La Junta muestra su inquietud ante las nuevas competencias, sin refuerzos, de los juzgados de violencia de género
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El consejero de Justicia denuncia en el Pleno del Parlamento andaluz que el Estado niegue más jueces a Andalucía mientras envía 60 a Cataluña
El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha expresado en el Pleno del Parlamento la preocupación del Gobierno andaluz por la "sobrecarga" que va a suponer para los juzgados de Violencia sobre la Mujer asumir las competencias sobre los delitos sexuales, sin que el Estado proporcione recursos para reforzar estos órganos. "Los jueces de Violencia de Género están alertando de esta sobrecarga y nos preocupa porque no queremos que se reduzca ni un ápice la atención a las víctimas", ha señalado.
El consejero ha lamentado en el Parlamento que desde el Gobierno central no se proporcionen los medios necesarios para que estos juzgados puedan hacer frente a estas nuevas competencias, recogidas en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia publicada el pasado mes de enero. Para para poder afrontar esta situación, ha indicado Nieto, "necesitamos que el Gobierno haga justicia; lo que no necesitamos es que haga injusticias como la cometida en la comisión bilateral con Cataluña, en la que se acuerda la aportación de 60 nuevos jueces, sacrificando los comprometidos para Andalucía, solicitados en su día", que supondrían casi 80 plazas más en nuestra comunidad, entre jueces y magistrados.
En este sentido, José Antonio Nieto ha recordado que la Consejería de Justicia consensuó con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) una lista de necesidades urgentes de nuevas unidades judiciales en la comunidad para este año, cifradas en 56 nuevos juzgados y 15 plazas de magistrados. El Ministerio de Justicia rehusó su creación, alegando limitaciones presupuestarias y la puesta en marcha de la Ley de Eficiencia, que, además de dotar de más competencias a los juzgados de Violencia sobre la Mujer, transformará los juzgados unipersonales en tribunales de instancia, es decir, en órganos colegiados.
Se trata, por tanto, de una reforma de calado que no cuenta, según el consejero, con recursos económicos por parte del Estado para ayudar a las comunidades a desplegar las competencias transferidas, ni un calendario de aplicación muy exigente, ya que no ha sido consensuado con éstas. De hecho, en Andalucía, 70 de los 85 partidos judiciales deberán estar adaptados a la nueva norma el 1 de julio, lo que conlleva la reordenación de espacios físicos en las sedes judiciales y de las plantillas: el próximo 31 de octubre se adaptarán otros tres partidos judiciales y antes del 31 de diciembre, los 12 más grandes, entre ellos, los de las ocho capitales de provincia.
