Consejero Javier Hurtado: "Con la nueva Ley de consumo de Euskadi podremos publicar los nombres de empresas infractoras, de cláusulas abusivas y de algunas reclamaciones"
Hoy se ha aprobado en el Parlamento Vasco la Ley de Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias, a partir del proyecto de Ley presentado por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco. El Consejero Javier Hurtado ha comparecido para explicar una Ley "moderna y pionera en algunos aspectos" y que obedece a la necesidad de adaptarse al nuevo escenario social y normativo caracterizado por "los cambios en los hábitos de consumo, las modificaciones legislativas en el ámbito estatal y europeo y la propia creación de Kontsumobide hace 11 años y cuyo papel debemos seguir fortaleciendo".
La Ley refuerza los derechos de las personas consumidoras y usuarias, haciendo hincapié en la protección de personas vulnerables. Para ello, habilita mecanismos que fortalecen la mediación, la inspección y la sanción, e impulsan el consumo responsable.
En primer lugar, a través de una mayor protección de derechos relacionados con la información. Por ejemplo, en los servicios de interés general (agua, electricidad, gas, teléfono o Internet) las empresas deberán ofrecer un plazo de subsanación de 30 días antes de interrumpir la prestación. Asimismo, deberán contar con un teléfono gratuito, que en el caso de otro tipo de empresas será de tarifación regional. En este sentido, es importante remarcar que, cuando se dé atención telefónica o electrónica, aunque convivan con métodos automáticos, siempre debe prestarse atención personal directa.
Como elemento pionero, la nueva ley obligará a empresas de servicios a ofrecer información, con carácter previo a su contratación, sobre las incidencias por obras de mantenimiento, gran afluencia de personas o condiciones meteorológicas, que puedan afectar a su uso (autopistas, parques temáticos...).
En segundo lugar, la Ley refuerza el papel de la mediación, y el arbitraje de consumo, impulsando los códigos de buenas prácticas empresariales y posibilitando la participación de Kontsumobide en ellos. Igualmente, la adhesión al sistema arbitral de consumo se marca como regla general de aplicación en el sector público y en la contratación pública y se valorará en la concesión de ayudas, subvenciones y premios de calidad.
Un tercer aspecto es el fortalecimiento del control de mercado con novedades relevantes. Se refuerza la inspección de consumo y se autorizará al personal inspector a no identificarse, cuando por tal motivo pueda frustrarse la finalidad de su actuación.
De igual forma, en el ámbito sancionador, Kontsumobide podrá acordar en sus sanciones a las empresas que devuelvan las cantidades cobradas indebidamente a las personas consumidoras, e incluso se pueda indemnizar por los daños y perjuicios ocasionados por la comisión de la infracción. Además de la sanción administrativa, se determinará el importe de la devolución o indemnización, que podrá hacerse efectiva por la propia administración, con el fin de reforzar la protección de la persona consumidora.
La ley, además, prevé que pueda darse publicidad a las infracciones que hayan cometido las empresas en los últimos tres años, a las cláusulas abusivas de empresas sancionadas y a las propias reclamaciones en este caso para garantizar la salud, seguridad o intereses de las personas consumidoras.
Por último, la Ley busca la promoción del consumo responsable con criterios de racionalidad y sostenibilidad. Se trata de fomentar un consumo moderado, informado, reflexivo y consciente, con especial atención a la preservación del medio ambiente, la calidad de vida, y un desarrollo socioeconómico individual y colectivo responsable. Esto incluye la lucha contra el despilfarro alimentario, con medidas como el suministro de agua gratuito en los establecimientos de restauración, así como la reducción del impacto de plásticos y el fomento del producto local y de Km0.
