Andalucía aspira a liderar la mediación con medidas pioneras para impulsar esta alternativa al pleito

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha incidido en que "Andalucía quiere liderar la mediación" y ha instado a los jueces y al resto de operadores jurídicos a vencer la "resistencia al cambio" y confiar en esta vía alternativa de resolución de conflictos incluida en la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia y que "nosotros ya llevamos tiempo ensayando, y está dando resultados".

Nieto ha inaugurado en la Ciudad de la Justicia de Córdoba las III Jornadas 'Mediación y Justicia Restaurativa: Humanizando la Justicia', organizadas para celebrar el Día Europeo de la Mediación, una vía que, "a nivel europeo tiene una larga tradición, y a la que España se ha incorporado mucho más tarde, pero ya hay ejemplos prácticos de las bondades de este sistema".

En Andalucía, la Junta dio los primeros pasos en la pasada legislatura con la creación de los Puntos de Información a la Mediación en Andalucía (PIMA), ubicados en las principales sedes judiciales de las capitales y grandes ciudades como Algeciras y Marbella, para dar a conocer esta fórmula y orientar a quienes se plantean intentar un acuerdo, aunque es en el actual mandato cuando se han puesto en marcha importantes medidas pioneras en el marco de una Estrategia de Mediación diseñada por la Consejería de Justicia como uno de los ejes prioritarios del Plan Estratégico de Justicia.

El consejero ha destacado que Andalucía ha sido la primera comunidad en incluir la mediación en el sistema de Justicia Gratuita. Desde el 1 de enero de 2024 los andaluces que cumplen los requisitos para solicitar la asistencia jurídica de un abogado de oficio pueden pedirlo para procesos de mediación. Entre enero y septiembre, los profesionales del sistema de Justicia Gratuita han certificado a la Consejería 127 acuerdos cerrados. Por cada acuerdo perciben hasta 400 euros, el módulo máximo previsto en la orden que regula las retribuciones económicas del turno de oficio.

Otra de las medidas puestas en marcha el año pasado es la creación del Servicio de Mediación Penal en Andalucía (SEMPA), público y gratuito, que comenzó a funcionar en mayo en cinco provincias, y desde septiembre en el resto. En este periodo, los juzgados penales han derivado casi 1.600 asuntos, la mayoría por delitos leves de lesiones, amenazas y hurtos. El 87% de los casos ya tramitados en los que las partes aceptaron iniciar la mediación se resolvió con un acuerdo, lo que ha evitado casi 600 juicios.

Acuerdos en un mes frente a dos años de juicio

"Son datos absolutamente reveladores, ya que un asunto que en un juzgado tarda año y medio o dos años para resolverse, se soluciona en menos de 30 días a través de un acuerdo entre las partes que ya es ejecutivo, cuando en un juzgado luego hay que esperar a la ejecución de la sentencia", ha defendido Nieto.

No obstante, el consejero ha explicado que el funcionamiento del SEMPA es desigual en cada provincia, puesto que requiere la implicación de los jueces para derivar asuntos. Así, Almería y Granada son las provincias en las que más acuerdos se han cerrado, mientras que en Córdoba, donde comenzó a funcionar en septiembre, se han derivado 84 casos, la mayoría procedentes de juzgados de Lucena y Posadas, y se han cerrado nueve acuerdos hasta ahora.

"En Justicia hay una resistencia al cambio muy importante que tenemos que ir venciendo, este camino es irreversible y cada año los datos serán mejores", ha confiado. Prueba de ello es que "la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia incorpora la mediación como una alternativa al mismo nivel que las resoluciones judiciales", al establecer la obligación de intentar llegar a un acuerdo antes de iniciar un procedimiento civil o mercantil. Por ello, durante este año la Consejería prevé crear un servicio de mediación en este ámbito, si bien desde hace unos meses está difundiendo esta fórmula en el ámbito empresarial mediante foros organizados con el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio.

También en la Jurisdicción Social, una de las más colapsadas, se ha puesto en marcha un convenio pionero con el Consejo Andaluz de Colegios de Graduados Sociales para que estos profesionales especializados en derecho laboral actúen como mediadores en conflictos judicializados. Se trata de dar una segunda oportunidad a aquellos casos de despidos, reclamaciones de cantidad u otras controversias entre trabajadores y empresas en los que la mediación prejudicial no ha tenido éxito.

Tras la firma del convenio el pasado diciembre, los colegios provinciales crearán bolsas de profesionales voluntarios y los juzgados podrán derivar, a través de los PIMA, casos que consideren mediables a los graduados sociales de esas bolsas para que intenten que las partes lleguen a un acuerdo.

José Antonio Nieto ha incidido en la firme apuesta del Gobierno andaluz por la cultura del diálogo y el acuerdo, a través de la mediación, frente al exceso de litigiosidad desde la convicción de que es una vía que ahorra tiempo y costes, resulta más satisfactoria para las partes que la resolución impuesta por un tercero, el juez, y puede contribuir a reducir la sobrecarga de los tribunales andaluces.

De hecho, con las medidas puestas en marcha, Andalucía ha pasado de ser la segunda comunidad con la tasa de litigiosidad más alta del país al acabar 2023, a ser la quinta en septiembre de 2024, último dato publicado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Para promover ese cambio cultural y dar a conocer servicios como los PIMA o el SEMPA, la Junta ha diseñado la campaña 'Mediar es avanzar' y se han instalado mesas informativas en las principales sedes judiciales, además de organizar jornadas para profesionales como las de Córdoba.