La Junta pide al Ministerio en el CPFF un mayor margen de gasto neto para el conjunto de CCAA
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Denuncia que el Gobierno central hace recaer en las comunidades el mayor ajuste para alcanzar los objetivos que marca la UE
El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del desarrollo de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado en Madrid, en la que estuvo representada la Junta de Andalucía por la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, y en la que, entre otros asuntos, el Ministerio de Hacienda informó de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las comunidades autónomas para el periodo 2025-2027.
Así, Andalucía denunció que los objetivos planteados por el Gobierno central implican que sean las administraciones territoriales, fundamentalmente las comunidades autónomas, las que deban realizar el mayor esfuerzo para que España alcance los objetivos planteados por la UE para el conjunto del país. De igual modo, se puso de manifiesto la falta de información y la escasa documentación aportada por parte del Gobierno central para explicar las decisiones adoptadas en relación con los objetivos de estabilidad que afectan a las administraciones territoriales, y en particular a las comunidades autónomas. En este sentido, se desconoce la trayectoria técnica que la Comisión Europea ha facilitado al Gobierno central para la elaboración del Plan Fiscal Estructural Nacional, debido a que el Estado no la ha hecho pública. Esta trayectoria podría dar una idea del ajuste al que las comunidades autónomas se van a tener que enfrentar en los próximos años.
Se da la circunstancia de que, hasta ahora, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) fijaba para España una senda de estabilidad para tres años con referencia a los límites de déficit, deuda y regla de gasto. Pero la nueva gobernanza de la UE cambia las reglas y fija una senda para un periodo de cuatro o siete años con un nuevo concepto, el gasto neto, como principal referencia.
Según el Ministerio de Hacienda, las administraciones públicas en España deberán respetar en 2025 el límite de gasto neto del 3,2%. Y, según la información aportada, no se realizará un reparto interno del margen de gasto neto individualizado para cada nivel de la administración. Desde Andalucía se considera razonable que, teniendo en cuenta que la Administración General del Estado es la que se encuentra más alejada de su objetivo de deuda, fuera la que hiciera el mayor ajuste, mientras que las comunidades autónomas, dispusieran de mayor margen de gasto para atender los servicios públicos fundamentales (sanidad, educación, dependencia) y los niveles de inversión que exige la Unión Europea.
Otra cuestión que no se ha consultado con las comunidades autónomas es el contenido del Plan Fiscal Estructural Nacional que también tiene que elaborar España, como establece la Comisión Europea, el cual contempla inversiones, actuaciones y reformas para el periodo de 4 o 7 años para alcanzar los objetivos planteados para el país por la UE. Y estas inversiones, actuaciones y reformas afectan de lleno a la gobernanza económica de las administraciones territoriales.
Sistema de Financiación Autonómica
En la reunión del CPFF tampoco se explicó si se contempla la reforma del Sistema de Financiación Autonómica (SFA) entre las reformas previstas en el Plan Fiscal Estructural Nacional. De la evolución del SFA dependerá en gran medida que las comunidades autónomas puedan comprometerse con los objetivos establecidos, y por tanto no bastaría con conocer las entregas a cuenta de 2025, sino que es preciso conocer las de todo el periodo de fijación de objetivos, es decir de 2025 a 2027. En relación con la financiación autonómica, quedó patente la inexistente voluntad del Gobierno central por reformar el actual sistema de financiación autonómica.
Andalucía reiteró la necesidad urgente de crear y poner en funcionamiento un fondo transitorio de nivelación para las cuatro comunidades autónomas que están recibiendo recursos del sistema de financiación por debajo de la media en términos de habitante ajustado, que son Murcia, Valencia, Andalucía y Castilla-La Mancha.
Este fondo no resuelve el problema que tienen todas las comunidades autónomas de insuficiencia financiera para atender los servicios públicos de su competencia. Pero, mientras no se disponga de un nuevo sistema de financiación que otorgue a todas las comunidades más recursos y que no genere agravios de unos territorios frente a otros, el mismo pondría freno a una injusticia que viene padeciendo una tercera parte de la población española desde 2009, que se traduce en una brecha cada año mayor entre las comunidades que reciben más recursos y las que, como es el caso de Andalucía, reciben menos. Además, la Junta de Andalucía reclamó al Ministerio de Hacienda una propuesta de SFA para su debate.
Por otro lado, respecto a la "financiación singular" de Cataluña, se puso de manifiesto la oposición del Gobierno andaluz a cualquier negociación relativa a la financiación de las comunidades autónomas de forma bilateral con una única comunidad. En este sentido, Andalucía defendió que cualquier negociación en este sentido se realice en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde están representadas todas las comunidades autónomas.
En este sentido, el Gobierno andaluz entiende que el documento denominado "Propuesta para una financiación singular para Cataluña" remitido por la Generalitat de Cataluña pone de manifiesto la determinación de extender el modelo del cupo vasco y la contribución navarra a este territorio. Esto supondría un debilitamiento del Estado, que podría ver comprometidos los recursos necesarios para ejercer sus funciones y garantizar la cohesión social y territorial, y una vulneración de los principios constitucionales de igualdad, solidaridad interterritorial y garantía de prestación de un nivel mínimo de servicios públicos fundamentales.
Por ello, la Junta de Andalucía se opone a dar un trato privilegiado a la financiación de este territorio, pues esto iría en detrimento del resto de las comunidades autónomas de régimen común. La Junta de Andalucía defiende que el nuevo SFA tiene que garantizar la suficiencia financiera de las comunidades autónomas, que les asegure poder prestar con garantías las competencias que les son propias, y la equidad en el reparto de los recursos entre todas las comunidades, para que todas reciban una financiación similar en términos de habitante ajustado.
