Autorizado el recurso al Tribunal Constitucional contra el Real Decreto Ley de reparto de menores migrantes

El Consejo de Gobierno ha acordado autorizar al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía para la interposición de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.

El objetivo de Andalucía es garantizar una atención digna y de calidad a los menores, tanto a los que se van a trasladar como a los que ya forman parte del sistema de protección andaluz y evitar que se vean afectados por decisiones impuestas que no van acompañadas de recursos.

La norma estatal modifica la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España e introduce una nueva regulación de la situación de los menores extranjeros no acompañados, su posible traslado entre las comunidades autónomas y los mecanismos de actuación ante situaciones migratorias excepcionales.

El Gobierno andaluz pone en tela de juicio la situación de "extraordinaria y urgente necesidad" que justifica la aprobación de este RDL. Así, asevera que, si bien la crisis migratoria ha estado presente durante más de un año, ya existen mecanismos legales previos, como el Modelo de Gestión de Contingencias Migratorias para la Infancia y Adolescencia no acompañada aprobado en 2022, por lo que entiende que no se justifica adecuadamente la urgencia de modificar la Ley Orgánica 4/2000.

La Junta de Andalucía considera también que el texto aprobado extralimita las competencias estatales e invade las competencias exclusivas de la comunidad autónoma en materia de protección de menores y vulnera los principios de autonomía y solidaridad entre las regiones al imponer criterios de reparto no equitativos.

Por otro lado, el Gobierno andaluz cuestiona la suficiencia financiera del mecanismo propuesto para compensar a las comunidades autónomas por los costes de la sobreocupación por menores extranjeros no acompañados, al establecer la creación del fondo, pero no su regulación, provocando una situación de inseguridad jurídica contraria a lo establecido por la Constitución Española.

Con la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional, la Junta de Andalucía defiende su autonomía competencial y demanda un trato equitativo para todas las comunidades que conforman el Estado español. Además, el Consejo de Gobierno pone el foco en la necesidad de preservar la dignidad de los menores y garantizar sus derechos, por lo que muestra su profundo rechazo a que se les trate como mercancía al servicio del interés político.

Por último, la Junta de Andalucía insiste en que la política migratoria, en especial la relacionada con menores migrantes no acompañados, debe ser consensuada entre todas las comunidades y contar con financiación suficiente para evitar el colapso de los recursos de protección para el amparo de los menores, que, en el caso concreto de Andalucía, ya opera al límite de su capacidad.