El Gobierno aprueba el proyecto de Ley de Transparencia, una norma que culmina el concepto de transparencia en su globalidad
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- La ley tiene tres objetivos principales: garantizar la transparencia de la administración; promover la participación de la ciudadanía y facilitar la rendición de cuentas de las acciones e iniciativas desarrolladas en cumplimiento de cada programa de Gobierno
- Olatz Garamendi: "esta ley pretende ser un instrumento más de compromiso con la ciudadanía con el objetivo de mejorar la eficacia y la eficiencia de las políticas públicas, así como una herramienta con la que generar una mayor identificación de la ciudadanía con éstas"
El portavoz del Gobierno Vasco y consejero de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiria, ha comparecido en la rueda de prensa habitual tras el Consejo de Gobierno junto a la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi.
PROYECTO DE LEY DE TRANSPARENCIA DE EUSKADI
La consejera Garamendi ha comparecido hoy en la rueda de presan para dar cuenta del proyecto de Ley de Transparencia de Euskadi aprobado hoy. Según ha explicado, este proyecto de ley impulsado y trabajado por el Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno viene a culminar el concepto de transparencia en su globalidad y tiene como objetivo: la transparencia de la administración ante la ciudadanía, estimular la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, y facilitar la rendición de cuentas en tiempo real de las acciones e iniciativas desarrolladas en cumplimiento de cada programa de Gobierno. A esta norma se le han incorporado mayores obligaciones de publicidad activa que los que existen actualmente para que las administraciones públicas den cuenta de las decisiones que toman y cómo las adoptan, cómo se organizan los servicios y quiénes son las personas responsables de sus actuaciones, o todo lo referido a la utilización de fondos públicos.
Asimismo, la consejera Garamendi ha explicado que esta ley crea la Autoridad Vasca de la Transparencia-Gardena, como órgano de garantía ante el que se podrá reclamar cuando se deniegue el acceso a la información o no se esté conforme con la información proporcionada. Y se implementará también, a través de Gardena, el sistema europeo de protección de las personas informantes y de la lucha contra la corrupción. "Esta ley pretende ser un instrumento más de compromiso con la ciudadanía con el objetivo de mejorar la eficacia y la eficiencia de las políticas públicas, así como una herramienta con la que generar una mayor identificación de la ciudadanía con éstas" ha concluido la consejera.
ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO
Como es habitual, el portavoz Bingen Zupiria, ha informado sobre otros temas tratados y aprobado en el Consejo de Gobierno.
El portavoz, en primer lugar, ha explicado que tal y como se plantea en la Ley de Contratos Públicos, el Gobierno ha tenido conocimiento en la reunión de hoy del Plan Anual de Contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el próximo año. Este plan prevé que se realicen 223 contratos públicos por un valor estimado de 292M€ y recoge la programación que los diferentes departamentos. En palabras del portavoz "la Ley de Contratos del Sector Público señala que será obligación de las entidades del sector público programar la actividad de contratación que tengan que desarrollar durante un ejercicio presupuestario, por lo que tienen que dar a conocer su plan de forma anticipada en lo que se refiere al menos a los contratos con una regulación armonizada, es decir, los que superen los umbrales de cantidad económica y que están sometidos a las Directivas Europeas".
Asimismo, el portavoz ha dado a conocer que el Gobierno Vasco y las Cámaras de Comercio de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa van a firmar un convenio de colaboración para la puesta en marcha de una EPSV de empleo preferente para personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas. "Este colectivo habitualmente cotiza en lo que se llama al primer pilar, es decir, por mínimos, por lo que obtiene prestaciones y pensiones reducidas" ha señalado Zupiria. Por lo que, la puesta en marcha de esta EPSV pretende propiciar una previsión social complementaria para los y las autónomas que sea eficiente, ajustada en gastos de gestión y con incorporaciones tempranas de las personas trabajadoras. Para colaborar en su puesta en marcha, el ejecutivo vasco ha acordado conceder una subvención de 100.000€ a las Cámaras de comercio vascas.
Seguidamente, el portavoz ha dado cuenta de varios programas educativos aprobados en Consejo de Gobierno, todos ellos relacionados con la Ciencia y la Investigación. Zupiria ha destacado dos. Por un lado, la orden aprobada en materia de investigación de excelencia para la realización de proyectos de investigación básica y/o aplicada en el periodo 2024-2026. Este programa cuenta con un importe global de 800.000 euros y tiene por objeto fortalecer el Sistema Comunitario de Ciencia, Tecnología e Innovación y contribuir al desarrollo de proyectos concretos de investigación básica y aplicada a través de líneas de investigación aplicada o tecnológica de calidad e interés científico y tecnológico. Y por otro lado, se ha aprobado destinar 200.000 euros para la organización de congresos y reuniones en el ámbito de las investigaciones científicas y podrán ser beneficiarios los agentes acreditados de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, cualquiera que sea su categoría.
Finalmente, Zupiria se ha referido a los temas tratados en Consejo de Gobierno en lo que respecta al Departamento de Cultura y Política Lingüística y es que, hoy se ha aprobado el informe 2022 de Elebide, el Servicio para la Garantía de los Derechos Lingüísticos. Según este informe, en 2022 se registraron en este servicio 212 incidencias relacionadas con vulneraciones de derechos lingüísticos, 65 menos que el año anterior. Del total de incidencias tramitadas, 178 fueron quejas, entre las cuales 171 (el 96%) hacían referencia al quebranto del derecho a usar el euskera y en 7 casos, a la vulneración en el uso del castellano. De todas estas quejas, el 78% se referían a vulneraciones en el ámbito público y el 21% correspondieron al ámbito privado. "Quiero comentar un punto que tiene que ver con la solución que se dio a cada una de estas quejas y, en este sentido hay que señalar que casi el 60% de las 178 quejas tuvieron una solución satisfactoria y fueron el 32% las que se cerraron sin solución por no haber respondido el reclamado a las notificaciones enviadas por Elebide. Por último, 14 quejas (7,8%) no fueron resueltas porque el ciudadano o ciudadana no consideró satisfactoria la respuesta dada por la entidad reclamada" ha explicado Zupiria.
Para terminar, en el turno de preguntas, en referencia a la Ley de Educación el portavoz ha señalado que "el documento elaborado consta de 121 artículos que han sido trabajados y consensuados uno por uno con los diferentes partidos políticos; una pequeña modificación en la exposición de motivos es lo que ha generado ahora las discrepancias; es legítimo querer subrayar las diferencias, pero no se entiende que se vote en contra de una ley por discrepancias en una frase que figura en la exposición de motivos".
En relación a las transferencias la consejera Garamendi ha explicado que su departamento se ha puesto en contacto con el recién conformado gobierno para avanzar en los traspasos contemplados en el acuerdo alcanzado.
