La Junta ratifica su oposición a que se privilegie a Cataluña con una financiación a su medida

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del informe de conclusiones de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado sobre el acuerdo del PSOE y ERC sobre la financiación singular de Cataluña y cómo puede afectar al conjunto de las comunidades de régimen común.

Las posiciones mayoritarias de los doce expertos convocados por el Senado a propuesta de los diferentes grupos políticos coinciden en gran medida con la posición del Gobierno andaluz respecto a la financiación privilegiada para Cataluña. Entre otras cuestiones, los expertos consultados señalan la falta de encaje del pacto PSOE-ERC en el marco constitucional, la necesidad de abordar cualquier aspecto relacionado con la financiación del conjunto de las comunidades autónomas desde la multilateralidad y no a través de negociaciones bilaterales, o el debilitamiento del principio de solidaridad, un pilar fundamental del sistema de financiación que establece la Constitución.

También destacan la inviabilidad económica del modelo propuesto, debido a que su extensión a otros territorios, como han defendido algunos miembros del Gobierno de España, supondría prácticamente la quiebra del Estado, o el favorecimiento de una competencia fiscal nociva entre las comunidades autónomas, al otorgar competencias en materia fiscal y tributaria diferentes a unos territorios y otros.

Igualmente, los expertos han alertado del riesgo de incrementar el fraude fiscal y de incurrir en gestión tributaria ineficiente que entraña la fragmentación de la Agencia Tributaria estatal, o la obsolescencia del actual sistema de financiación, que exige una reforma profunda y urgente que asegure que todas las comunidades dispongan de recursos suficientes para atender sus competencias básicas, que garantice un reparto de los recursos equitativo, que el sistema sea transparente y, desde luego, que se aborde desde la multilateralidad.

Así, el informe del Senado recuerda que la reforma del sistema de financiación autonómica ya se inició en 2017, con el Informe de la Comisión de Expertos para la Revisión del Sistema de Financiación Autonómica, cuyas conclusiones no ha tenido en absoluto en cuenta el acuerdo suscrito por PSOE y ERC que el Gobierno de España plantea ahora como un primer paso para la reforma del sistema de financiación.

De esta forma, el Gobierno andaluz ratifica su posición en relación con la financiación autonómica. Para el Gobierno de la Junta de Andalucía, no existe más singularidad que la Constitución reconoce a los territorios forales y que, por tanto, plantear para Cataluña un modelo de financiación diferente del resto de las comunidades de régimen común supone un trato privilegiado. Por esta razón, la Junta de Andalucía se opone a cualquier trato de favor que se brinde a un territorio y reclama una reforma del sistema de financiación para las comunidades de régimen común urgente, que se lleve a cabo con la participación de todas las comunidades.

Además, mientras se diseña, se aprueba y se implementa un nuevo modelo de financiación, la Junta de Andalucía considera imprescindible que el Gobierno central dote un fondo transitorio de nivelación para que las comunidades que reciben menos recursos que la media enjuguen la brecha de financiación que en estos momentos tienen con las comunidades mejor financiadas.

La Junta de Andalucía entiende que este fondo transitorio debería estar dotado con un total de 3.719,8 millones de euros, tomando como referencia el análisis realizado por la Fundación FEDEA, a partir de la liquidación de los recursos del ejercicio 2022 (último año liquidado). De este fondo, Andalucía debería recibir 1.522,7 millones de euros (que es el dinero que en 2022 ha recibido de menos en comparación con la media); Valencia, 1.367 millones; Murcia, 464,8 millones y Castilla-La Mancha, 365,3 millones.

En el acuerdo, se deja constancia de que el Gobierno andaluz sigue comprometido con el mandato del Parlamento de Andalucía de 2018 para reclamar un nuevo modelo de financiación autonómica más justo y equitativo, que ponga fin a los agravios consagrados por el actual sistema.