Lanbide ultima con EAPN un convenio para facilitar el acceso a la RGI e IMV, ayudar a las personas perceptoras en las gestiones y promover la comprensión y el cumplimiento de obligaciones

El Servicio Público Vasco de Empleo-Lanbide ultima junto a la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza-EAPN un convenio de colaboración que facilite el acceso a las prestaciones de las personas en situación de vulnerabilidad y que cumplan con los requisitos de acceso al derecho de la RGI y/o del IMV, lo que permitirá prevenir el efecto "non take up", y también la asistencia en el cumplimiento de las obligaciones.

En una reunión mantenida por la directora de Prestaciones e Inclusión de Lanbide, Sara Buesa, y el presidente de EAPN, Alfonso López, junto a sus equipos técnicos, se ha acordado dar un paso más en la previsión realizada por la Ley del Sistema vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión aprobada en diciembre de 2022, así como en el primer Plan de Asistencia, Inspección y Control de la RGI, que incluyen la participación activa del tercer sector en la aplicación de la Ley y su papel en el ámbito asistencial.

Tras unos meses en vigor de la Ley, en los que se ha conseguido la agilización de los trámites que han permitido que se hayan incorporado personas en situación de vulnerabilidad que antes no lo hacían, y coincidiendo con la aplicación desde este mes del nuevo Reglamento, el servicio público quiere profundizar en la colaboración con las entidades que han participado en el diseño de este nuevo modelo de protección.

"Queremos establecer alianzas y mecanismos de colaboración, aprovechando su buen hacer y la plena disposición con la que este equipo ha contado, y también su cercanía con las personas a las que se dirige el sistema de garantía de ingresos. Nuestra obligación, porque así lo indica la Ley, es garantizar la cobertura a todas las personas que lo necesitan, y hacerlo con el máximo rigor. Y para ambos objetivos queremos contar como colaboradoras con las entidades socias de EAPN", ha explicado Buesa.

El objetivo del convenio es favorecer que quienes tienen derecho al IMV o la RGI pero lo desconocen se acerquen al sistema y evitar el efecto "non take up", pero también que todas las personas perceptoras tengan la información y el acompañamiento necesario en todo el proceso para la realización de trámites y para cumplir con sus obligaciones en los términos previstos por la Ley, y poder detectar incidencias que puedan ser corregidas a tiempo. Una de las posibilidades que regulará el convenio es que EAPN pueda representar a esas personas en trámites electrónicos, si así lo quieren las personas. "A pesar de que hemos automatizado trámites e introducido el lenguaje fácil en nuestras comunicaciones, el sistema es complejo y su comprensión puede ser difícil para algunas personas que, además, tienen una relación más fluida con estas entidades que con la Administración", indica la directora de Prestaciones e Inclusión.

La colaboración con las entidades del tercer sector ha sido constante no sólo en la elaboración de la Ley, sino en sus primeros meses de aplicación y, muy específicamente, en el proceso e implantación del nuevo Reglamento, que introduce cambios en la actualización de las cuantías y en los plazos de pago. Además de las comunicaciones personales realizadas en noviembre y que vuelven a realizarse este mes, Lanbide ha contado con la extensa red de entidades y servicios sociales para aclarar todas las dudas.

Más información en el portal Irekia (Se abrirá en nueva ventana)