Andalucía niega que la reforma de la Justicia no tenga coste y afea al Estado la falta de recursos

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha lamentado que el Ministerio de Justicia rechace abordar la financiación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia en la Conferencia Sectorial, convocada en Barcelona, como pedían varias comunidades autónomas. "Nos dice que no tiene ningún coste y que va a generar ahorro", ha señalado Nieto, si bien la Junta calcula que solo la primera fase de la norma, que en Andalucía exige transformar 70 de los 85 partidos judiciales antes del 1 de julio, supondrá 60 millones de euros entre las nuevas plazas de funcionarios que se crearán, la reordenación de las plantillas para adaptarse a los tribunales de instancia o las obras en las sedes para reestructurar los espacios.

Nieto ha lamentado que ante la falta de acuerdo para que el orden del día incluyera, entre otros puntos para ser sometidos a votación, la aprobación de financiación de la ley, varios consejeros autonómicos han rechazado participar en la reunión y ha insistido en solicitar al Gobierno que recapacite. "Nos dice que no tiene ningún costo y va a generar ahorro, si eso es así ¿qué miedo tiene a asumirla el Ministerio y entonces no tendrá ningún inconveniente de las comunidades autónomas?", ha incidido.

En este sentido, ha afeado que se hable de la entrega a las comunidades de 325 millones cuando estos fondos, aprobados en 2021, vinieron de la Unión Europea y "llegaron a todos los ministerios y se distribuyeron por obligación a las comunidades autónomas". Nieto ha recordado que estos fondos se están utilizando para proyectos de digitalización de la Justicia que "no tienen nada que ver con la Ley de Eficiencia", como la implantación del sistema Dicireg en los Registros Civiles.

"Nos estamos jugando el funcionamiento y la calidad del servicio público de Justicia en un momento en el que está acosado y en situación límite", ha señalado Nieto, por lo que ha deseado que "ojalá esta misma tarde pudiésemos reunirnos con una mínima garantía y menos desconfianza de la que hemos percibido desde el Ministerio para trabajar juntos, que es lo que queremos, pero en una relación de igualdad y de cogobernanza".

El sistema de Justicia andaluz tiene un volumen casi equivalente al de las comunidades que no tienen las competencias transferidas, el llamado territorio Ministerio. Cuenta con 85 partidos judiciales, 744 órganos unipersonales que se aglutinarán en tribunales de instancia, 700 juzgados de paz que se transformarán en Oficinas Municipales de Justicia, casi 10.000 funcionarios, 550 fiscales y unos 700 LAJ.

La Ley de Eficiencia obliga a adaptar 70 de los 85 partidos judiciales antes del 1 de julio, otros tres el 1 de octubre y los 12 con más órganos (los de las ocho capitales y grandes ciudades) a 31 de diciembre. Además, el 3 de abril entró en vigor la obligación de intentar resolver conflictos civiles y mercantiles antes de presentar una demanda, lo que obligará a cubrir los gastos que generen estos trámites a los abogados de oficio. Andalucía es la única comunidad que abona estos costes desde el 1 de enero de 2024, con 400 euros por asunto, pero solo cuando se llegue a un acuerdo, ya que hasta ahora la mediación era voluntaria. Ahora, dada la obligatoriedad de intentar previamente la mediación, la Junta también tendrá que asumir los costes en caso de no lograrse cerrar un acuerdo, cuando este se lleve a cabo por un letrado del turno de oficio.

Un requisito de procedibilidad que los andaluces pueden tramitar a través de los Puntos de Información a la Mediación en Andalucía (PIMA), que existen desde 2021, mientras se ultima la puesta en marcha del Servicio de Mediación Civil y Mercantil (SEMCA) de carácter público. Ya el año pasado se puso en marcha el Servicio de Mediación Penal (SEMPA) para fomentar esta vía alternativa de solución de controversias.

Asimismo, la Junta ha puesto en marcha un Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030 que movilizará 1.500 millones de euros para actual en las sedes del 100% de los partidos judiciales, con la construcción de nuevos edificios y la ampliación o reformas de los existentes, adaptando todos a la reordenación de espacios que supone la transformación del sistema de Justicia prevista en la Ley de Eficiencia.

En cuanto a la reestructuración de las plantillas de funcionarios conforme al nuevo modelo de Oficial Judicial, en la primera fase de implantación de la ley se crearán 80 plazas más de funcionarios que, junto a los complementos salariales que conllevarán nuevos puestos que asumen nuevas funciones, supone un coste anual de 3,5 millones.

Todo ello implica un esfuerzo en términos presupuestarios que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno está asumiendo en solitario para aplicar la reforma prevista en la norma estatal, publicada en enero con los presupuestos autonómicos ya aprobados, en el calendario fijado por el Ministerio con plazos muy ajustados.