Comisión de Educación. Comparecencia del consejero Jokin Bildarratz
El consejero de Educación Jokin Bildarratz ha comparecido esta mañana en la Comisión de Educación del Parlamento, para informar a los y las parlamentarias de varios asuntos relacionados con el servicio de transporte escolar. Por un lado, ha expuesto los detalles del proceso de licitación del transporte escolar, así como las decisiones adoptadas por el Departamento de Educación ante la ausencia de dicho servicio -en Bizkaia y Araba-, durante los primeros días del curso escolar. Además, y a petición propia, Bildarratz ha trasladado a la Comisión de Educación toda la información relativa a la contratación del bufete de abogados Cuatrecasas para la elaboración de un informe jurídico vinculado a la posible negativa de varias empresas del sector a prestar el servicio de transporte. En la comparecencia, junto con el consejero Bildarratz, han asistido el viceconsejero de Administración y Servicios Xabier Aizpurua, el director de Régimen Jurídico y Servicios Eneko Goenaga y la directora de Gestión Económica, Ane Urkiola.
Cronología de los hechos
Utilizando un hilo cronológico, Jokin Bildarratz ha ido exponiendo los hechos más significativos vinculados a los pasos dados por parte del Departamento de Educación para licitar el transporte escolar, partiendo desde el comienzo de la presente legislatura. Ha recordado que el primer intento de impulsar un concurso público se produjo en 2021, con la presentación de los pliegos para tal fin. Dichos pliegos fueron recurridos por las empresas de transporte -un total de 14 recursos-, originando que el OARC -Órgano Administrativo de Recursos Contractuales-, suspendiera el concurso público hasta su resolución. A estos primeros recursos le acompañaron varios más a lo largo de los siguientes años, hasta un total de 27 recursos. Ese hecho había imposibilitado que la licitación siguiera su curso, motivando que en los cursos precedentes el Departamento de Educación resolviese el transporte escolar a través de la continuación en la prestación de los servicios por parte de las mismas empresas.
De cara a este curso, y tras la resolución de los últimos recursos por parte del OARC -en los que señalaba una clara intencionalidad de las empresas en dilatar el proceso de licitación-, el Departamento de Educación pudo finalmente avanzar en la licitación. Sin embargo, al finalizar el plazo para la presentación de ofertas -entre el 13 y el 20 de julio, dependiendo del territorio-, en el momento en el que la Comisión Central de Contratación (CCC, adscrito al departamento de Economía y Hacienda) inició el proceso de resolución, se constató que eran pocas las empresas que decidieron participar, especialmente en Bizkaia y en Araba. Ante ese hecho, a finales de julio se les ofreció a las empresas la posibilidad de continuar prestando el mismo servicio que en el curso anterior con las mismas condiciones económicas (el curso pasado se aplicó un incremento del 24,1% en el coste del servicio) en aquellas rutas que estaban desiertas. A los pocos días se pudo comprobar que mientras la práctica totalidad de las rutas de Gipuzkoa se habían resuelto, la situación era totalmente opuesta en Bizkaia y Araba.
Contraste jurídico
A falta de pocas semanas para el inicio del curso, el Departamento de Educación consideró conveniente profundizar en el análisis jurídico que garantizara la prestación del servicio desde el primer día. Por ese motivo, a comienzos de agosto se decidió contratar al bufete Cuatrecasas, una firma de reconocido prestigio, que pudiera reforzar el análisis jurídico del Gobierno Vasco ante la posición de las empresas que venían siendo asesoradas por el bufete de abogados Garrigues, entre otros. Dicho trabajo era absolutamente ajeno a la resolución de la licitación, y se limitaría a estudiar las diferentes opciones jurídicas existentes para garantizar el servicio escolar.
Durante su explicación, el consejero Bildarratz ha señalado que el hecho de que uno de los abogados de Cuatrecasas asesorase jurídicamente a una empresa de transporte en nada afectaba al trabajo solicitado. El trabajo jurídico iba únicamente destinado a lograr que las empresas que no querían prestar el servicio lo hicieran finalmente. Esta contratación ni repercutió ni interfirió en las empresas que -al igual que URPA-, ya habían presentado unas ofertas que ya se estaban tramitando a través del CCC.
Como elemento a destacar, Jokin Bildarratz ha citado la reunión celebrada el pasado 22 de agosto. Ese día, y convocadas por el Departamento de Educación, representantes de todas las empresas de transporte escolar tuvieron la oportunidad de participar en una reunión en la que se analizó la situación. En dicho encuentro, el viceconsejero de Administración y Servicios informó de la presencia de un representante de Cuatrecasas, a quien, según dijo, se le solicitó su colaboración. Un hecho que fue posteriormente recogido en el acta, con absoluta transparencia.
Durante la reunión, el Departamento de Educación comunicó la posibilidad de aprobar una Orden de obligado cumplimiento, ante el riesgo de que la postura de las empresas no garantizara la prestación del servicio escolar. Dicha Orden se aprobó el 1 de septiembre y entró en vigor el día 5, dos días antes de inicio oficial del nuevo curso escolar.
A pesar de la vigencia de la Orden, empresas del transporte escolar de Bizkaia y Araba rechazaron la prestación del servicio, afectando directamente a cerca de 7.500 estudiantes con derecho a transporte. Finalmente, y motivado por un acercamiento entre el Departamento de Educación y el sector del transporte escolar, las empresas retomaron el servicio como paso previo a iniciar un proceso de diálogo en el que abordar propuestas de mejora de cara a la próxima licitación para el curso 2024-2025.
