El Gobierno andaluz paraliza la construcción ilegal en 21 parcelas en suelo rústico e inundable de Jerez

La Junta de Andalucía ha paralizado la construcción ilegal en 21 parcelas sobre un suelo rústico preservado con valores paisajísticos y en zona inundable en Lomopardo, en Jerez de la Frontera (Cádiz). El equipo de Inspección de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Agenda Urbana de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, junto a la Guardia Civil y la Policía Autonómica, ha detenido esta parcelación y ha procedido al precinto de las parcelas.

La Inspección Urbanística ha actuado sobre una superficie de 57.207 metros cuadrados, donde se llevó a cabo, sin ningún tipo de licencia ni control administrativo, la división física de varias parcelaciones en 21 lotes. Los infractores ya habían ejecutado diversas obras como cerramientos perimetrales y puertas de accesos, varias edificaciones y alguna construcción auxiliar, así como la disposición de contenedores. Las actuaciones están prohibidas por la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), que las tipifica como infracción muy grave contra la ordenación del territorio.

Las actuaciones fueron denunciadas a la Guardia Civil, que realizó una importante labor de investigación en coordinación con la Inspección autonómica de la Junta de Andalucía para garantizar el buen fin de los procedimientos de restablecimiento de la legalidad.

Con el precinto de estas parcelas se persigue paralizar el rápido proceso urbanizador ilegal en la zona de Lomopardo. Además de estar sobre suelo rústico, estas parcelas invadían la Zona de Policía del cauce del Arroyo Salado y, en concreto, algunas de ellas se encuentran en zona inundable.

Este asentamiento ilegal también se encuentra en suelo preservado por sus valores paisajísticos, en un ámbito próximo a la Autovía de Andalucía A-4, en el entorno de La Cartuja. El ámbito afectado incluye un conjunto de espacios forestales o cercanos al río y a zonas con valores naturales. Esta protección abarca ámbitos diversos como los espacios marismeños de Jerez de la Frontera, las Sierras de Gibalbín o San Cristóbal, los resaltes topográficos sobre las vegas del Guadalete o los elementos más destacados de las Campiñas Ganaderas.

En la intervención se ha citado a una treintena de propietarios identificados por la Junta de Andalucía y la Guardia Civil para asegurar la proporcionalidad de las medidas. La operación ha contado con la inspección de la Consejería de Fomento, en coordinación con la Guardia Civil y la Policía Autonómica, responsables de la protección del dominio público hidráulico y técnicos de Endesa y Consorcio de Aguas de la zona gaditana. De igual manera, se ha contado con el apoyo de la Policía Nacional encargada de la Seguridad Ciudadana en Jerez de la Frontera.

Los hechos denunciados pueden ser constitutivos de delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo, por lo que se ha procedido a dar cumplido traslado a la Fiscalía especializada en delitos sobre el Medio Ambiente y el Urbanismo.

Esta intervención se ha llegado a cabo al amparo del marco normativo que la Junta de Andalucía ha generado con la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (LISTA) y su reglamento, que ha supuesto un refuerzo de la inspección autonómica, que ahora sí puede ejercer competencias directas frente a infracciones de carácter territorial en suelo rústico. Este cambio le permite actuar de manera preventiva y aumentar el número de actuaciones para preservar el territorio.

De hecho, el balance de actuaciones de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en materia de inspección urbanística y ordenación del territorio cerró con un récord de 2.149 actuaciones en 2024. En estas cifras, destacan los cerca de 500 precintos y, sobre todo, el número de parcelas y edificaciones expedientadas por construir ilegalmente, que se ha multiplicado por 14 con respecto a 2018.