El Gobierno Vasco aprueba en consejo el II Plan Estratégico de Servicios Sociales, con una inversión de 1.491 millones de euros en 2025 (Consejo de Gobierno 3-10-2023)
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta de la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa, el II Plan Estratégico de Servicios Sociales del País Vasco para el periodo 2023-2026, con el objetivo de planificar las prestaciones, servicios, programas y otras actuaciones necesarias para alcanzar la máxima eficacia y eficiencia en el Sistema Vasco de Servicios Sociales.
El plan prevé situar el gasto corriente público del Sistema Vasco de Servicios Sociales en 1.491 millones de euros anuales en 2025 y en 1.695 millones de euros para 2030. Estas cuantías se han estimado tomando en cuenta las necesidades de financiación y evolución del contexto social.
A diferencia del anterior Plan Estratégico, centrado en consolidar y desplegar el Sistema Vasco de Servicios Sociales, garantizando el acceso a los beneficios y servicios del sistema (especialmente en medio de una crisis financiera), el plan actual se orienta a adaptar los recursos al envejecimiento de la sociedad vasca, teniendo en cuenta el impacto demográfico que producirá la generación del baby boom en la próxima década.
Además, se ha orientado a responder a las situaciones urgentes surgidas de la pandemia, con un enfoque especial en los cuidados sociales, particularmente aquellos de responsabilidad pública.
El plan busca adaptar los servicios sociales a las transiciones demográficas y sociales mediante proyectos clave y establece cinco objetivos estratégicos:
El plan incluye un mapa de Servicios Sociales que dimensiona el sistema en términos de plazas, personas usuarias y horas de Servicio de Ayuda a Domicilio, entre otros.
Principales aportaciones
El nuevo documento recoge las aportaciones de diferentes agentes al borrador presentado este mismo año. Así, el texto introduce aportaciones del Consejo Vasco de Servicios Sociales; la Confederación Empresarial Vasca (Confebask); la Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual (FEVAS-Plena Inclusión Euskadi); la Red de lucha contra la pobreza y la exclusión social (EAPN); la Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco (Gizatea); la Asociación Empresarial del Tercer Sector de Intervención Social de Euskadi (Hirekin); y la Federación de Salud Mental Euskadi (Fedeafes).
Uno de los puntos esenciales introducidos es la apuesta por la inclusión, enfatizando en la transversalidad de los apoyos y en el impulso al modelo de vida independiente, especialmente para personas con discapacidad.
Se han incorporado, asimismo, referencias a normas internacionales y estatales sobre los derechos de las personas con discapacidad, enfatizando la importancia de una gestión pública directa y una cooperación efectiva.
Se ha buscado reforzar la atención a personas jóvenes con enfermedad mental y proporcionar respuestas adecuadas a las personas con discapacidad intelectual, haciendo mención especial a la necesidad de que el sistema de Salud se ocupe más ampliamente de las personas con problemas de salud mental.
Se ha destacado la relevancia de la atención residencial, considerando el envejecimiento de las personas con discapacidad, la calidad de atención en centros y la cooperación público-privada.
A esto se suma la preocupación por los objetivos en el ámbito de la exclusión y la necesidad de hacer una revisión sobre las prestaciones económicas.
Se reconoce la importancia de considerar a las mujeres mayores cuidadoras, así como de adoptar un enfoque preventivo frente a problemas como la pobreza grave, la desigualdad y el sinhogarismo.
La pandemia ha dejado una huella evidente, influyendo en las necesidades sociales y en el coste de los suministros. También se destacan la formación en cuidados y el impulso de la cultura de evaluación.
Por otro lado, se establecen puntos clave como la necesidad de establecer mecanismos de coordinación con el Sistema Vasco de Servicios Sociales, clarificar conceptos sobre la atención residencial y comunitaria, así como garantizar una financiación sostenible para ejecutar acciones, desarrollar los servicios y facilitar prestaciones.
En resumen, las modificaciones buscan garantizar una atención inclusiva, eficaz y coordinada, considerando los derechos y necesidades de las personas, y alineándose con los objetivos gubernamentales y de desarrollo sostenible.
