Garamendi denuncia una "caza de brujas" contra el Gobierno y destaca que el Parlamento Vasco propuso y aprobó el instrumento legal para el paso de los ex cargos a la empresa privada a través de un órgano independiente
s públicos del Gobierno Vasco que se han incorporado a la empresa privada. Olatz Garamendi ha destacado la autonomía con la que trabaja el órgano encargado de dirimir sobre posibles incompatibilidades y ha denunciado que, "por motivos ajenos al interés general, haya quien ahora pretenda prescindir de todo el sistema y pretenda exigir, directamente, responsabilidades políticas a todo el Gobierno", señalando que "no cabe caza de brujas alguna".
Ha subrayado que fue el propio Parlamento Vasco el que, con un amplio consenso, dotó del instrumento legal para afrontar situaciones de conflicto de intereses y compatibilidad de ex cargos públicos que se van a incorporar a la actividad privada. Tras recordar que el legislativo aprobó la Ley 1/2014 que regula el Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de loa Cargos Públicos (que posteriormente fue desarrollada en un Decreto en 2016), la Consejera ha señalado que la norma determina que el Servicio de Registro de Personal es el único órgano responsable de la gestión de los expedientes de conflictos de intereses.
Fue precisamente la Cámara vasca la que designó al Registro de Personal para que se encargara con plena autonomía de la gestión de los asuntos implicados en los expedientes de compatibilidad y de las obligaciones que al respecto tuvieran los cargos públicos, debiendo guardar secreto respecto a los datos que conozcan su personal en el ejercicio de sus funciones.
Abundando en este argumento, ha explicado que la normativa en vigor "garantiza que el tratamiento de los datos y el análisis queden sujetos a un órgano técnico, con plena autonomía, al frente del cual se encuentra una persona funcionaria pública y es este órgano el que decide si eleva la propuesta de resolución de los expedientes que se tramitan para su firma a la Consejera".
Garamendi ha comparecido esta mañana ante la Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad del Parlamento Vasco a petición de Vox que ha reclamado a la Consejera explicaciones sobre las autorizaciones concedidas a cinco ex altos cargos del Gobierno Vasco para trabajar en la empresa privada. Durante su intervención ante los parlamentarios, Garamendi, que ha estado acompañada del Viceconsejero de Función Pública, José María Armentia, ha pedido respeto al personal funcionario que, en este caso, se ocupa del seguimiento del régimen de compatibilidades de los ex cargos públicos y también para las personas que desempeñaron y desempeñan cargos públicos en Euskadi, y sobre los que desde algunos sectores se está levantando una sombra de sospecha con acusaciones de beneficiarse de lo que denominan 'puertas giratorias'.
Esgrimiendo la Ley en vigor, la responsable del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno ha negado que, como se ha señalado desde algunos ámbitos, los ex cargos tengan prohibido trabajar en la privada en los dos años siguientes a su cese. En este sentido, ha señalado que la única prohibición contemplada en la ley 1/2014 es la prohibición singular de no poder incorporarse a la empresa privada con la que el cargo público haya mantenido una relación directa durante su anterior desempeño. Ha aclarado que no es cierto que la Ley "imponga una prohibición general del cese de un cargo para que pueda incorporarse al mercado de trabajo en una empresa privada".
También ha negado que la norma impida o prohíba la incorporación a la empresa privada hasta que el Registro de Personal no le contesté. "La Ley dice que, si no se le requiere o no se le comunica algo en relación con su intención de acceder a una empresa privada, puede incorporarse a la empresa privada", ha apuntado. En este sentido, ha precisado que la falta de una propuesta de resolución por parte del Registro de Personal no tiene por qué suponer una oscura concesión de un trato de favor.
Garamendi ha destacado el compromiso del Gobierno Vasco por la transparencia en la administración pública y ha recalcado que precisamente gracias a ello ha sido posible ahora la divulgación de la información por la que ha sido cuestionada en el Parlamento Vasco: "En sí mismo, eso es un síntoma del compromiso de este Gobierno con la pulcritud en la buena gobernanza".
La Consejera ha finalizado su intervención proponiendo una reflexión fuera del interés cortoplacista en torno a este asunto: "Si queremos que las personas cargos públicos sean lo más duchas posibles en la materia sobre la que van a asumir una responsabilidad; si, además, sometemos a las personas, no solo al sano ejercicio del control político, sino al más absoluto escarnio y juicio público; y si, finalmente, prohibimos a estas personas desempeñar una labor en el ámbito del que provienen, o en cualquier otro ámbito del sector privado... ¿En qué clase de páramo quieren convertir ustedes a la Administración Pública?".
