La Junta aprueba los criterios para la ejecución del modelo de financiación universitaria

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del conjunto de reglas de cálculo aprobado por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación con las que se distribuye en cada ejercicio presupuestario la financiación correspondiente a las diez universidades públicas andaluzas para el periodo comprendido entre 2023 y 2027. Los recursos destinados a 2024 para sufragar el funcionamiento del sistema público universitario, así como su actividad académica, investigadora y de innovación y transferencia de conocimiento se elevan a 1.685,57 millones de euros, que suponen un incremento del 4,01% con respecto a la partida reservada el pasado 2023 y suman 315 millones más que en 2018. 

Esta guía de variables y fórmulas viene a completar el documento de bases ya aprobado en septiembre de 2023 con los principios y criterios generales a aplicar en la asignación de las transferencias presupuestarias de la Junta de Andalucía a estas instituciones académicas. El Consejo Andaluz de Universidades (CAU) ya emitió el pasado mes de mayo informe favorable de este reparto. 

Ambos ejes constituyen el armazón sobre el que se configura el modelo de financiación y han seguido una tramitación independiente, con el fin de dotar de mayor flexibilidad a la concreción de los criterios de valoración y a posibles ajustes posteriores de las variables sin que ello implique la redefinición de la estructura de base. 

A ese importe estipulado de 1.685,57 millones de euros hay que añadir el montante dirigido a financiar las plazas de profesores universitarios en materia sanitaria con vinculación al Servicio Andaluz de Salud (SAS), que se cuantifica en 7,3 millones, sin menoscabo de otras cuantías adicionales que se vayan incorporando a lo largo del año. 

Al margen de esos recursos repartidos en el marco de este instrumento plurianual de financiación, las diez universidades públicas andaluzas podrán contar también con otros 64,39 millones de euros complementarios para llevar a cabo diferentes líneas de trabajo. Entre ellas, destacan la cuantía para cubrir el incremento de plazas de las facultades de Medicina; la destinada a financiar los campus de Ceuta y Melilla, que se asigna a la Universidad de Granada; o la que tiene por finalidad la puesta en marcha de las microcredenciales universitarias. De igual modo, se incluye la dotación transferida a finales de 2023 por la Consejería de Universidad para los planes propios de investigación de cada una de las instituciones académicas andaluzas, con el fin de propiciar el avance científico, la transferencia y la colaboración con el sector productivo en el campo de la innovación.

Este 2024 es el primer año en el que se aplica en su totalidad la nueva herramienta de gestión, después de que en el ejercicio anterior se desarrollara de forma parcial debido a que los fondos ya se encontraban prácticamente transferidos. Además, y tras la concreción de las reglas de cálculo, por primera vez, las universidades públicas andaluzas tienen acceso al detalle de los datos con bastante más antelación de lo que venía ocurriendo hasta ahora, lo que les posibilitará planificar estratégicamente y con la certeza necesaria sus líneas de actuación. 

El nuevo modelo de financiación se ordena en torno a cuatro grandes categorías: la financiación básica armonizada, la financiación mediante contratos programa, la de nivelación y la que se articula a través de proyectos estratégicos del sistema universitario andaluz. Las partidas más destacadas en este apartado son los 1.523,85 millones de euros para financiación básica o los 143,18 para los contratos programa. 

La primera de ellas está destinada a cubrir los costes necesarios del sistema público para prestar los servicios académicos, de investigación y de transferencia de conocimiento y hacen referencia a los gastos de personal, de funcionamiento y de mantenimiento. Por su parte, la financiación mediante contratos busca mejorar la calidad del servicio y la eficiencia en el uso de los recursos. Estos contratos programa recogen una planificación de objetivos orientados hacia la mejora de la competitividad, así como a la eficacia y la profesionalización de la gestión. Pueden contemplar reformas estructurales, la adecuación de las infraestructuras, la estabilización y promoción del personal o iniciativas de apoyo al estudiantado, el impulso de la internacionalización o el fomento de la investigación. Se conciertan anualmente con cada una de las instituciones académicas y, actualmente, ya se están negociando entre ambas partes.  

La financiación de nivelación se orienta a corregir los desfases estructurales motivados por la aplicación de los modelos de financiación anteriores con el fin último de propiciar la convergencia entre las universidades. Por último, en el apartado de los proyectos estratégicos tendrán cabida aquellas iniciativas singulares acordadas que mejoren la competitividad de sus campus y den respuesta a las demandas de la sociedad. 

Todos estos criterios se aplicarán con carácter general a las diez instituciones que conforman el sistema público, aunque la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) recibe un trato diferencial dadas sus características, ya que no imparte titulaciones de grado, no dispone de personal docente e investigador propio y sus enseñanzas e investigaciones están orientadas a la cooperación educativa internacional.