El Gobierno de Aragón ha aprobado la adhesión al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) del que recibirá 1.500 millones
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El Gobierno de Aragón ha aprobado hoy en Consejo Extraordinario, la adhesión de la Comunidad Autónoma al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) del que recibirá 1.500 millones a lo largo del año para atender las necesidades de financiación de Aragón. De la misma manera el Gobierno de España ha tenido conocimiento del Plan de Ajuste que deberá aprobar el Ministerio de Hacienda y Función Pública y que constata la existencia de medidas de estabilidad y el cumplimiento de los objetivos de déficit y deuda individuales.
El Plan de Ajuste que se remite al Gobierno de España este ejercicio, al igual que ocurrió en 2021 y 2020, viene forzado por el incumplimiento de las reglas de estabilidad de 2019, que son las que se toman como referencia, ya que desde ese momento, la Covid primero, y la guerra de Ucrania después, las han mantenido en suspenso. Esta realidad nos impide acceder a los beneficios fiscales que hemos alcanzado estos tres años de la legislatura en los que se han cerrado las cuentas anuales con superávit, (2020) o con equilibrio financiero (2021). La cuenta definitiva de 2022 se encuentra en plena elaboración, aunque todo apunta a que el cierre del año se producirá en torno a la tasa de referencia.
El Fondo de Liquidez Autonómica es una línea de crédito que forma parte del Fondo de Financiación de las comunidades autónomas. Este mecanismo que puso en marcha el Gobierno de España en 2012, durante la anterior crisis económica, está concebido para que el Estado preste dinero a las comunidades a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que ofrece condiciones favorables, evitando así la financiación de las regiones en los mercados.
El ICO, organismo financiador
De esta manera, con la adhesión al FLA, el ICO será el organismo financiador de las necesidades de Aragón en 2023. Así, de los 1.500 millones de euros que se solicitan, 1.334 millones de euros se destinarán al vencimiento por amortizaciones y 35 millones de euros tendrán por objeto la devolución de las liquidaciones negativas de la financiación autonómica de 2008 y 2009, ya que, en la anterior crisis, el Gobierno de España que presidía Rajoy, sí cargó a las comunidades autónomas el esfuerzo anticíclico. Asimismo, el ICO asumirá también el importe del déficit para 2023, establecido en el 0.3% del PIB, que supone unos 131 millones de euros.
El Gobierno de Aragón, pese a la suspensión de las reglas fiscales, ha trabajado durante toda la legislatura con el objetivo de alcanzar la sostenibilidad de la Administración Pública y ha puesto en marcha diferentes medidas, como la Nueva Cultura del Gasto, o la inclusión de responsabilidades en materia de gestión económica- presupuestaria en los casos en los que se adquiera compromiso de gasto sin crédito suficiente, que han sido determinantes para la aprobación de los correspondientes Planes de Ajuste.
Sostenibilidad de la Administración
El nuevo plan que se ha remitido al Ministerio de Hacienda y Función Pública refleja una serie de compromisos que se han ido recogiendo a lo largo de los años y que responden a reformas estructurales que se deben traducir a lo largo del tiempo en ahorros en la gestión, un mayor control de las cuentas públicas y en la realización de los cambios normativos necesarios para favorecer la implantación de empresas en la comunidad, que pasa por ser un objetivo primordial de la política del cuatripartito para lograr la recuperación de la economía aragonesa, plantear el futuro con confianza y generar mayores niveles de empleo y de riqueza en la sociedad.
Destaca el proceso de simplificación administrativa en el que Aragón está inmerso con la aprobación de la nueva ley, o la norma de apoyo y fomento del emprendimiento del trabajo autónomo o el anteproyecto de la ley de economía social, entre otras medidas.
De esta manera el Plan de Ajuste renueva el compromiso de Aragón con la sostenibilidad de las cuentas públicas en el que también tiene su protagonismo el esfuerzo por dar forma a procesos de racionalización en la contratación, ya que logran mejores ofertas de bienes y servicios para la comunidad.
