La Junta iniciará el trámite parlamentario de la nueva Ley de universidad en el primer semestre de 2024

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación está inmersa en la elaboración de la nueva Ley autonómica de universidades con el objetivo de que este texto normativo inicie el trámite parlamentario en el primer semestre del próximo ejercicio. Así lo ha anunciado el consejero José Carlos Gómez Villamandos durante la apertura del curso académico de la Universidad de Cádiz (UCA).

En su intervención, Gómez Villamandos ha subrayado que el futuro marco legislativo se adaptará a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), aunque también ha apuntado que se está trabajando para poder "paliar, en el margen de actuación que disponen las comunidades, los efectos adversos generados por la normativa estatal". Entre otras cuestiones, ha detallado que la futura ley permitirá poner en marcha medidas con el objetivo de facilitar que las universidades puedan contar con nuevo personal y con los procesos de acreditación necesarios para progresar en la carrera académica ya iniciada.

Asimismo, ha aclarado que se están dando los primeros pasos para elaborar la futura Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que incorporará medidas dirigidas a que la inversión pública y privada en investigación acerque progresivamente a Andalucía a la media nacional y de la Unión Europea, así como a favorecer el incremento progresivo de la Compra Pública de Innovación. "Nos permitirá un mayor desarrollo económico a través del conocimiento, la innovación y la investigación", ha aclarado. En este caso, la previsión es que el trámite parlamentario se inicie a lo largo de 2024.

El titular de Universidad también ha repasado "los compromisos cumplidos" en materia universitaria y de I+D+I durante su primer año de mandato al frente de la Consejería, en alusión a la aprobación del modelo de financiación, del decreto de ordenación de enseñanzas universitarias o el reglamento de nuevos agentes del conocimiento, entre otros. En ese contexto, ha puesto de manifiesto que el nuevo instrumento que planificará la financiación del sistema público de educación superior "aportará certidumbre, autonomía y seguridad financiera a las instituciones académicas públicas y las hará más competitivas, modernas y eficientes en beneficio del conjunto de la sociedad andaluza". Según ha añadido, el documento recoge una cláusula de salvaguarda que contempla que "nunca recibirán menos dinero que el año anterior". Este año 2023, en el que las transferencias de financiación han alcanzado los 1.620 millones, será de transición para el modelo, que contempla una inyección adicional de 14 millones para proyectos estratégicos y la última subida salarial adicional del 0,5% del personal del sector público.

Por otro lado, ha explicado que el decreto de ordenación de enseñanzas universitarias permitirá reorientar el actual mapa académico hacia "una oferta de mayor calidad, racionalidad y eficacia". Este documento legal establece la planificación para cuatro años, revisable cada dos. En este sentido, el consejero ha hecho referencia a que, con este decreto, lo que la Junta hace es garantizar la igualdad de oportunidades en lo que se refriere a la oferta académica que van a ofrecer las universidades públicas y privadas. Además, ha puesto de relieve que con este decreto "se corregirá la situación de desigualdad" que había, ya que antes las privadas podían ofertar los títulos que quisiesen, al contrario que las públicas, que se encontraban claramente limitadas. Cabe destacar que, en virtud de la citada igualdad de oportunidades, la implantación de cada título es validada por la misma agencia para la calidad científica y universitaria (ACCUA), tanto para los promovidos por las universidades públicas como por las privadas.

Además, ha apuntado que el nuevo reglamento de agentes del sistema andaluz del conocimiento posibilitará actualizar su clasificación y agilizará la acreditación. "Reforzará la innovación y la excelencia investigadora con la creación e incorporación de nuevas figuras que tendrán una incidencia muy positiva sobre los ecosistemas de I+D+I", ha subrayado. Este reglamento incluye tres nuevos actores: los clústeres de innovación, los centros de innovación digital, así como las unidades de excelencia en investigación 'Antonio de Nebrija' y las unidades de investigación competitiva.

3,5 millones para los planes propios de investigación de la UCA

Al margen de estos avances normativos, Gómez Villamandos ha destacado que su departamento está impulsando otra serie de medidas de especial relevancia para los ecosistemas de I+D y de innovación. En el ámbito de la investigación, aunque con incidencia directa en las universidades, ha puesto de relieve que, antes de que finalice el año, la Junta destinará 31 millones de euros a las instituciones académicas públicas andaluzas para financiar los proyectos y actuaciones recogidos en sus planes propios de investigación y transferencia. De ese montante, la Universidad de Cádiz recibirá 3,5 millones de euros. "Ésta es la primera vez que el Gobierno autonómico destina recursos públicos a apoyar directamente estos instrumentos estratégicos en materia de I+D+I de los que se dotan estas instituciones para planificar de forma plurianual sus principales líneas de actuación en esta área", ha indicado.

Por otro lado, ha asegurado que hasta 2027 se movilizarán más de 800 millones de euros dirigidos a centros públicos de investigación, universidades y empresas para fomentar proyectos de investigación, innovación y transferencia de conocimiento en campos estratégicos para el progreso y bienestar de la sociedad andaluza y para la dinamización y competitividad de la economía regional. Esa cuantía se articulará a través de distintas convocatorias, "que seguirán un calendario fijo y se acogerán a nuevas bases reguladoras que implican menor burocracia y mayor simplificación y agilización", ha apostillado. Las primeras bases normativas serán una realidad en octubre y estarán centradas en incentivar la carrera investigadora, mientras que en el mes de noviembre verán la luz las dirigidas a proyectos de investigación.

En materia de personal, Gómez Villamandos ha querido poner el acento en los esfuerzos llevados a cabo por su departamento para mejorar y estabilizar las condiciones laborales de profesores, investigadores y personal de administración. Al respecto, ha indicado que la Consejería acaba de iniciar la tramitación para convocar los complementos autonómicos del Personal Docente e Investigador (PDI). Esta convocatoria será la primera que se active con carácter anual e incorporará importantes novedades al considerar nuevas figuras, flexibilizar la valoración de los requisitos o simplificar el procedimiento. En lo que respecta al personal de administración y servicios (PAS), ha instado a los sindicatos a que acuerden la evaluación del desempeño con las universidades para poder dar cumplimiento a la financiación del 50% del quinto tramo.