La Junta reclama al Gobierno central que aumente las ayudas a la industria electrointensiva
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La Consejería de Industria, Energía y Minas identifica 52 actividades con gran consumo de energía de las que dependen 17.000 empleos
El Consejo de Gobierno ha instado al Gobierno central a incrementar el presupuesto destinado a preservar la competitividad industrial de las industrias de gran consumo de energía (electrointensivas) implantadas en España para atenuar el riesgo de deslocalización y reducir el impacto de la competencia desleal respecto a los productos de otras regiones del mundo donde existen menores exigencias ambientales.
En ese sentido, la Consejería de Industria, Energía y Minas ha identificado 52 industrias electrointensivas en Andalucía, de las que dependen cerca de 17.000 empleos directos, y que corresponden con los sectores metalúrgico, siderúrgico, refino, piedra, cemento, químico, madera, vidrio, papel y cartón, farmacéutico, agroalimentario, plástico y extractivo, que tienen un importante peso en la producción industrial de Andalucía.
Entre las medidas que la Junta de Andalucía reclama al Gobierno de España se encuentran maximizar las compensaciones por costes indirectos a estos sectores o aplicar el 80% de descuento en los peajes eléctricos como hacen Francia o Alemania, así como incrementar el presupuesto que el Ejecutivo central destina a compensar los costes indirectos de los grandes consumidores industriales. Según cálculos de la Junta de Andalucía, las 18 industrias andaluzas que concurrieron a la convocatoria de ayudas de 2024 de este mecanismo, de las que dependen 7.600 empleos, recibieron 35,6 millones de euros, pero dejaron de percibir un importe estimado en 63,1 millones.
Así, respecto a la anunciada convocatoria para 2025, se espera un presupuesto de 600 millones de euros, si bien Andalucía considera que se trata de un presupuesto insuficiente que hará que las industrias andaluzas dejen de recibir un importe estimado en 29,6 millones de euros respecto de lo que les correspondería por aplicación de la normativa de la Unión Europea, por lo que urge una dotación presupuestaria acorde a las necesidades de la industria española y, en particular, andaluza.
La Junta de Andalucía comparte la visión del Parlamento Europeo, que expresó el 3 abril de 2025 mediante una resolución la necesidad de que se adopten medidas para reforzar la competitividad de las industrias de gran consumo energético y para ayudarlas a afrontar los retos en la transición hacia procesos industriales limpios, al considerar que estas industrias intensivas en energía son cruciales para la economía de la UE y para la descarbonización. El Parlamento europeo pone el foco en que la diferencia de precios de la energía entre la UE y EEUU y China socava la competitividad de las industrias europeas y en que la competencia desleal de terceros países que no tienen objetivos ambiciosos de descarbonización aumenta el riesgo de fuga de carbono.
En base a ello, pide a la Comisión Europea que evalúe la posibilidad de ampliar las mejores prácticas para las industrias intensivas en energía de los estados miembros y que elabore recomendaciones para reducir su exposición al aumento de los costes de la energía, por ejemplo, mediante la reducción de impuestos y gravámenes.
Respecto a las compensaciones por costes indirectos en sectores expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono, es necesario incidir en la existencia en Andalucía de industrias especialmente expuestas. Se trata de sectores en los que existe riesgo de deslocalización hacia países menos ambiciosos en la reducción de emisiones o bien se encuentran expuestos a la sustitución de sus productos por productos importados que emitan más carbono.
Para mitigar los referidos riesgos de fuga de carbono, la Unión Europea se ha dotado de instrumentos de apoyo económico como el mecanismo de compensación de costes indirectos para los sectores y subsectores industriales a los que se considera expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono durante el periodo 2021-2030, que en su convocatoria de 2 de julio de 2024 contó con 300 millones de euros, un presupuesto que el Gobierno andaluz considera muy inferior al necesario para garantizar de una manera efectiva una protección adecuada de la competitividad industrial.
Por otra parte, en referencia a la medida de reducción de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad, se trata igualmente de un mecanismo de apoyo para garantizar la competitividad de la industria electrointensiva, en tanto que estas industrias el coste energético puede suponer más de un 50% de sus costes de producción y la cotización de la electricidad en los mercados a plazo para 2025 se encuentra en unos 70 euros/MWh frente al valor histórico en España previo a la crisis del Covid 19 en torno a 43 euros/MWh. Precisamente, este argumento era el expuesto en el derogado Real Decreto-Ley 9/2024, conocido como decreto ómnibus, que en su artículo 4 contemplaba que "la aplicación del mecanismo de apoyo para garantizar la competitividad de la industria electrointensiva contenida en el artículo 1 del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2025".
En base a ello, resulta necesario articular a la mayor brevedad la reducción del 80% los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad, que permitiría que la factura energética de la industria electrointensiva no se incremente en un 5%, en unos momentos en los que gran parte de esta industria se encuentra sometida a la presión arancelaria impuesta por EEUU.
