Andalucía actualiza su Ley de Patrimonio tras cuatro décadas para ganar en eficacia

La Junta de Andalucía encara la recta final del anteproyecto de Ley de Patrimonio de Andalucía con el objetivo de que pueda ser aprobada esta legislatura, actualizando y modernizando así el régimen jurídico del patrimonio de la comunidad después de cuatro décadas. La nueva ley nace con la intención de avanzar en la puesta en uso y valor de los distintos bienes y derechos del patrimonio de la comunidad, e incorpora instrumentos jurídicos más modernos para facilitar una gestión eficaz y más eficiente.

El Consejo de Gobierno, a instancias de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos ha remitido ya el texto al Consejo Consultivo para su dictamen, tras lo cual el documento será elevado de nuevo al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva, por lo que la previsión es que la tramitación parlamentaria pueda comenzar en el próximo periodo de sesiones.

Para la responsable andaluza de Economía, Carolina España, "esta reforma representa un avance decisivo en la gestión eficaz y responsable del patrimonio autonómico, uno de los más extensos del país", y ha puesto el acento en la necesidad de adaptar al contexto jurídico y administrativo actual una legislación vigente que se remonta a 1986. "Había una necesidad histórica de ordenación y modernización de la gestión del patrimonio andaluz porque la actual no daba respuesta a las necesidades actuales de los andaluces ni al aprovechamiento óptimo de los bienes públicos de la administración".

Según ha detallado, el anteproyecto establece una definición más amplia del Patrimonio de la Comunidad Autónoma, al incluir tanto los bienes como los derechos de titularidad de la Administración de la Junta y de sus agencias, cualquiera que sea su forma de adquisición. Y por primera vez, Andalucía contará con un régimen sancionador específico para proteger su patrimonio autonómico, con el fin de prevenir atentados contra el mismo y establecer responsabilidades claras.

La nueva normativa introducirá mecanismos más ágiles y efectivos para su gestión, al tiempo que elimina cargas administrativas innecesarias y promueve la coordinación entre administraciones. Al mismo tiempo, se potenciará la eficacia y eficiencia en la gestión especialmente en el ámbito de los edificios administrativos de la Junta, eliminando gasto superfluo e innecesario, y en el del parque móvil de la comunidad.

Además, la incorporación de herramientas digitales y la simplificación de determinados procedimientos contribuirá a maximizar los recursos públicos y privados disponibles, al eliminar duplicidades y asegurar una gestión más ágil y coordinada en beneficio de los ciudadanos, frente a los procedimientos desfasados existentes en la actualidad que dificultaban notablemente la utilización de los bienes para fines públicos.

Plataforma para mayor transparencia

Uno de los pilares del nuevo marco normativo es el refuerzo de la transparencia. En este sentido, se crea la Plataforma de Publicidad Patrimonial de la Junta de Andalucía, un portal digital único que centralizará toda la información relativa a las operaciones y negocios jurídicos patrimoniales, facilitando de esta forma el acceso ciudadano a la misma y garantizando por tanto la rendición de cuentas.

Entre las principales novedades también destaca la introducción de los proyectos públicos de aprovechamiento y explotación, a través de los cuales las propias entidades locales podrán proponer a la Junta de Andalucía la activación de bienes en desuso ubicados en sus municipios, lo que contribuirá al desarrollo local y a la recuperación de espacios públicos.

Además, se incorpora la figura de la consulta de interés de mercado, que permitirá recabar información directa del tejido empresarial y la sociedad civil para orientar mejor los procedimientos de adjudicación o diseñar nuevos usos para el patrimonio autonómico.

En consonancia con los principios de sostenibilidad y economía circular, la nueva ley será pionera en aplicar criterios medioambientales en la gestión patrimonial, con iniciativas como la bolsa de segunda oportunidad, que fomenta la reutilización interna de bienes públicos obsoletos, o su cesión con fines sociales, educativos o medioambientales.