El Gobierno Vasco recurrirá ante el TC la Ley estatal por el Derecho a la Vivienda por invasión de competencias (Consejo de Gobierno 26-7-2023)
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El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el acuerdo que autoriza la interposición ante el Tribunal Constitucional (TC) de un recurso de inconstitucionalidad contra varios preceptos de la Ley estatal 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda. En base al informe elaborado por el Servicio Jurídico central, el Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno considera que el Estado vulnera competencias de Euskadi en materia de vivienda. En concreto, se recurren un total de 7 artículos de la Ley estatal por el Derecho a la Vivienda, una disposición transitoria, una disposición adicional y dos disposiciones finales.
El informe jurídico pone de manifiesto que con la nueva ley el Estado viene a normar sobre asuntos concretos que no están regulados en la legislación vasca pero que son competencia de Euskadi. De este modo, ocupa nuestro espacio para poder desarrollar políticas propias en materia de vivienda, generando, al mismo tiempo, inseguridad jurídica sobre la normativa a aplicar. Se trata de la imposición a Euskadi de ciertas medidas y medios para llevarlas a cabo en aspectos de materia de vivienda que son competencia exclusiva de esta comunidad autónoma.
El Departamento dirigido por la consejera Olatz Garamendi considera que el Estado se adentra en aspectos que no le corresponden y que son de la exclusiva competencia autonómica. Pretende ser el único poder público que defina la función social de la vivienda, o regular en profundidad las acciones públicas promotoras de vivienda o la política pública de acceso a la vivienda. De este modo, a la Comunidad Autónoma Vasca solo le queda ser mera ejecutora. La competencia normativa vasca en materia de vivienda queda vaciada completamente.
Ley vasca de Vivienda
El informe jurídico señala además que el Estado ha aprobado una ley por el derecho a la vivienda cuyo contenido en gran medida se encuentra recogido y está bien regulado con carácter previo por la CAV, a través de la Ley Vasca 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda. Esta ley aprobada por el Parlamento Vasco fue validada por el Tribunal Constitucional, que confirmó la competencia de Euskadi para la aprobación de la ley vasca.
La norma estatal establece reservas de suelo destinadas a VPO en un alto porcentaje, vulnerando la jurisprudencia constitucional al respecto. También hay una contradicción entre leyes en cuanto al destino necesario del patrimonio público del suelo, en tanto que la norma estatal establece que las cesiones de suelo libres de cargas de urbanización han de ir, en exclusiva, dirigidas a construcción de viviendas sociales, mientras que la ley vasca permite otros destinos. Por ello, queda limitada la capacidad de decisión de Euskadi en políticas de su competencia exclusiva.
En cuanto a la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, la regulación del Estado viene a ocupar el espacio que ha de llenar el desarrollo de la normativa vasca, según la capacidad que competencialmente tiene Euskadi para establecer su propio modelo en esta materia. Cierra la posibilidad de tal desarrollo y, además se reserva funciones ejecutivas.
El Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno entiende que el Estado está negando la posibilidad a la sociedad vasca de ser, a través de sus representantes elegidos democráticamente, dueña de su propio modelo en política de vivienda. De manera deliberada, en esa estrategia recentralizadora se está obviando que en el Estado existen realidades diferentes y gestiones muy diferenciadas en este ámbito en concreto, ya que Euskadi, por ejemplo, si atendemos a los números absolutos, se sitúa como la Comunidad Autónoma que más VPO ha construido, solo por detrás de Andalucía, comunidad que cuadriplica nuestra población.
Este Departamento aboga por la defensa del Autogobierno vasco, de la capacidad de la ciudadanía vasca para establecer su propio camino en aquello que tiene reconocido por ley y todo ello desde las instituciones vascas, sin injerencias. Asimismo, subraya la importancia de proteger el espacio reconocido al Gobierno Vasco, en concreto, al Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transporte, para definir y materializar las políticas de vivienda y continuar, así, trabajando en un marco propio, acordado aquí, entre ciudadanas y ciudadanos de Euskadi, para las y los ciudadanos de Euskadi, en base a su propia realidad y sus necesidades.
