Andalucía apuesta por la reeducación de los menores infractores con 80 millones para Justicia Juvenil en 2024

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha subrayado la apuesta del Gobierno andaluz por la reeducación de los menores infractores. Una apuesta que hace que el sistema de Justicia Juvenil de la comunidad autónoma sea "un referente a nivel nacional e internacional desde hace bastante tiempo" y que se mantendrá en el próximo ejercicio, con una partida destinada a estas políticas que crece en el Presupuesto de 2024 hasta superar los 80,1 millones de euros.

Nieto ha comparecido en la Comisión sobre la Infancia y la Adolescencia del Parlamento, donde ha destacado la labor de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, con Esteban Rondón al frente, y de los profesionales que trabajan con los menores infractores en los centros y servicios donde cumplen las medidas que les imponen los jueces cuando, por diversas circunstancias, cometen una acción que merece un reproche penal. Una situación de la que ninguna familia está a salvo y que para muchos de estos jóvenes es un punto de inflexión en sus vidas para que, gracias a estos profesionales, corrijan el camino y adquieran herramientas para recuperarlos para la sociedad.

Recursos y un Observatorio pionero

La Consejería tiene las competencias en garantizar los medios y recursos para que ejecuten esas medidas. Para ello, cuenta con 13 centros de internamiento de menores infractores (CIMI) con 701 plazas y 1.615 profesionales; 17 Grupos Educativos de Convivencia con 136 plazas y 153 profesionales; ocho equipos de mediación con 25 profesionales; otros tantos Servicios Integrales de Medio Abierto (SIMA) con 165 profesionales y nueve centros de día con 36 profesionales.

El consejero ha subrayado que la colaboración y comunicación con los jueces y fiscales de Menores, que son quienes determinan las medidas, es permanente. Y ha avanzado que con el fin de conocer mejor las circunstancias que llevan a los jóvenes a situaciones de conflicto con la sociedad para prevenir y actuar, la Consejería pondrá en marcha en 2024 un Observatorio de la Justicia Juvenil en Andalucía, pionero en España y Europa, donde solo existe un antecedente en Bélgica promovido por una fundación privada. Para Nieto, esta "interesante" iniciativa "nos va a permitir medirnos en cuanto al funcionamiento del sistema".

El año pasado pasaron por los centros de internamiento 1.084 menores, con una media de edad de entre 16-17 años, el 85% de ellos varones españoles. Los delitos más frecuentes son los de lesiones y contra el patrimonio. El tipo de internamiento que más imponen los jueces es en régimen semiabierto, si bien el consejero ha alertado del incremento del cumplimiento de medidas en unidades terapéuticas, específicas para menores infractores con problemas de salud mental y/o adicciones.

Los CIMI también cuentan con programas específicos para adolescentes con hijos y, en el caso de los centros con plazas femeninas, hay habitaciones adaptadas para acoger a madres menores que tienen a su cargo hijos de 0 a 3 años.

En todos los centros se fomenta que los menores continúen con su formación, bien en la enseñanza reglada o cursos y talleres de capacitación profesional para abrirles puertas para desarrollar un proyecto de futuro.

En el caso de los servicios de medio abierto, Nieto ha explicado que los SIMA se encargan del seguimiento y ha destacado que los Grupos Educativos de Convivencia se orientan a corregir conductas violentas en el entorno familiar para su retorno al mismo una vez cumplida la medida, mientras que los centros de día desarrollan programas y talleres sociolaborales.

Entre las medidas de este tipo los jueces también pueden decretar la realización de prestaciones en beneficio de la comunidad y tareas socieducativas. El consejero ha detallado que la Consejería tiene firmados convenios con 220 ayuntamientos y una decena de ONG y entidades sociales donde los menores infractores ejecutan estas medidas.

Niños y niñas víctimas de delitos

Durante su comparecencia, Nieto se ha referido también a los servicios que gestiona la Consejería para atender a menores víctimas de delitos a través de los Servicios de Asistencia a Víctimas de Andalucía (SAVA) existentes en las principales sedes judiciales de las capitales y con equipos itinerantes para partidos de otros municipios. En lo que va de año, de las 22.532 personas atendidas el 9% son menores, un total de 2.032, de los que 339 han sido atendidos por casos relacionados con la violencia de género, "un tema que nos preocupa especialmente".

Los menores llegan al SAVA de la mano de familiares o agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, donde personal especializado mantiene una entrevista con ellos. Ellos instan a la denuncia si bien si ésta no se produce por parte de la familia, el propio equipo del SAVA lo pone en conocimiento del juzgado de guardia para que abra las correspondientes diligencias durante las cuales recibe apoyo psicológico, social y jurídico de los profesionales en aras de su recuperación integral y reparación del daño.

Igualmente, se ha referido a los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) que ofrecen un "espacio neutral" para que, en casos de conflictividad familiar, se cumplan los regímenes de visitas establecidas por los tribunales. El año pasado fueron atendidos en estos puntos 2.224 niños y niñas, 907 derivados por juzgados de violencia de género. Nieto ha destacado la puesta en marcha de nuevos PEF en Andalucía, lo que ha permitido pasar de 10 en 2018 a los 19 actuales.

El consejero ha incidido en la implicación de los profesionales tanto en los recursos del sistema de Justicia Juvenil como en los servicios para los menores víctimas de delitos, ya que "son los que hacen posible que nuestros jóvenes estén más protegidos y obtengan ayuda para reeducarse y reinsertarse de una forma sana en nuestra sociedad".

De 7 salas Gesell en 2019 a 36 este año

Nieto también ha subrayado la importancia de dotar a las sedes judiciales de entornos amigables para tomar declaración a los menores que sufren delitos, evitando la doble discriminación. Así, la Consejería ha realizado un esfuerzo y este año se crearán una decena de nuevas salas Gesell en juzgados de diferentes provincias, con las que en total serán 36 las estancias de este tipo en toda Andalucía, cinco veces más que las que había en 2019 antes de la llegada del Gobierno de Juanma Moreno.

Se trata de dependencias divididas en dos habitaciones separadas por un cristal de grandes dimensiones que permiten la visión de lo que ocurre en una de ellas desde la otra, pero no al revés. Cuentan con un sistema de grabación y están interconectadas por audio, lo que permite que el juez interactúe con la persona que está practicando la diligencia. Existe también la posibilidad de realizar la observación remotamente a través de videoconferencia desde la sala de vistas.

El consejero ha defendido que el objetivo que se persigue es que las declaraciones y las exploraciones de víctimas especialmente vulnerables, como son los menores, se realicen en condiciones de tranquilidad, sosiego y protección, como exige el Estatuto de la Víctima, al tiempo que con todas las garantías jurídicas para que sirvan como pruebas preconstituidas y se puedan usar en la vista oral. Mediante la grabación de las declaraciones en las salas Gesell, que luego se reproducen en el juicio, se evita que tengan que volver a testificar y con ello la doble victimización.

Para Nieto, en el caso de los menores, resulta especialmente importante contribuir a aliviar o al menos no agravar la experiencia traumática que hayan sufrido, ya que ello agilizará su recuperación y limitará las secuelas psicológicas.

Por ello, la Consejería ha priorizado que este tipo de dotaciones llegue a las sedes judiciales, tanto de las capitales como de partidos judiciales de municipios más pequeños.

Desde la llegada del Gobierno de Juanma Moreno, el número de salas Gesell en Andalucía se ha quintuplicado. Así, el consejero ha recordado que hasta enero de 2019 solo se habían creado en toda la comunidad siete, por lo que no existía ni siquiera una en cada provincia. En 2022 ya había 26 y a finales de este año habrá diez más, hasta acabar este 2023 con un total de 36, por lo que solo en un año se han creado más que todas las habilitadas por gobiernos anteriores.