Aragón declara la situación de emergencia administrativa para poder hacer frente a la crisis migratoria
Así se permite ampliar las plazas y reforzar los equipos profesionales para atender a los migrantes llegados a Aragón que se han declarado menores
Para evitar que la llegada de personas migrantes a Aragón derive en una saturación de los sistemas públicos, la Consejería de Bienestar Social y Familia ha solicitado en el Consejo de Gobierno la declaración administrativa de emergencia. Esta declaración permitirá atender con más recursos a las decenas de migrantes trasladados desde Canarias a la Comunidad que se encuentran en una grave situación de vulnerabilidad, sobre todo en el caso de los menores no acompañados.
El objetivo de este acuerdo del Consejo de Gobierno es poder dar cobertura de forma inmediata a esta situación excepcional a través de los mecanismos de contratación de emergencia establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público para agilizar los trámites administrativos en materia de contratación y, por otro lado, habilitar la partida presupuestaria con cargo a la sección 30 del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Esta decisión permitirá financiar la habilitación de nuevas plazas residenciales, reforzar con más celeridad los equipos de atención con técnicos especialistas de varios perfiles y contar con recursos adicionales para facilitar la determinación de la edad de varios de esos migrantes
Cronología de la emergencia migratoria
La Administración aragonesa ha tenido que ofrecer respuestas inmediatas ante las necesidades derivadas tras la situación de emergencia declarada por vía administrativa por la Secretaría de Estado de Migraciones el pasado 13 de octubre de 2023, motivada por la llegada de decenas de personas en un contexto de inmigración irregular a Canarias.
Este hecho ha conllevado que se activen los programas de ayuda humanitaria en Aragón, gestionados por entidades sociales, que se han encargado de la primera acogida tras el traslado a Aragón de migrantes. Una vez llegados a territorio aragonés, una parte de ellos se han declarado como menores ex novo tras su llegada.
Tal como marcan las leyes de protección a la infancia, se ha iniciado el procedimiento para declararlos menores migrantes no acompañados (MENAs). Este proceso implica al Cuerpo Nacional de Policía, que los inscribe en el correspondiente registro y los pone a disposición del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, como entidad pública competente en materia de protección a la infancia, que ha puesto la situación en conocimiento inmediato del Ministerio Fiscal, encargado de determinar su edad.
Desde el 7 de noviembre y hasta la fecha actual, 72 migrantes se han declarado menores no acompañados: 37 en la provincia de Huesca, 26 en la provincia de Teruel y 9 en la provincia de Zaragoza; de todos ellos, 21 menores ya han sido alojados en las plazas disponibles del sistema de protección y 51 siguen pendientes de realojar.
Desde el Instituto de Medicina Legal de Aragón y Ciencias Forenses de Aragón (IMLA) ya se han formalizado las fechas para las pruebas de determinación de edad, a lo largo del mes de noviembre, de 25 de estas personas que han sido reseñados como menores de edad.
El coste de la atención integral de los 72 menores reseñados hasta la fecha ascendería a un total 490.680 €, de acuerdo con el precio por plaza y día acordado con las CCAA, ajustado a los 47 días de atención, contados desde el 15 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2023.
El servicio de Infancia y Adolescencia del Instituto Aragonés de Servicios Sociales ha tenido que hacer una reestructuración del sistema de protección para atender de forma integral a estos menores, sin perder de vista al resto de los niños, niñas y adolescentes que ya se encuentran en los centros. Además se debe garantizar que haya disponibilidad de plazas a corto y medio plazo para atender otras situaciones de desprotección sobrevenidas en cualquiera de las tres provincias.
