El Gobierno de Aragón actualiza el modelo de detección y lucha contra el fraude en la gestión de los fondos MRR
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El plan de medidas que se aprobó en 2021 incorpora cambios normativos sustantivos emitidos por el Ministerio de Hacienda
Introduce un análisis sistemático y automatizado del riesgo del conflicto de intereses basándose en una herramienta informática de data mining
El Gobierno de Aragón ha actualizado el modelo de detección y lucha contra el fraude en la gestión de los fondos MRR, incorporando un análisis sistemático y automatizado del riesgo del conflicto de intereses basado en una herramienta informática de data mining, con sede en la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
El Gobierno de Aragón ya aprobó una declaración institucional en diciembre de 2021 en la que asumió su compromiso de lucha contra el fraude en el marco de la ejecución del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, que se financia con cargo a los fondos europeos de recuperación (MRR). Esta declaración institucional conllevó, tal y como mandató la UE, la obligación de contar con un Plan de Medidas Antifraude que garantizase que los recursos dispuestos para impulsar la recuperación se invertían de manera adecuada.
El vicepresidente del Gobierno y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, Arturo Aliaga, la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mayte Pérez, y el consejero de Hacienda y Administración Pública, Carlos Pérez Anadón, elevaron conjuntamente al Consejo de Gobierno esta declaración institucional de lucha contra el fraude y la corrupción que comprometió al Ejecutivo autonómico "a mantener un alto nivel de calidad ética y moral y al cumplimiento de las normas jurídicas y éticas, adhiriéndose a los principios de integridad, objetividad, rendición de cuentas y honradez, demostrando su oposición al fraude y a la corrupción en el ejercicio de sus funciones".
Planes vivos y flexibles
Hoy, los tres responsables institucionales hacen lo propio con la actualización del modelo, conscientes de que los planes antifraude se entendieron desde el principio como instrumentos de planificación vivos y flexibles, sobre los que cabía la posibilidad de asumir modificaciones y revisiones en relación con cada una de las actuaciones que se plantean en la lucha contra la corrupción, con el propósito de mejorarlas y conseguir un mayor grado de fiabilidad.
Las novedades que ahora se incorporan se hacen eco de las recomendaciones emitidas por la Secretaría General de Fondos Europeos y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude del Ministerio de Hacienda y Función Pública. De esta manera, se cumple con la obligación dictada por el Parlamento europeo y el Consejo de Europa de que cada Estado miembro tenga responsabilidad en la protección de los intereses financieros de la Unión Europea, con la obligación de tomar medidas oportunas para prevenir, detectar y corregir el conflicto de intereses como uno de los riesgos más importantes.
Regulación de todos los procedimientos
En este sentido, el análisis sistemático del riesgo regula todos los procedimientos de adjudicación de contratos y de concesión de subvenciones vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Con esta herramienta se ha de verificar la ausencia de conflicto de intereses entre los miembros de los órganos de contratación y de concesión de subvenciones y los participantes en los mencionados procesos en las diferentes fases. Además, se introducen cambios en la cumplimentación y verificación de las Declaraciones de Ausencia de Conflictos de Intereses.
Asimismo, se establece la posibilidad de solicitar informe al Comité Antifraude correspondiente en el plazo de dos días hábiles para que dictamine si procede a o no la abstención en un caso concreto.
De hecho, el Gobierno de Aragón ya creó una Unidad de impulso y apoyo a la gestión coordinada de los proyectos MRR, que integra algunas de las funciones de los comités antifraude. Ahora, dentro de esta unidad se debe configurar un comité que asuma las mencionadas funciones y emita los informes sobre posibles conflictos de intereses que sean solicitados por los órganos responsables en cada procedimiento, contando para ello con personal con conocimiento técnicos especializado.
Cuatro áreas clave
El Plan de Medidas Antifraude se estructuró en cuatro áreas clave: la prevención, detección, corrección y persecución de los comportamientos fraudulentos.
Las medidas de prevención tratan de fomentar a través de la normativa autonómica en vigor, y mediante la formación y concienciación de toda la organización, una cultura ética y códigos de buena conducta de los empleados públicos que disuadan al defraudador. Una acción que se apoya en la división de funciones de los procesos de gestión, control y pago y en los sistemas de control interno para evitar cualquier anomalía.
Las medidas de detección se centran en el uso de las bases de datos, en la definición de indicadores de fraude mediante test que establecen cuáles son las señales de alerta que deben llamar la atención de los gestores públicos ante cualquier comportamiento indebido. Finalmente, el plan organiza las medidas de corrección y de persecución del delito.
