La Vicelehendakari Mendia pide la retirada de la Guía de Competencia sobre el mercado laboral
La Vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, ha pedido la retirada y no aplicación por parte de la Administración vasca de la 'Guía práctica sobre la incidencia de la competencia en el mercado laboral' publicada por la Autoridad Vasca de la Competencia el pasado mes de mayo, y que parte de cuestionar la negociación colectiva, protegida por una Ley orgánica como es el Estatuto de los Trabajadores, además de no haber tenido en cuenta en su elaboración ni a los agentes sociales ni a la propia Autoridad Laboral, que es la que garantiza el cumplimiento de la legalidad laboral.
La Guía publicada el pasado mes de mayo, se justifica en "la problemática que, a la luz del Derecho de la competencia, puede derivarse de una serie de actuaciones que típicamente se dan entre los distintos actores sociales al amparo de la normativa laboral. Poniendo de manifiesto e identificar conductas potencialmente limitativas de una competencia efectiva en el mercado laboral y dar una serie de pautas o recomendaciones con el fin de que los operadores económicos eviten o, en su caso, rectifiquen las prácticas que, en el mercado laboral, reducen la competencia a fin de garantizar una mayor competencia entre las empresas".
La Vicelehendakari ha expresado "el malestar, la discrepancia y la preocupación" por este tipo de afirmaciones en una Guía que "se remite a meras cuestiones sobre competencia obviando el resto de la legislación, entre ellas y de forma especialmente significativa la laboral, pero también la relativa a las contrataciones públicas, que afecta y obliga a las empresas que quieren contratar con la Administración Pública".
Garantizar la negociación colectiva y la legalidad laboral
En una carta remitida para conocimiento de la Autoridad Vasca de la Competencia, Mendia recuerda que los convenios colectivos son una fuente de legislación laboral y fuente de derechos protegidos por el artículo 35 de la Constitución Española que se desarrollan en el 82 del Estatuto de los Trabajadores. El control de la legalidad de dichos convenios lo realiza la Autoridad Laboral, en el caso de Euskadi la Dirección de Trabajo y sus Delegaciones Territoriales. "Y es en el marco del estudio de legalidad donde se establece la adecuación o no a la legislación vigente de un convenio colectivo incluyendo los contenidos que la guía cuestionada analiza: jornada, horarios, prohibición o no de contratación con ETT y otras. Y, si tras ese primer control, alguna entidad considerara que un convenio colectivo contradice una norma de carácter obligacional se podría acudir a la vía jurisdiccional a fin de determinar su legalidad o no", explica la Vicelehendakari.
Mendia señala además que la Guía se ha realizado sin la participación de los agentes sociales, representantes de los trabajadores y de los empresarios, "únicos legitimados para la negociación y acuerdo de los convenios colectivos y que constituyen la expresión del acuerdo libremente adoptado por ellos en virtud de su autonomía colectiva", y advierte de la "posición ideológica concreta" que se deriva del documento, en la que "se obvia que el objetivo de la mejora de las condiciones laborales es un objetivo de país, y un objetivo del Plan de Gobierno que apuesta por el empleo de calidad", lo que se consigue a través de la negociación colectiva.
Por todo lo anterior, "esta Vicelehendakari, en el ámbito de las competencias que tiene atribuidas, considera necesario dejar constancia ante esta Autoridad que la 'Guía' publicada se extralimita en las funciones que tiene encomendada la Agencia dando una visión parcial de la legislación, es decir, sin tener en cuenta la legislación laboral que construye nuestras relaciones laborales, ni la protección de otros bienes jurídicos como puede ser la seguridad y salud en el trabajo, o la mejora de las condiciones de vida". "Una visión que induciría a que las propias Administraciones Públicas incumplieran su propia normativa y, como la obligación de velar por los derechos de las personas trabajadoras, ejecutar la legislación laboral tal y como prevé el Estatuto de Autonomía, y anular el valor de los acuerdos de la Mesa de Diálogo Social, tal y como tiene comprometido hacer este Gobierno en su Programa de legislatura", añade.
En consecuencia, la Vicelehendakari deja constancia de la "discrepancia radical", solicita su inmediata retirada, y reclama que no sea tenida en cuenta por la Administración vasca, por cuanto se entiende que los criterios que recoge son contrarios al espíritu y la letra del Programa de Gobierno, así como a la legislación laboral vigente y porque sobrepone un supuesto interés empresarial por encima de los avances en protección de derechos laborales de las personas".
