Iniciados los trámites para la elaboración de la futura Ley de Patrimonio Cultural de Andalucía
La norma incorporará a la Junta la regulación de los procedimientos para la declaración de bienes como Patrimonio de la Humanidad
El Consejo de Gobierno ha instado a la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte a iniciar las actuaciones necesarias para la tramitación del anteproyecto de la Ley de Patrimonio Cultural de Andalucía, que vendrá a actualizar la Ley 14/2007, de 26 de
noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.
Los cambios normativos, la doctrina establecida por los tribunales de Justicia y las novedades producidas en el ámbito del patrimonio histórico y en el sector cultural, tanto a nivel local como nacional e internacional, aconsejan una revisión en profundidad de la vigente normativa reguladora, que concluirá con la aprobación de una ley de Patrimonio Cultural de Andalucía que atienda a la nueva realidad.
La futura norma tendrá entre sus objetivos incorporar a la administración autonómica la regulación de los procedimientos para la declaración de bienes como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, así como el seguimiento de la gestión de los bienes ya
declarados. Por otro lado, pretende delimitar de forma más clara las competencias autonómicas y municipales o mejorar la necesaria coordinación con otras políticas como las agrarias, medioambientales y, en especial, las educativas.
Además, contempla una profunda revisión de todos los procedimientos incorporando novedades en el marco de la simplificación y agilización administrativa, que den respuesta a las necesidades de la gestión del patrimonio y a las nuevas demandas
sociales, contribuyendo igualmente en la mejora del funcionamiento del tejido económico y empresarial y, todo ello, con el máximo respeto a la tutela del patrimonio cultural. Esta agilización administrativa irá acompañada de la necesaria telematización
de los procedimientos, lo que contribuirá a lograr una administración cada vez más moderna y eficaz.
Por otro lado, la necesidad de dar una rápida respuesta a los problemas que se planteen en la tutela de los bienes culturales requiere la revisión y actualización del marco regulador de la inspección que incluya la creación de un cuerpo específico de
inspectores del patrimonio cultural, además de la consecuente adaptación del régimen sancionador.
