La Junta movilizó más de 1.600 millones en 2023 para fomentar el tejido productivo y el empleo
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Activó 29 acciones que llegaron a casi 251.000 empresas, entidades públicas y privadas, autónomos y colectivos de desempleados
El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del balance de las medidas de fomento destinadas al tejido productivo y el empleo del año 2023 presentado por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y que han supuesto la puesta a disposición de 1.620,4 millones de euros para poner en marcha 29 actuaciones distintas. En total, se cifra en 250.951 los beneficiarios de estas medidas, entre pymes, autónomos, entidades públicas, entidades privadas, asociaciones y personas en situación de desempleo de distintos colectivos.
Entre las actuaciones con mayor impacto citadas en el balance, se encuentran las ayudas para sufragar el sobrecoste energético en 2022 de pymes y autónomos, incentivos que llegaron a más de 30.000 beneficiarios, de los que 13.144 eran trabajadores autónomos, y que alcanzaron un gasto de 203,5 millones de euros. Igualmente, destacan los incentivos a la generación del empleo estable para empresas y autónomos, que alcanzaron las 74.441 ayudas por un importe de 232,69 millones de euros. De estos incentivos, 22.794 supusieron la contratación de jóvenes con 81 millones de euros en ayudas; y 30.927 fueron para contrataciones de mujeres por 92,68 millones de euros.
Otro programa relevante por su envergadura presupuestaria ha sido la iniciativa T-Acompañamos, desarrollada por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que incluye proyectos integrales de formación, orientación e inserción laboral para colectivos vulnerables con un presupuesto inicial de 65 millones de euros que se fue incrementando hasta los 202 millones de euros debido a la elevada demanda de solicitudes. Finalmente, este programa va a permitir la puesta en marcha de 334 proyectos de entidades que van a beneficiar a 44.246 desempleados de colectivos vulnerables durante 18 meses. Se prevé que, como mínimo, 18.000 personas encuentren un empleo, ya que incluye un objetivo de inserción del 40% de los participantes.
En el ámbito de los colectivos vulnerables, también destacan las subvenciones para la inserción de personas con discapacidad de los Centros Especiales de Empleo (CEE) y de empresas ordinarias, cuyo presupuesto fue igualmente ampliado y finalmente se concedieron 88,5 millones de euros para respaldar el empleo de 20.673 beneficiarios en los 331 centros inscritos en Andalucía. Asimismo, se incluyen en el balance las ayudas para la integración sociolaboral de colectivos en situación de exclusión social a través de empresas de inserción, con 1,44 millones de euros que han beneficiado a 17 entidades y 130 personas.
Mención especial tienen también las distintas líneas de ayudas puestas en marcha financiadas con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), entre las que se encuentran el 'Programa de Primera Experiencia Profesional en las Administraciones Públicas' (34,79 millones de euros concedidos que han permitido la formalización de 658 contratos en prácticas en las administraciones de jóvenes desempleados); el 'Programa Investigo' (45,69 millones de euros para 682 contratos de jóvenes menores de 30 años en iniciativas de investigación e innovación); 'Nuevos proyectos territoriales para el Reequilibrio y la Equidad. Emprendimiento y microempresas', dirigidos a fomentar el mantenimiento del empleo en microempresas, autónomos y empresas de economía social (8,5 millones y 1.909 personas beneficiadas); la iniciativa denominada 'Transición del trabajo autónomo y de la economía social hacia una economía verde y digital' (39,3 millones de euros y 8.730 trabajadores autónomas y de cooperativas); el programa de apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano (16,8 millones de euros y 6.347 beneficiarias); y el Programa de 'Proyectos Territoriales para el Reequilibrio y la Equidad Colectivos Vulnerables' (con 47,2 millones de euros, 164 entidades y 21.345 personas atendidas).
En cuanto a las ayudas dirigidas a los autónomos, además de la Cuota Cero que se puso en marcha este año, en 2023 se ha desarrollado otra convocatoria de incentivos al inicio de actividad, con un presupuesto que ha sido ampliado en dos ocasiones hasta alcanzar los 44,7 millones de euros para 24.161 solicitudes. Además, se han tramitado y pagado las solicitudes presentadas durante 2022 del programa 'Tarifa Plana', con un gasto de 10,67 millones de euros.
Para el sector de la Economía Social, el informe recoge varias medidas que en conjunto suman cerca de 7,2 millones de euros, como la línea de 'Asociacionismo del Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la Economía Social' para colaborar en la financiación de los gastos de funcionamiento, organización y gestión de las principales entidades asociativas, con un importe de 1,8 millones de euros; los incentivos dirigidos a la promoción de empleo estable en estas entidades, con 3,3 millones de euros y 211 proyectos subvencionados; o el 'Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la Economía Social' para impulsar el emprendimiento en este tipo de empresas, que ha contado con 2,09 millones de euros.
En el marco del comercio y la artesanía, las ayudas para la modernización de las pymes financiadas con fondos MRR también tuvieron una ampliación de su presupuesto inicial, alcanzando los 15,52 millones de euros para 603 entidades (559 Pymes y 44 asociaciones de comerciantes). Completan este apartado los incentivos para el impulso del asociacionismo comercial y artesano (1,72 millones de euros concedidos y 83 asociaciones beneficiadas); y las subvenciones destinadas a ayuntamientos para impulsar la mejora, modernización y promoción del comercio y la artesanía, con 73 ayuntamientos acogidos y una inversión pública de 1,38 millones de euros.
El informe destaca asimismo actuaciones de Formación Profesional para el Empleo de un amplio alcance, como el Programa de Empleo y Formación en colaboración con entidades locales y sin ánimo de lucro, cuya buena acogida entre las entidades de las administraciones locales y las entidades sin ánimo de lucro motivó que casi se duplicase el presupuesto inicial, alcanzando cerca de 180 millones de euros para 434 proyectos, 1.040 acciones formativas con contratos de formación en alternancia para 6.576 alumnos.
Completan este apartado las subvenciones a entidades locales para la realización de acciones formativas para desempleados de difícil inserción laboral (17 millones de euros y 122 ayuntamientos participantes); las ayudas a entidades privadas de los programas formativos con compromiso de contratación (28 entidades y 2,18 millones euros); o las becas y ayudas para asistencia a acciones de formación en concepto de transporte, manutención, alojamiento y cuidado de menores, además por asistencia en el caso de personas con discapacidad (5 millones de euros).
Por último, también se incluyen otras medidas como las ayudas destinadas a mejorar la seguridad laboral dirigidas a pymes y autónomos (2,8 millones y 274 beneficiarios); las ayudas al fomento de la conciliación (1,95 millones y 271 beneficiarios); o el Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo (EPES) que gestiona el SAE para ofrecer prácticas en empresas a desempleados, con 18,6 millones de euros y 8.671 prácticas financiadas.
