicio del TSNU se presta por la UTE MAÍZ-EGARA desde 2020. El contrato adjudicado por el anterior gobierno tiene una duración de 4 años prorrogables por otros dos y el importe del mismo es de 41.211.805 euros. Por dos veces, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha condenado al Gobierno de Aragón en relación al TSNU. En una de ellas, el TSJA llegó a calificar la gestión del transporte sanitario del anterior cuatripartito de "indolente" y condenó a indemnizar a la adjudicataria con casi 900.000 euros.
Durante ese periodo, la conflictividad laboral continuó y a ello se sumó una huelga indefinida del personal desde principios del años 2023.
Bancalero ha indicado que el nuevo pliego trata de acabar con esta tendencia de sentencias condenatorias e inestabilidad laboral y el primer paso ha sido dotarlo mejor económicamente. Así, el pliego actual supera el coste del anterior contrato en 16,6 millones, ya que el precio total del presupuesto de licitación asciende a 57.832.291,04 euros.
El Departamento de Sanidad contempla en la licitación del nuevo contrato otorgar puntos por la mejora de las condiciones salariales del personal que presta el servicio. No concreta cuál debe ser la subida, sino que valora que un porcentaje del total del coste del servicio sea para salarios.
Criterios subjetivos y objetivos
En la licitación se han establecido unos criterios de adjudicación subjetivos y otros objetivos. En los primeros se incluye desde un Plan de Recursos Humanos, otro de Formación o de Calidad, o de Mantenimiento de los vehículos, entre otros. "Y todos tienen que estar relacionados con la calidad de la prestación que reciban lo usuarios", dice Bancalero. El consejero ha explicado que quedan excluidas las ofertas que no obtengan al menos 21 puntos en el conjunto de estos criterios subjetivos, o que se queden a cero en tres de estos puntos.
Por otro lado, se establecen unos criterios objetivos, donde se incluye el precio ofertado, la antigüedad de los vehículos, la reducción del plazo de inicio de la prestación del servicio, las mejoras en los vehículos y, sobre todo, la mejora de las condiciones salariales del personal que presta el servicio. Respeto a este último punto, se valora de 0 a 10 puntos la mejora de las condiciones salariales del personal medido en porcentaje dedicado del importe de adjudicación. Las empresas que ofrezcan un porcentaje igual o superior al 15% obtendrán la máxima puntuación.
Garantía de cumplimiento
El pliego introduce además una obligación adicional para el contratista, encaminada a garantizar el respeto a las condiciones laborales de los trabajadores. "Con la presentación de sus ofertas, las empresas licitadoras adquirirán el compromiso de mantener o mejorar, durante la ejecución del contrato, las condiciones laborales de los trabajadores adscritos a la ejecución de aquel, especialmente las relativas al salario, la duración de la jornada, la conciliación de la vida personal y familiar y los permisos (...).
Asimismo, la empresa adjudicataria deberá garantizar la aplicación y mantenimiento estricto de las condiciones laborales que establezca el convenio colectivo de aplicación. Esta obligación subsistirá incluso si decae la vigencia del Convenio Colectivo de referencia".
El contratista deberá pagar a sus trabajadores el salario correspondiente, cuyo importe y modalidades será el establecido en el convenio colectivo de aplicación, así como mantener dichas condiciones mientras dure la ejecución del contrato y sus eventuales prórrogas.
Recurso desestimado
El anuncio de licitación y los pliegos fueron impugnados ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) por la Federación Nacional de Empresarios de Ambulancias y por la Asociación de Empresarios de Transporte Sanitario (AETRANS-SANIT).
Pero el TACPA desestimó el pasado 6 de noviembre los recursos al considerar que "el criterio de adjudicación relativo a la mejora salarial es conforme a derecho", y que el mismo "está vinculado al objeto del contrato, pues el factor humano interviene directamente en el proceso de prestación del servicio a contratar pues es imposible que haya transporte sanitario sin medios personales".
Ya se han presentado dos empresas al concurso de adjudicación, el plazo de duración del contrato será de 4 años (prorrogable otros dos), y la fecha prevista de inicio de la ejecución de la prestación del servicio sería en los primeros meses de 2025.
