Fernández-Pacheco anima a las empresas a invertir en carbono azul para mitigar los efectos del cambio climático

El compromiso en la lucha contra el cambio climático y la necesaria adaptación de la sociedad al mismo es un reto colectivo. El Gobierno andaluz está llevando a cabo una ambiciosa política para lograr un futuro más sostenible, poniendo a disposición de empresas y particulares diferentes herramientas que permitan también el desarrollo económico. Así lo ha detallado el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, en la inauguración de las jornadas 'Cambio Climático: estrategias de la UE para un futuro más sostenible', que organiza la Asociación de empresarios de la provincia de Almería, Asempal.

Fernández-Pacheco ha detallado que la sostenibilidad debe ser ambiental, pero también económica y social y, por ello, ha pedido a los empresarios almerienses que apuesten por el carbono azul como eje de su estrategia a corto plazo. "Invertir en la conservación del medio marino, y en el cuidado de su biodiversidad es garantía de éxito, y más en una comunidad con casi mil kilómetros de litoral. El mar es el principal sumidero de CO2 y en Andalucía en general, y en Almería en particular, tenemos una oportunidad que no debemos dejar pasar".

Sistema validado, público y objetivo

La Junta de Andalucía apuesta por generar conocimiento, y por eso ha elaborado una metodología para compensar las emisiones de CO2. Así, ha publicado el Estándar Andaluz de Carbono Azul, una medida que establece los requerimientos para la verificación, certificación y auditoría, así como los requisitos para que un proyecto pueda ser considerado de fijación de carbono azul. Este estándar está verificado por una entidad externa, y el objetivo es que tanto entidades públicas como privadas puedan demostrar que compensan sus emisiones de CO2 con un sistema validado, público y objetivo.

Este estándar, diseñado por los técnicos de la Oficina Andaluza de Cambio Climático, recoge cómo se han de realizar los proyectos de compensación de emisiones por carbono azul, además de su acompañamiento de herramientas, entre ellas, una calculadora de emisiones diseñada con la colaboración de la Universidad de Cádiz, específicamente creada para estimar las absorciones correspondientes a las principales especies que intervienen en los ecosistemas de carbono azul.

El consejero ha insistido, asimismo, en que el compromiso del Gobierno andaluz se materializa en actuaciones concretas. En este sentido, se ha referido a la Ley de Economía Circular, ya en vigor, y al Reglamento de Residuos, que se está redactando, como la base del nuevo modelo productivo andaluz.

Reducción de residuos

Una de las claves de esta normativa pasa por la reducción de trámites administrativos para las empresas, para que las políticas sostenibles, de reducción de residuos y de aprovechamiento de los mismos sean también un incentivo económico, y no sólo una obligación para con el planeta. "La UE nos marca como objetivo para 2035 que sólo el 10% de los residuos que generamos llegue hasta los vertederos. En Andalucía tenemos el convencimiento político, y estamos poniendo en manos de los empresarios las herramientas para hacerlo posible", ha afirmado Fernández-Pacheco.

El reglamento de residuos propone una reducción de la burocracia dentro de los márgenes que permite la ley. Con la normativa actual, para poder aprovechar un residuo generado por el proceso productivo y convertirlo en un subproducto, es necesario realizar un gran número de trámites administrativos. La Junta pretende facilitar que los fabricantes puedan reutilizar o reciclar los residuos, o bien venderlos a un tercero para su aprovechamiento productivo. Así, se prevé plantear que una entidad acreditada certifique que el proceso se está haciendo correctamente y concluya en un menor periodo de tiempo.

El consejero también ha avanzado que este reglamento recoge el coste del ciclo de vida de los productos. La propuesta de la Junta es que se calcule en términos monetarios, para facilitar la comparación y la comprensión por la ciudadanía. Este coste incluiría desde la fabricación de cualquier producto, incluyendo la extracción de las materias primas, hasta el de su reciclaje final. El reglamento plantea la creación de un registro voluntario que permitiría ventajas a la hora de la contratación pública, además de las ventajas sociales que suponen las buenas prácticas medioambientales y de respecto y conservación.

Inversiones

El consejero de Sostenibilidad ha detallado a los empresarios que el compromiso de su departamento también se materializa en inversiones económicas. La Dirección General de Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático ha destinado 164,2 millones de euros a los ayuntamientos para la gestión de residuos, 15,6 millones de euros para el proyecto de economía circular en la Sierra de Cádiz, 9,7 millones de euros para la construcción de puntos limpios, 5,5 millones para el Plan PLA, 2,8 millones para las estaciones de transferencias de residuos, y otros 20,2 millones de euros para el sellado de vertederos.