El grupo de trabajo de Cooperación Territorial de Educación Inclusiva se reúne en Zaragoza
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La directora de Política Educativa, Ana Moracho, ha recibido a los participantes del encuentro, entre los que se encontraban dos miembros de la Agencia Europea para las Necesidades Especiales y la Educación Inclusiva
Este proyecto multipaís, junto con Portugal e Italia, tiene como objetivo principal combatir las disparidades en el acceso para la educación inclusiva
La sede del Departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón ha acogido hoy la reunión presencial del grupo de trabajo que forma parte del proyecto Technical Support Instrument (TSI) de Cooperación Territorial de Educación Inclusiva.
Han asistido a la misma la directora de la Comisión Europea Maria Kyriazopoulou y Eloy Rebollo, miembros de la Agencia Europea para las Necesidades Especiales y la Educación Inclusiva. La Agencia es una organización independiente, cuyo objetivo es mejorar las políticas y la práctica educativas para el alumnado con discapacidad y necesidades educativas especiales.
Forman parte de este grupo de trabajo representantes del Servicio de Equidad, Inclusión y Aprendizaje Permanente, junto con profesionales docentes -equipos directivos, profesorado, responsables de los equipos especializados de orientación Educativa, CAREI-, representantes de asociaciones de familias -FECAPAARAGON, FAPAR-, y representantes del movimiento asociativo CERMI.
La directora general de Planificación, Ordenación Académica y Educación Permanente del Ejecutivo autonómico, Ana Moracho, ha sido la encargada de recibir a los participantes en el encuentro, a los que ha agradecido su "esfuerzo y vocación por reforzar la inclusión en el sistema educativo y asegurar el derecho a la educación del alumnado en toda su diversidad".
Este proyecto multipaís junto con Portugal e Italia tiene como objetivo principal combatir las disparidades en el acceso para la educación inclusiva. La reunión inicial del proyecto tuvo lugar en Madrid el 4 de octubre de 2022.
Tiene una duración prevista de 24 meses y se desarrolla en 5 fases, que incluyen desde el análisis de las situaciones de partida en cada país, identificando fortalezas y retos, la participación de todos los agentes implicados, el apoyo a los procesos de seguimiento y evaluación, o aportaciones para la sostenibilidad de las propuestas.
Concluirá con un informe final con recomendaciones que incluirá uno específico para cada país, y uno conjunto para los tres países.
