Crecen un 58% las resoluciones emitidas por los centros de valoración de la discapacidad

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha destacado en el Parlamento los resultados de la reforma estructural emprendida en los centros de valoración y orientación de personas con discapacidad (CVO) en Andalucía para mejorar la atención y servicio a los ciudadanos. En el ejercicio 2024 han crecido las resoluciones emitidas un 58 por ciento, al alcanzar 104.690 solicitudes más que en 2023. Por otro lado, ha asegurado que el anteproyecto para reformar la Ley de Dependencia que propone el Gobierno central, -que este mismo martes se ha aprobado por el Consejo de Ministros-, será "papel mojado" si sigue sin dotar a las comunidades autónomas de la financiación que les corresponde.

En la comisión parlamentaria dedicada al ámbito de la discapacidad, la consejera ha realizado un balance sobre las actuaciones realizadas en este ámbito y ha subrayado los resultados que se están produciendo fruto de esta reforma. Las resoluciones de grado (reconocimiento, revisiones de oficio y a instancias de parte) se han duplicado respecto a 2023, alcanzando las 72.880. Se trata de unas cifras que evidencian los resultados de la batería de medidas emprendidas y que suponen también un crecimiento respecto a los datos de 2018.

Una tendencia al alza que también se pone de relieve en las tarjetas acreditativas con 15.463 tarjetas más, que suman un total de 44.351. Y, en cuanto a las tarjetas de aparcamiento, se han emitido más de 24.000 y el tiempo de emisión, salvo en las provincias de Almería y Granada, se cumple, incluso por debajo del marcado por ley, de manera que en un mes se expiden las tarjetas (estando el plazo fijado en tres).

En cuanto a las resoluciones de pensiones no contributivas, la consejera ha señalado que han sido más de 4.800, lo que supone 1.790 más que en el año anterior. También han crecido los certificados de aptitud laboral ya que se han expedido 1.874, 493 más que en el anterior ejercicio.  Así, pese a este balance, se ha mostrado consciente de la demora existente en los CVO, y ha incidido en el afán de su departamento para mejorar la atención que se presta a las personas con discapacidad y, especialmente, a los menores de edad.

Los menores, prioridad

En este punto, López ha destacado que el tiempo medio de demora para la valoración de este colectivo se ha reducido en un 14,7 por ciento, siendo la cifra de hasta un 44,7 por ciento en Sevilla, --provincia donde comenzaron a desplegarse los cambios acometidos con esta reforma estructural y donde se ha pasado de 15 meses de espera a dos--. Ante esto, la titular de Inclusión ha incidido en que, para los menores de seis años, el promedio se ha reducido un 11,7 por ciento en Andalucía. No obstante, en Sevilla se eleva hasta el 47 por ciento, mostrando de nuevo la eficacia de los cambios.

López ha defendido la reforma estructural emprendida por su consejería para los Centros de Valoración y Orientación de la Discapacidad (CVO), la cual pivota sobre más recursos personales, mejoras procedimentales y tecnológicas.  La consejera, que ha reconocido que "aún queda mucho por mejorar", ha sostenido que hay que seguir en esta senda para fortalecer el sistema y que sea sostenible y eficaz.

Dependencia

Por otra parte, la consejera ha hecho alusión a las cifras récord que se han registrado en el sistema de dependencia. Andalucía ha superado las 296.600 personas atendidas y las más de 442.200 prestaciones. Además, ha enumerado algunas de las acciones puestas en marcha por el Gobierno andaluz como la creación de 4.553 plazas residenciales desde 2019 frente a las 283 de la última legislatura socialista. En esta línea, ha destacado la línea de subvenciones de 134 millones para la construcción y reforma de centros de día y residencias para personas mayores y con discapacidad. De estos 134 millones, 33 son específicos para centros para personas con discapacidad.

También ha remarcado la subida del precio/hora de la ayuda a domicilio y del precio/plaza tras años congelados durante anteriores gobiernos socialistas y ha subrayado, por ejemplo, el alza del 24,1 por ciento de media para el precio/plaza para las personas con discapacidad. Y todo esto, como ha continuado, se afronta con una "infrafinanciación" sistemática por parte del Gobierno central, que adeuda desde 2019 al sistema de dependencia andaluz 4.000 millones de euros.

Infrafinanciación

López ha recordado que la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado ha supuesto en 2024 unos 200 millones de euros menos para las personas en situación de dependencia en Andalucía y se ha preguntado si habrá o no PGE en 2025 y el impacto que tendrá en la financiación para la dependencia.

Por ello, se ha mostrado convencida de que el anteproyecto para reformar la Ley de Dependencia que propone el Gobierno central, -que este mismo martes se ha aprobado por el Consejo de Ministros-, será "papel mojado" si el Gobierno central sigue sin dotar a las comunidades autónomas de la financiación que les corresponde.

La consejera ha coincidido en su planteamiento con lo manifestado esta semana por la propia Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, que ha criticado al Gobierno por proponer una reforma de la ley sin recursos para su efectividad. Así, como ha vaticinado López, "se generan frustraciones" en vez de garantizar los derechos de los ciudadanos más vulnerables, como son las personas en situación de dependencia.