Justicia destina 255.000 euros para que las víctimas de violencia de género tengan procurador desde que denuncian
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Se garantiza así, aunque no sea obligatorio, que estén representadas por estos profesionales durante todas las fases del procedimiento, con el objetivo principal de evitar su revictimización
La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública garantiza a las víctimas de violencia de género la asistencia jurídica de un procurador desde que interponen una denuncia y durante todas las fases del procedimiento, aunque en alguna de ellas no sea obligatorio. Para ello, destina 255.000 euros a los colegios de procuradores con el objetivo de que estos profesionales las representen en las distintas diligencias y evitar así la doble victimización que les supone tener que acudir varias veces a los juzgados y la posibilidad de encontrarse allí con el agresor.
El BOJA ha publicado la convocatoria de las subvenciones que la Consejería destina a los colegios de procuradores para sufragar esta cobertura a las víctimas (https://www.juntadeandalucia.es/boja/2024/194/6), con un presupuesto de 255.00 euros destinado a las asistencias realizadas por los profesionales durante todo el año 2024. El año pasado, 5.036 mujeres se beneficiaron de esta asistencia.
Los colegios profesionales tienen de plazo hasta el 31 de octubre para solicitarlas a través del Registro Electrónico Único de la Administración Junta de Andalucía (https://www.juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/25623).
Para agilizar la tramitación de estos fondos, la Junta aprobó en julio una orden de bases reguladoras con el fin de concederlas en régimen de concurrencia no competitiva y no como subvenciones excepcionales como hasta ahora. Con ello, la Consejería de Justicia da estabilidad a la financiación de esta asistencia integral a las víctimas durante las fases del procedimiento judicial en las que no es preceptivo que cuenten con procurador.
Ofrecer esta asistencia a las víctimas de violencia de género durante todo el proceso más allá de lo estrictamente obligatorio forma parte de la apuesta de la Consejería por proteger a las mujeres que sufren esta lacra social en procesos judiciales que resultan especialmente dolorosos para ellas, junto a la creación de salas de espera para víctimas que garantizan su intimidad y evitan cualquier contacto incluso visual con el agresor cuando acuden a juicio o la dotación de Salas Gesell para la práctica de pruebas preconstituidas donde se graba su testimonio, con todas las garantías procesales, para que no tengan que declarar varias veces durante el proceso.
