La Junta autoriza a las universidades públicas a usar 20 millones de euros del Plan de Infraestructuras para 2024
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La Consejería de Universidad ha trabajado con los rectores para ajustar esta distribución de fondos, que procederán de transferencias del Gobierno autonómico no ejecutadas por estas instituciones
La Junta de Andalucía ha dado el visto bueno a que nueve de las diez universidades que componen el sistema público de educación superior utilicen una dotación de en torno a 20 millones de euros para acometer en el ejercicio 2024 mejoras de instalaciones e infraestructuras consideradas prioritarias en sus campus, a través del Plan extraordinario de inversiones e infraestructuras.
Este instrumento, contemplado en el modelo de financiación universitaria, tiene una dotación inicial de 80 millones de euros para dar cobertura a sus cuatro años de vigencia (2024-2027), con una distribución anual de 20 millones como máximo por cada ejercicio y para todo el conjunto universitario.
La Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos ha sido la encargada de autorizar, a propuesta de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, esa inversión programada para el actual ejercicio 2024. Dicha autorización se ha concedido gracias al superávit con el que prevé cerrar este año el conjunto del sistema público universitario, que se cuantifica en 20 millones de euros.
Los remanentes no afectados son recursos procedentes en su totalidad de las transferencias de financiación de la Junta de Andalucía no ejecutadas por las instituciones académicas. Hasta el ejercicio 2019 el uso de estos fondos no estaba autorizado. La Universidad de Málaga está al margen del reparto de fondos para este año, ya que, en la actualidad, no cuenta con remanentes no afectados.
La Consejería de Universidad ha venido trabajando con los rectores del sistema público para acordar el reparto definitivo de los recursos, a partir de la propuesta inicial llevada el pasado 22 de mayo al Consejo Andaluz de Universidades (CAU). Una vez ajustados los importes de todas las instituciones académicas, la Consejería que dirige José Carlos Gómez Villamandos ha trasladado la propuesta con las actuaciones a la Consejería de Economía, que es la responsable de aprobarla de acuerdo con la Ley Andaluza de Universidades (LAU). Una vez desarrollados estos proyectos e intervenciones por parte de las universidades públicas, la Consejería de Universidad se encargará de evaluar y revisar su ejecución para, posteriormente, informar al CAU.
Para beneficiarse del Plan extraordinario de inversiones e infraestructuras 2024-2027, la Junta de Andalucía ha establecido tres requisitos de carácter financiero que tienen que cumplir estas instituciones académicas. El primero fija la obligación de disponer de transferencias autonómicas no ejecutadas a 31 de diciembre del año anterior a la ejecución de la inversión y el segundo exige a las universidades contar con un presupuesto (o prórroga) en situación de equilibrio en términos de contabilidad nacional. En tercer lugar, se determina la necesidad de presentar para el ejercicio en el que se solicita la autorización una previsión de liquidación presupuestaria en equilibrio y un saldo positivo de transferencias no ejecutadas de la Junta.
Los otros dos ejes del Plan extraordinario de inversiones
Al margen de las transferencias no ejecutadas, las universidades públicas tendrán a su disposición otras dos vías de financiación definidas por el Ejecutivo autonómico. Por un lado, la financiación europea, que dará cobertura a intervenciones de transformación digital y energética de edificios y dependencias universitarias. En este caso, ya se está explorando la posibilidad de que las instituciones académicas opten por primera vez al programa de incentivos en materia de eficiencia energética en las administraciones públicas que convoca la Agencia Andaluza de la Energía, dependiente de la Consejería de Industria, Energía y Minas. Y por otro, fondos extraordinarios de la Junta para impulsar nuevos proyectos apoyados en función de su viabilidad económica y técnica.
Además de estos recursos, los campus andaluces disponen de más de un millón de euros a través de la Red de Energía de la Junta de Andalucía (REDEJA) para llevar a cabo la instalación de placas fotovoltaicas.
