La Junta reitera en el CPFF las inequidades en financiación que perjudican a Andalucía

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del informe respecto al desarrollo de la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos reitera la prioridad de una reforma del sistema de financiación autonómica y demanda al Gobierno de España que asuma la responsabilidad que le corresponde y plantee una propuesta de reforma integral del modelo.

En este último encuentro entre los responsables de las haciendas públicas autonómicas, celebrado el 26 de febrero de 2025, los representantes autonómicos pudieron conocer el informe del Ministerio de Hacienda sobre la evolución de la estabilidad presupuestaria, deuda pública y gasto computable de las comunidades autónomas en 2023, conforme al informe publicado en aplicación del apartado 4 del artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Andalucía y otras once comunidades expresaron su disconformidad en el fondo y la forma con la propuesta del CPFF para abordar los asuntos relacionados con el acuerdo sobre la distribución de la recaudación obtenida por el Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras (Impuesto a la Banca) y el referido a los criterios de distribución del importe destinado a la asunción por el Estado de parte de la deuda de las comunidades autónomas de régimen común (condonación de la deuda). Ambos requerían el voto de las comunidades para ser refrendados.

Respecto al acuerdo sobre el Impuesto a la Banca, el Gobierno de España detalló que la recaudación obtenida se distribuirá a las comunidades autónomas de régimen común en función de su PIB, al tiempo que se entrega a los representantes autonómicos una propuesta de acuerdo del CPFF para proceder a hacerles llegar la recaudación obtenida. El informe de la Consejería de Economía y Hacienda recoge que, en la ley de creación de dicho impuesto, no se menciona en ningún momento que sea necesario un acuerdo del CPFF para distribuir la recaudación, ni que éste pueda alterar los criterios de reparto. En este sentido, la Junta de Andalucía justifica su posicionamiento respecto a que no se comprende la necesidad de que se requiera un acuerdo del CPFF para refrendar una disposición legal ya aprobada en las Cortes Generales y publicada en el Boletín Oficial del Estado en la que se detallan criterios y procedimientos de reparto.

Asimismo, el informe expresa el parecer de la Junta de Andalucía acerca de que el reparto por PIB es profundamente lesivo para Andalucía y no representa cuáles son los puntos de conexión más razonables del impuesto, vinculados a los intereses hipotecarios y las comisiones de las cuentas bancarias, pero no al PIB directamente.

Para ello, detalla que, conforme los datos del INE, en diciembre de 2024 el número de hipotecas en Andalucía representaron el 19% del total, mientras que el importe concedido supuso el 17,5%, una tasa muy por encima del PIB regional y cercano al peso poblacional (18%). Además, el informe constata que la utilización del criterio del PIB, respecto del de población supondría una pérdida de 228 millones de euros a lo largo de los tres años de vigencia del impuesto, equivalente a una décima de PIB regional.

Respecto al segundo de los acuerdos, el referente a la condonación de la deuda, la Consejería de Economía y Hacienda detalla que, en unión otros once de consejeros y consejeras de comunidades autónomas, así como de las dos ciudades autónomas, dejaron patente que no resulta admisible el uso del CPFF para refrendar acuerdos políticos que busquen sostener la estrategia parlamentaria del Gobierno de España, sin tener en cuenta los intereses de las propias comunidades.

Fondo Transitorio

Al hilo de esto, los consejeros de dichas comunidades decidieron abandonar la sesión plenaria del CPFF y remitir una carta, para que quedase constancia en acta de su posicionamiento, que justificaron por su oposición a que la mutualización de la deuda se aborde en el CPFF y a que se retrasase de nuevo la reforma del sistema de financiación. Una reforma, detalla la carta, dentro de la que debe consignarse un compromiso del Gobierno de España de ampliar el montante total del Sistema de Financiación Autonómica (SFA) y a implantar, mientras se produce esa renovación, de un Fondo Transitorio para paliar la infrafinanciación que padecen las comunidades y ciudades autónomas. Además, en la misiva se pone de manifiesto la necesidad de mejorar la cogobernanza de los Fondos Next-Generation y de blindar el respeto a la autonomía fiscal de las comunidades.

Adicionalmente, las doce comunidades y las dos ciudades autónomas solicitan la actualización de las entregas a cuenta del 2025 y la continuación del mecanismo Extra-FLA, así como la absorción por parte del Estado de la deuda generada por los gastos extraordinarios asumidos por la Comunidad Valenciana a consecuencia de la DANA.

El informe recoge cómo, a pesar de la ausencia de estas comunidades, se produce una votación de ambos acuerdos, aprobándose ambos. Y concluye con el posicionamiento de la Junta de Andalucía por el que se considera que la prioridad debe ser la reforma del sistema de financiación. Al mismo tiempo se demanda al Gobierno de España que asuma la responsabilidad que le corresponde y plantee una propuesta de reforma integral del modelo, teniendo en cuenta el desequilibrio vertical que se ha generado entre la evolución de los recursos del Estado y los de las comunidades autónomas, y también las graves inequidades que perjudican especialmente a Andalucía.

Además, se expresa el desacuerdo sobre la asunción parcial de la deuda autonómica por parte del Estado y sobre la metodología empleada, así como que los intereses no formen parte de la operación. En este sentido, la Consejería de Economía y Hacienda recoge que, en un documento posterior a la sesión del CPFF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que también estuvo presente en el pleno del CPFF, ha expresado sus dudas y cautelas sobre el objetivo y el procedimiento de condonación de deuda planteada por el Gobierno de España.