El Parlamento Vasco aprueba sin oposición la ley que regula los procesos sancionadores en las infracciones administrativas
El Parlamento Vasco ha aprobado hoy la Ley de Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas Vascas que regula la capacidad sancionadora de las diferentes administraciones. La norma pretende asegurar un ejercicio garantista de la facultad que tienen las administraciones de castigar los incumplimientos legales de normas administrativas, por ejemplo, multas y otro tipo de sanciones en casos de infracciones administrativas en materia de consumo, medioambiental, sanidad... A tal fin, refuerza la seguridad jurídica y las garantías de la ciudadanía en los procesos sancionadores de los que puede ser objeto. La ley ha contado con un amplio respaldo de la Cámara, ya que además de los grupos parlamentarios EAJ/PNV y PSE-EE, también EH Bildu ha apoyado la norma. Ninguno de los grupos se ha opuesto al texto ya que Elkarrekin Podemos-IU, PP+Cs y Vox se han abstenido.
La ley ha sido promovida por el Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno cuya consejera, Olatz Garamendi, ha defendido durante el pleno la necesidad de un nuevo texto actualizado respecto de la ley anterior que databa de 1998. "Nadie duda de que debemos contar con una norma que recoja las reglas generales para el ejercicio de la potestad sancionadora y que establezca un único procedimiento sancionador para las administraciones públicas vascas, atendiendo a las peculiaridades de nuestra comunidad", ha señalado.
La norma regula todos los aspectos de la sanción, como la determinación de las personas responsables, las causas de exención de la responsabilidad, las circunstancias modificativas de la responsabilidad o la determinación de las sanciones y decomisos. También regula las indemnizaciones, el fraccionamiento, suspensión, reducción, sustitución, prórroga o prescripción de la sanción, las medidas cautelares, la extinción de responsabilidades o la conmutación de la sanción.
El objeto del texto es la revisión del procedimiento sancionador y su actualización al proceso general de digitalización y se ajusta a lo establecido en otras leyes aprobadas tras la entrada en vigor del anterior texto. Como novedad, incluye su aplicación también a los procedimientos sancionadores tramitados por las entidades locales, siempre de acuerdo con los criterios establecidos en la legislación de régimen local.
Recoge más novedades como las que afectan al ámbito de la responsabilidad o también al carácter educativo de la sanción frente a lo meramente sancionador y punitivo. Así, por ejemplo, cuando la persona menor de edad o con algún tipo de discapacidad cometa una infracción administrativa, las administraciones públicas deberán tener en cuenta el interés superior a proteger y, por ejemplo, proponer alternativas a la sanción, como actos de conciliación o reparación entre las personas infractoras y sus víctimas.
Además, de cara a dotar de mayores garantías, y tras la propuesta de instrucción que estimará si existe o no infracción, las personas interesadas podrán ahora realizar sus alegaciones a la vista de la valoración que realiza quien instruye el procedimiento. Asimismo, la ley actualiza la terminología jurídica del texto en euskera.
Garamendi ha agradecido la actitud de los grupos parlamentarios en la tramitación de la norma que, si bien no han planteado cambios estructurales en la propuesta del Gobierno Vasco, han hecho aflorar su visión a través de diferentes propuestas que han acabado enriqueciendo el propio texto, dotándolo de mayor coherencia y solidez. Garamendi ha agradecido expresamente a EH Bildu por "su explícita disposición favorable ante esta ley que regulará la sanción".
