Madrid. Organización y funcionamiento. Pleno del Ayuntamiento. Reglamento Garantías y Depósitos

Acuerdo del Pleno, de 30 de abril de 2024, por el que se aprueba el Reglamento 1/2024, de 30 de abril, de Garantías y Depósitos en el Ayuntamiento de Madrid.

El Pleno del Ayuntamiento en la sesión (4/2024), ordinaria celebrada el día 30 de abril de 2024, adoptó el siguiente acuerdo:

"Aprobar el Reglamento de Garantías y Depósitos en el Ayuntamiento de Madrid que se adjunta como Anexo".

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.3 e) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, se procede a la publicación del texto aprobado.

Lo que se hace público para general conocimiento, indicándose que contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8.1, 10.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente en derecho (artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

ANEXO

REGLAMENTO 1/2024, DE 30 DE ABRIL, DE GARANTÍAS Y DEPÓSITOS EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID

PREÁMBULO

Con objeto de regular los distintos tipos de garantías prestadas por los interesados ante el Ayuntamiento de Madrid y sus organismos públicos, se aprobó, por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, el Reglamento sobre la Constitución, Devolución y Ejecución de Garantías en el Ayuntamiento de Madrid, la Gerencia Municipal de Urbanismo y los organismos públicos municipales, de 27 de marzo de 2003.

El Ayuntamiento de Madrid ha venido aplicando en los últimos años políticas de mejora de la regulación y de la calidad normativa, que han culminado en la aprobación de una serie de acuerdos como el Acuerdo de 15 de junio de 2017 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se aprueban las Directrices sobre el Plan Anual Normativo del Ayuntamiento de Madrid, el Acuerdo de la Junta de Gobierno del 25 de febrero de 2016 por el que se aprueban las Directrices para la elaboración del Análisis de Viabilidad de Acuerdos, Decretos y Resoluciones y el Acuerdo de la Junta de Gobierno del 3 de mayo de 2018, por el que se aprueban las Directrices sobre la Memoria de Análisis de Impacto Normativo y la Evaluación Normativa.

Paralelamente, a nivel nacional, se han aprobado normas que apuestan claramente por el incremento de la transparencia y la predictibilidad del ordenamiento jurídico. Es el caso de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC) en cuyo Título VI, se regula sobre la iniciativa legislativa y la potestad normativa de las Administraciones Públicas.

Por todo ello, con el fin de conseguir una mejora en la técnica normativa y transparencia en los procesos de aprobación de normas, el Ayuntamiento de Madrid aprobó por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 6 de febrero de 2020 el Plan de Gobernanza y Simplificación Normativa.

En la intención de unificar simplificando procedimientos y modelos de gestión, ya que no existe una normativa de general aplicación a todos los tipos y formas de garantías que puedan llegar a constituirse en favor del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos públicos, el presente reglamento se aplicará al Ayuntamiento de Madrid y a los organismos autónomos creados por el mismo, si bien conforme a los términos previstos para el sector público institucional estatal en el artículo 84 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se aplicará a cualesquiera Organismos Públicos que el Ayuntamiento de Madrid pudiera crear tales como organismos autónomos locales, entidades públicas empresariales o agencias.

El artículo 14 LPAC prevé la obligación por parte de las personas jurídicas de relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas, permitiendo elegir a las personas físicas, en todo momento, si se comunican con ellas a través de medios electrónicos, salvo que estén obligadas a ello en situaciones cualificadas.

Asimismo, este reglamento pretende establecer aquellas cautelas técnicas y jurídicas que permitan garantizar la certeza, seguridad y validez de los documentos, de la capacidad y representación bastante de los otorgantes y de las firmas en modalidad electrónica, estableciendo a tal fin que resultará de aplicación lo dispuesto en la Ordenanza Municipal de Atención a la Ciudadanía y Administración Electrónica.

Por otra parte, también se han incorporado las modificaciones normativas que se han ido produciendo a lo largo de este período en el seno de la organización municipal y en la Intervención General y que han dejado obsoleto el anterior reglamento.

En este sentido, en el Ayuntamiento de Madrid y sus organismos públicos se ha establecido un nuevo modelo de control interno, en sus facetas de función interventora y de control financiero; tal control interno es objeto de desempeño por la Intervención General del Ayuntamiento de Madrid y bajo las directrices emitidas por tal órgano.

Este reglamento se aprueba al amparo de lo previsto en el artículo 4.o de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, donde se reconoce la potestad reglamentaria y de autoorganización a los municipios en el ejercicio de sus competencias y las prerrogativas de la hacienda local. Asimismo, la Ley 22/2006, de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid, de 4 de julio, regula en sus artículos 2 y 20 dichas potestades.

En el artículo 194 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se recogen todos los recursos financieros que constituyen la tesorería local tanto en dinero, como valores y créditos derivados tanto de operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias, incluyéndose, por tanto, la gestión de garantías en valores y la de depósitos en dinero dentro del campo competencial de la entidad local.

Así, en cuanto a los principios de seguridad jurídica, necesidad y eficacia, el reglamento se ha elaborado teniendo en cuenta de manera coherente el ordenamiento jurídico aplicable, y viene motivado por la necesidad de establecer el régimen jurídico general de todos los tipos de garantías y depósitos que puedan llegar a depositarse en el Ayuntamiento de Madrid y sus organismos públicos, adaptando la normativa estatal al funcionamiento y características de este.

En cuanto al principio de proporcionalidad, el reglamento contiene la regulación imprescindible para atender la consecución de los fines propuestos, sin que se hayan introducido trámites o actuaciones innecesarias o restrictivas de derechos. De acuerdo con el principio de transparencia, en la elaboración del reglamento se han seguido los trámites de consulta pública previa e información pública, garantizando así la participación ciudadana en el proceso normativo, y se posibilitará el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa y los documentos propios de su proceso de elaboración en los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

En aplicación del principio de eficiencia, el reglamento evita cargas administrativas innecesarias y racionaliza, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos.

Parece por tanto razonable, abordar la aprobación de este nuevo reglamento para adaptar su regulación al ordenamiento jurídico vigente ya que el reglamento actual es anterior a la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid.

El reglamento consta de 37 artículos, estructurados en un título preliminar, un título I con seis capítulos, un título II, así como tres disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales.

El título preliminar recoge las disposiciones generales.

El título I regula garantías ordinarias y depósitos.

El capítulo I regula los procedimientos comunes constitución, incidencias, sustitución, cancelación y devolución, incautación y baja de garantías cuya antigüedad sea superior a veinte años.

El capítulo II regula las garantías en efectivo, constitución y devolución, prescripción y abandono.

El capítulo III regula las garantías mediante aval, requisitos de las garantías mediante aval y requisitos de las entidades avalistas.

El capítulo IV regula las garantías mediante seguro de caución, requisitos de las garantías mediante seguro de caución y requisitos de las entidades aseguradoras.

El capítulo V regula las garantías mediante valores de deuda pública, requisitos, constitución, contenido de los certificados de legitimación, cancelación y devolución, e incautación.

El capítulo VI regula los depósitos, modalidades y régimen jurídico, constitución, devolución y pago, prescripción y abandono.

El título II regula las modalidades extraordinarias de garantías.

Respecto de las tres disposiciones adicionales, la primera establece anuncios de prescripción y abandono y renuncia de garantías, la segunda los modelos de garantías y la tercera el lenguaje no sexista.

Además, este reglamento incluye cinco disposiciones transitorias, la primera recoge el régimen jurídico de las garantías constituidas con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de este reglamento, la segunda los procedimientos en tramitación, la tercera recoge la baja de garantías constituidas cuya antigüedad sea superior a veinte años, la cuarta el archivo o destrucción de documentación de garantías canceladas y la quinta recoge la vigencia de los modelos de presentación de documentos ante la Caja.

Por último, se han incluido una disposición derogatoria única que establece la derogación normativa y cuatro disposiciones finales, la primera disposición final establece el título competencial, la segunda recoge la interpretación y desarrollo del reglamento, la tercera las reglas de supletoriedad y la cuarta su publicación, entrada en vigor y comunicación.

TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.—El presente reglamento regula el régimen jurídico de las garantías y depósitos que deban constituirse en favor del Ayuntamiento de Madrid y de sus organismos públicos.

Art. 2. Ámbito de aplicación.—El presente reglamento será de aplicación preferente a las normas municipales e instrucciones de servicio en las que se imponga la obligación de constituir cualquier tipo de garantía o depósito.

No obstante, en las garantías que deban constituirse en los procedimientos de contratación será de aplicación la normativa de contratación pública y en los procedimientos de aplicación de tributos e ingresos de derecho público se aplicará la normativa reguladora de aquellos.

Art. 3. Definiciones.—1. A los efectos de este reglamento se entiende por:

a) Garantía: la que deba ser presentada en la Caja, mediante alguno de los títulos o valores previstos en este reglamento, con el fin de asegurar el cumplimiento de obligaciones.

b) Depósito: el que deba ser presentado en dinero para su custodia en la Caja, de acuerdo con lo previsto en este reglamento.

c) Caja: Unidad administrativa encargada de la gestión y custodia de las garantías y depósitos.

En el Ayuntamiento de Madrid se entenderá por tal la Caja de la Tesorería y en sus organismos públicos tendrá tal condición la unidad que desempeñe dichas funciones según su normativa.

Para los supuestos recogidos en el título II se entenderá por Caja el ente u órgano municipal con competencia en materia de aplicación del ingreso público garantizado.

d) Órgano gestor: órgano competente para la resolución del procedimiento en el cual surge la obligación garantizada.

e) Constituyente: persona que constituye la garantía en efectivo o en valores.

f) Garante: persona que garantiza el cumplimiento de la obligación del garantizado mediante aval o seguro de caución.

g) Garantizado: persona en nombre de la cual se constituye una garantía mediante aval o seguro de caución.

h) Depositante: persona que constituye el depósito.

i) Beneficiario: persona que debe recibir el depósito.

j) Propietario: persona titular del efectivo o de los valores en que se constituye la garantía o el depósito.

2. Las referencias que este reglamento realice a la "Tesorería" se entenderán realizadas a la Tesorería del Ayuntamiento de Madrid o al órgano competente en sus organismos públicos.

Art. 4. Actuaciones de los interesados, representación y poderes.—Las actuaciones de los interesados en los procedimientos regulados en este reglamento serán suscritas por estos o sus representantes, con sujeción a las normas generales de procedimiento administrativo. En caso de firma electrónica, se estará a lo regulado en la Ordenanza de Atención a la Ciudadanía y Administración Electrónica del Ayuntamiento de Madrid de 26 de febrero de 2019.

La representación para el desarrollo de actuaciones ante la Tesorería se realizará en los términos previstos en el artículo 58 de la Ordenanza de Atención a la Ciudadanía y Administración Electrónica.

No obstante, la Asesoría Jurídica podrá establecer la aceptación del bastanteo de poderes realizados por otras Administraciones públicas.

Art. 5. Modelos de garantías.—1. Todas las garantías que sean constituidas en favor del Ayuntamiento de Madrid y de sus organismos públicos deberán serlo con arreglo a los modelos aprobados por el órgano competente que serán de uso obligatorio por los interesados.

2. Cuando los interesados pretendan constituir garantías en modelos diferentes a los previstos en el apartado 1, la Caja requerirá al interesado para que, en plazo de diez días, subsane el defecto advertido, con la indicación de que, si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la LPAC.

Art. 6. Exigibilidad de las garantías.—1. Los interesados vendrán obligados a constituir garantías ante la Caja en los supuestos y por los importes establecidos en la normativa aplicable y en los actos administrativos aplicativos de aquella.

2. El órgano gestor deberá requerir al interesado el cumplimiento de la obligación de constituir la garantía con indicación de su importe.

Art. 7. Modalidades de las garantías.—1. Las garantías que deban constituirse ante la Caja responderán a algunas de las siguientes modalidades ordinarias:

a) Efectivo, conforme a lo que dispongan a tal efecto las bases de ejecución del presupuesto de cada ejercicio. Las garantías en efectivo se constituirán en euros y no devengarán interés alguno.

b) Avales prestados por entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito o sociedades de garantía recíproca.

c) Seguros de caución otorgados por entidades aseguradoras.

d) Valores de deuda pública emitida por el Estado o por el Ayuntamiento de Madrid.

2. En los supuestos establecidos en el Titulo II se admitirán además de las previstas en el apartado 1 de este artículo las modalidades extraordinarias de garantía contenidas en el artículo 31 cuando se cumplan las condiciones de admisibilidad establecidas en tal Titulo II.

3. En la normativa reguladora de la obligación garantizada o en el Convenio suscrito en el cual se establezca la obligación a garantizar se podrán establecer modalidades especiales de constitución de garantías distintas de las reguladas en los apartados anteriores de este artículo; en tal caso la constitución y custodia de las garantías en modalidad especial se sujetarán a lo dispuesto en la normativa general que regule la modalidad de garantía y por lo dispuesto en la normativa o convenio regulador de la obligación garantizada.

TÍTULO I

Garantías ordinarias y depósitos

Capítulo I

Procedimientos comunes

Art. 8. Procedimiento de constitución de garantías.—1. Las garantías que deban constituirse en favor del Ayuntamiento de Madrid o de sus organismos públicos se presentarán ante la Caja.

No obstante, las garantías provisionales en procedimientos contractuales se presentarán ante el órgano de contratación, excepto las que se constituyan en efectivo.

2. Los actos de control interno en el procedimiento de constitución de garantías y depósitos se realizarán de modo simultáneo al registro contable conforme a lo que se establezca por la Intervención General a través de las directrices emitidas por la misma.

No obstante, la constitución de la garantía provisional únicamente se registrará contablemente si el órgano de contratación acordara su ejecución. En estos casos, el registro contable de la constitución de la garantía provisional se realizará con carácter previo a su ejecución total o parcial.

3. La fecha de constitución de las garantías mediante avales, seguros de caución o valores de deuda pública será aquella en la que el interesado presente la documentación necesaria en cada caso en el Registro Electrónico General del Ayuntamiento de Madrid en los términos previstos en la ordenanza en materia de atención a la ciudadanía y administración electrónica. Ahora bien, el órgano competente podrá establecer la obligación de presentación de garantías en modalidad distinta del efectivo a través de Registros Electrónicos específicos que se pudieren crear a tal fin.

El resguardo que expida la Tesorería acreditará la constitución de las mencionadas garantías.

Art. 9. Incidencias.—1. Si la entidad garante o la entidad aseguradora fuese declarada en concurso de acreedores, si hubiese quedado sin efecto la autorización administrativa para el ejercicio de su actividad, o si la garantía constituida pierde validez o vigencia por cualquier otra razón ajena a la voluntad del garantizado o del garante, el obligado a prestar garantía deberá constituir otra de la misma modalidad, o de otra de las previstas en el artículo 7, en el plazo máximo de un mes desde la fecha en la que se haya producido la incidencia.

El plazo de un mes se computará desde que se produzca la declaración de concurso, de ineficacia o de pérdida de validez o vigencia.

2. Las entidades garantes, los garantizados o los órganos gestores de las garantías, comunicarán a la Tesorería la existencia de las incidencias de que tuviesen conocimiento.

Art. 10. Sustitución.—1. El interesado que mantenga una garantía podrá sustituirla por otra que reúna los mismos requisitos de suficiencia e idoneidad, previa autorización del órgano gestor.

2. La sustitución requerirá la previa constitución de la nueva garantía conforme al procedimiento y con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 8.

3. Constituida la nueva garantía, el órgano gestor acordará la cancelación de la garantía primera.

Art. 11. Procedimiento de cancelación y devolución.—1. La cancelación, total o parcial, de la garantía requerirá resolución del órgano gestor. Dicha resolución se notificará al interesado y se remitirá a la Tesorería, junto con la acreditación de su notificación, en el plazo máximo de quince días desde su fecha de adopción.

2. Recibida la resolución de cancelación, la devolución de garantías por la Tesorería requerirá la expedición previa del documento contable correspondiente.

3. La devolución de los documentos se podrá realizar de oficio o a instancia de parte. La Tesorería podrá devolver el documento al garantizado o a la entidad avalista, a solicitud de estos.

No obstante, en las garantías mediante avales o certificado de seguro, la devolución documental podrá ser sustituida, a elección de la Tesorería, por un justificante de la devolución o mandamiento de cancelación de la garantía. El garantizado o el garante podrá solicitar estos justificantes, que tendrán los mismos efectos que la devolución documental.

4. No se reembolsarán al depositante el coste de las garantías depositadas, salvo que una norma con rango de ley así lo establezca.

5. Cancelada la garantía, los interesados tendrán un plazo de un año para recoger los documentos con los que, en su caso, hubiera sido constituida, transcurrido el cual la Tesorería podrá proceder al archivo o destrucción de los no devueltos de acuerdo con la normativa aplicable en materia de gestión documental y archivos.

6. La garantía no se podrá ejecutar desde la fecha de entrega del justificante previsto en el apartado 3.

Art. 12. Procedimiento de incautación.—1. La incautación total o parcial de la garantía requerirá resolución del órgano gestor. Dicha resolución se notificará al interesado y se remitirá a la Tesorería, junto con la acreditación de su notificación, en el plazo máximo de quince días desde su fecha de adopción.

2. La resolución de incautación deberá incorporar la siguiente información:

a) El carácter inmediatamente ejecutivo de la resolución y que no concurre ninguna de las excepciones previstas en el artículo 98.1 de la LPAC.

b) La cuantía de la garantía a incautar.

c) La notificación a los interesados del inicio del procedimiento de incautación, a los efectos de la audiencia prevista en el artículo 82 de la LPAC. A estos efectos, son interesados tanto el garante como el garantizado.

3. Recibida la resolución, la Tesorería ordenará la incautación del efectivo o requerirá al garante o a la entidad depositaria de los valores la realización del pago de acuerdo con la naturaleza de la garantía.

Incautado el efectivo o recibido el pago, la Tesorería aplicará el mencionado importe al presupuesto de ingresos del Ayuntamiento de Madrid o del organismo público.

4. El impago de la cantidad garantizada dentro de los plazos señalados en el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, determinará el cobro mediante el procedimiento de apremio contra el garante o la entidad depositaria de los valores, de conformidad con lo dispuesto en el título III de dicha ley. A estos efectos, la certificación acreditativa del impago del crédito será expedida por la Tesorería.

5. Incautada la garantía, los interesados tendrán un plazo de un año para recoger los documentos, transcurrido el cual la Tesorería podrá proceder a su eliminación.

No obstante, en las garantías mediante avales o certificado de seguro, la devolución documental podrá ser sustituida, a elección de la Tesorería, por un justificante de la devolución o mandamiento de cancelación de la garantía por incautación total o parcial. El garantizado o el garante podrá solicitar estos justificantes, que tendrán los mismos efectos que la devolución documental.

Art. 13. Baja de garantías cuya antigüedad sea superior a veinte años.—1. La Tesorería, previo informe del órgano gestor y realizadas las comprobaciones oportunas, podrá dar de baja en sus registros las garantías constituidas con una antigüedad superior a veinte años.

En estos casos, los importes correspondientes a las garantías constituidas en efectivo se ingresarán en la Tesorería.

2. Se entenderá que la garantía constituida no está vigente transcurridos tres meses desde la solicitud de informe al órgano gestor sin que este se hubiere emitido y comunicado su contenido a la Tesorería.

3. La baja en los registros de las garantías a que se refiere el apartado 1 requerirá audiencia previa del garantizado y, en su caso, del garante, si hubiere constancia de algún acto de estos realizado frente a la Tesorería en solicitud de cancelación total o parcial de la garantía.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, si con posterioridad se constatara la vigencia de alguna garantía cuya baja se hubiera acordado, se adoptarán las medidas oportunas para su rehabilitación en los registros de la Tesorería.

Capítulo II

Garantías en efectivo

Art. 14. Constitución y devolución de las garantías en efectivo.—1. La Junta de Gobierno podrá establecer que la constitución en efectivo, de todas o alguna modalidad de garantías, sea realizada exclusivamente a través de entidades bancarias colaboradoras designadas por la Tesorería.

2. La constitución de una garantía en efectivo requerirá el ingreso de su importe en la Tesorería, conforme a los criterios establecidos en las bases de ejecución del presupuesto.

El interesado abonará la garantía mediante la carta de pago facilitada por el órgano gestor, las entidades colaboradoras o sistema de pago electrónico habilitado al efecto.

3. La fecha de constitución de la garantía en efectivo será aquella en que se produzca su ingreso en la Tesorería o en la entidad bancaria colaboradora.

4. Una vez realizado el ingreso, la Tesorería o la entidad colaboradora donde se produzca el ingreso emitirá o validará, según proceda, el justificante de pago acreditativo de la constitución de la garantía.

5. Cuando se celebre algún contrato por el cual se constituya la garantía mediante retención en el precio, se expedirá el documento contable en el que se descontará el importe de la garantía definitiva, remitiendo a la Tesorería los datos que permitan completar la información que ha de constar en los registros habilitados al efecto.

6. La devolución se realizará mediante propuesta de mandamiento de pago, efectuándose mediante transferencia bancaria. Excepcionalmente, la devolución podrá efectuarse por alguno de los medios establecidos en las bases de ejecución del presupuesto de cada ejercicio.

Art. 15. Prescripción de las garantías en efectivo.—1. Cancelada una garantía en efectivo, y expedida la propuesta de mandamiento de pago, comenzará a computarse el plazo de prescripción previsto en el artículo 25 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

2. Transcurrido el plazo de prescripción sin haberse hecho efectivo el pago, el alcalde acordará la prescripción de la obligación y procederá, previa publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, el ingreso de la garantía en el correspondiente estado del presupuesto de ingresos.

Art. 16. Abandono.—El plazo para considerar las garantías constituidas en efectivo en situación de abandono será el establecido en la legislación en materia de patrimonio de las Administraciones públicas, sin perjuicio de que, cuando proceda, sea de aplicación lo previsto en el artículo 15 sobre la prescripción de la obligación económica.

Capítulo III

Garantías mediante aval

Art. 17. Requisitos de las garantías mediante aval.—Las garantías mediante aval deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) El aval debe ser solidario respecto al obligado principal, con renuncia expresa a los beneficios de excusión y división, y pagadero a primer requerimiento de la Tesorería.

b) El aval será de duración indefinida, permaneciendo vigente hasta que el órgano gestor resuelva expresamente declarar la extinción de la obligación garantizada y ordenar la cancelación del aval.

Art. 18. Requisitos de las entidades avalistas.—1. Las entidades que garanticen obligaciones mediante aval en favor del Ayuntamiento de Madrid o de sus organismos públicos habrán de cumplir los siguientes requisitos:

a) Ser una entidad de crédito, un establecimiento financiero de crédito o una sociedad de garantía recíproca debidamente autorizada e inscrita en los registros correspondientes.

b) Haberse acreditado como entidad garante y haber presentado bastanteados los poderes de sus apoderados firmantes del aval ante la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid.

c) No encontrarse suspendida o revocada la autorización administrativa para el ejercicio de su actividad.

d) No estar en situación de concurso de acreedores.

2. El Ayuntamiento de Madrid y sus organismos públicos podrán rehusar la admisión de avales provenientes de bancos o entidades que hubieran incumplido el período voluntario de pago de ejecución de garantías en forma de aval.

Capítulo IV

Garantías mediante seguro de caución

Art. 19. Requisitos de las garantías mediante seguro de caución.—Las garantías mediante contrato de seguro de caución deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) La persona o entidad obligada a prestar garantía tendrá la condición de tomador del seguro y el Ayuntamiento de Madrid u organismo público tendrá la condición de asegurado.

b) Se hará constar de forma expresa que:

1.o La aseguradora no podrá oponer ante el asegurado el impago de la prima por parte del tomador del seguro o cualquier otra excepción derivada de su relación jurídica con este.

2.o La falta de pago de la prima no dará derecho a la aseguradora a resolver el contrato de seguro.

3.o El contrato de seguro no quedará extinguido, ni la cobertura de la aseguradora suspendida, ni la aseguradora liberada de su obligación en el caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura.

4.o La entidad aseguradora asumirá el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Tesorería.

5.o La duración del contrato de seguro no podrá ser inferior a la duración previsible de la obligación garantizada y en caso de no poder determinarse tal período de manera exacta tendrá una duración inicial de diez años, debiendo contener, en todo caso, la previsión de que el contrato de seguro se prorrogue obligatoriamente para asegurador y tomador una o más veces por un período no superior a un año cada vez, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 22 apartado 1 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.

La póliza del contrato de seguro de caución y los certificados justificativos de la misma deberán necesariamente contener en forma expresa la renuncia del tomador y del asegurador al derecho de oposición a la prórroga de la vigencia del contrato de seguro a los efectos previstos en el artículo 22 apartado 4 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro. Habrá de constar en la póliza y certificados justificativos que las prórrogas anuales se producirán de manera necesaria y automática y sin limitación de anualidades, por tanto, el contrato mantendrá su vigencia hasta que el asegurado, sea este el Ayuntamiento de Madrid o un organismo público municipal, no autorice expresamente su cancelación por concurrencia de las causas previstas en el presente Reglamento.

Art. 20. Requisitos de las entidades aseguradoras.—1. Las entidades que garanticen obligaciones mediante seguro de caución en favor del Ayuntamiento de Madrid o de sus organismos públicos habrán de cumplir los siguientes requisitos:

a) Ser una entidad de seguros debidamente autorizada e inscrita en los registros correspondientes.

b) Haberse acreditado como entidad garante y haber presentado bastanteados los poderes de sus apoderados firmantes del seguro ante la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid.

c) No encontrarse suspendida o revocada la autorización administrativa para el ejercicio de su actividad.

La autorización para operar en seguros y en especial en el ramo de caución, tanto para entidades nacionales como extranjeras, deberá ser acreditada mediante constancia de la inscripción de la compañía aseguradora en el registro administrativo previsto en el artículo 40 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

d) No estar en situación de concurso de acreedores.

2. El Ayuntamiento de Madrid y sus organismos públicos podrán rehusar la admisión de seguros de caución provenientes de entidades aseguradoras que hubieran incumplido el período voluntario de pago de ejecución de garantías mediante contrato de seguro de caución.

Capítulo V

Garantías mediante valores de deuda pública

Art. 21. Requisitos de las garantías mediante valores de deuda pública.—1. Las garantías constituidas en valores de deuda pública deben cumplir con los siguientes requisitos:

a) Los valores deberán ser del Estado o del Ayuntamiento de Madrid.

b) Los valores deberán estar representados en anotaciones en cuenta o en certificados nominativos.

c) Los valores afectos a la garantía deberán estar libres de toda carga o gravamen en el momento de constituirse la garantía y no podrán quedar gravados por ningún otro acto o negocio jurídico que perjudique la garantía durante la vigencia de esta.

d) El plazo de la amortización de los valores deberá ser, como mínimo, de dieciocho meses.

2. La inmovilización registral de los valores se realizará de acuerdo con la normativa de los mercados en los que se negocien, debiendo inscribirse la garantía en el registro contable en el que figuren anotados dichos valores.

3. En la fecha de la inmovilización, los valores objeto de garantía deberán:

a) Tener un valor nominal igual o superior a la garantía exigida.

b) Tener un valor de realización igual o superior al 105 por 100 del valor de la garantía exigida.

4. Los rendimientos generados por los valores de deuda pública no quedarán afectos a la garantía constituida.

5. A la fecha de amortización de los valores aportados en garantía, el efectivo resultante de la misma hasta el límite de la obligación garantizada quedará a disposición del Ayuntamiento de Madrid, sin que pueda retirarse el importe así determinado, ya por el garantizado, ya por el titular de los valores, hasta sea expedido certificado de cancelación de la garantía por el titular de la Tesorería.

Art. 22. Constitución de las garantías mediante valores de deuda pública.—1. La constitución de una garantía mediante valores de deuda pública se realizará mediante la presentación del certificado de legitimación original que acredite la inmovilización y la inscripción de la garantía sobre los valores aportados como garantía. Dicho certificado deberá ser emitido por el órgano o entidad competente del Estado o del Ayuntamiento de Madrid en materia de emisión de deuda pública.

2. El certificado de legitimación se presentará en el Registro Electrónico General del Ayuntamiento de Madrid dentro del plazo máximo de un mes desde que se emitió. Transcurrido este plazo habrá de solicitarse un nuevo certificado.

Art. 23. Contenido de los certificados de legitimación.—1. Los certificados de legitimación a que se refiere el artículo 22 deberán recoger los extremos previstos en el artículo 19 del Real Decreto 878/2015, de 2 de octubre, sobre compensación, liquidación y registro de valores negociables representados mediante anotaciones en cuenta, sobre el régimen jurídico de los depositarios centrales de valores y de las entidades de contrapartida central y sobre requisitos de transparencia de los emisores de valores admitidos a negociación en un mercado secundario oficial.

2. Los certificados de legitimación deberán, asimismo, recoger los siguientes extremos:

a) La confirmación de que los valores afectos a la garantía están libres de toda carga o gravamen en el momento de constitución de garantía, así como la indicación expresa de que los mismos no podrán quedar gravados por ningún otro acto o negocio jurídico que perjudique la garantía durante la vigencia de esta.

b) La obligación del garantizado de sustituir la garantía por otra de las recogidas en el artículo 7 con carácter previo a la amortización de los valores, siempre que la garantía esté vigente.

c) La obligación de la entidad que expide el certificado de legitimación de no reembolsar el saldo resultante de la enajenación o amortización de los valores inmovilizados e inscritos al garantizado mientras la garantía deba estar vigente y la Tesorería no se lo indique.

d) La obligación de la entidad que expide el certificado de legitimación de ingresar en la Tesorería, a requerimiento de esta, el saldo resultante de la enajenación de los valores inmovilizados e inscritos, devolviendo, en su caso, al garantizado el exceso sobre el importe de la garantía.

3. El plazo de vigencia de los certificados no podrá ser inferior a la fecha de amortización de los valores inmovilizados.

Art. 24. Cancelación y devolución de las garantías mediante valores.—1. Recibida la resolución de cancelación de la garantía constituida en valores, la Tesorería procederá, en su caso, a la devolución del certificado de legitimación al interesado.

2. En el supuesto de que proceda una cancelación parcial de la garantía, la Tesorería, a instancia del órgano gestor, requerirá a la entidad para que realice la enajenación de todos los valores que constituyen la garantía e ingrese el efectivo obtenido.

El importe obtenido se aplicará a la constitución de una garantía en efectivo, y a la devolución de los importes que procedan en concepto de la cancelación parcial y del exceso, que, en su caso, pudiera existir.

Art. 25. Incautación de las garantías mediante valores.—1. Una vez recibida la resolución de incautación de la garantía constituida en valores, la Tesorería requerirá la enajenación de todos los valores y el ingreso del efectivo obtenido al órgano o entidad que hubiese emitido el certificado de legitimación.

El ingreso en la Tesorería se realizará conforme a los criterios establecidos en las bases de ejecución del presupuesto.

2. El impago del efectivo obtenido dentro de los plazos señalados en el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, determinará el cobro mediante el procedimiento de apremio contra el órgano o entidad que hubiese emitido el certificado de legitimación, de conformidad con lo dispuesto en el título III de dicha ley.

3. En el supuesto de que proceda una incautación parcial de la garantía, el importe obtenido se aplicará a la constitución de una garantía en efectivo y a la devolución del exceso que, en su caso, pudiera existir.

4. La Junta de Gobierno podrá declarar la confusión de derechos y la extinción de los valores, notificando dicha circunstancia al organismo rector del mercado.

5. Si realizada la enajenación de los valores no se obtiene la cuantía a garantizar, se requerirá al interesado para que proceda al pago de la cuantía restante. En caso de impago será de aplicación lo dispuesto en el artículo 12.4.

Capítulo VI

Depósitos

Art. 26. Modalidades y régimen jurídico de los depósitos.—1. Podrán constituirse depósitos por particulares, órganos administrativos y organismos públicos como consecuencia de:

a) El procedimiento de enajenación de bienes embargados previsto en el artículo 103 bis del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.

b) La consignación del pago de la deuda en el procedimiento de recaudación previsto en el artículo 43 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.

c) El procedimiento de expropiación forzosa previsto en los artículos 53.1 y 58 del Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa.

d) La admisión de la reclamación administrativa, previa al ejercicio de una acción de tercería, previsto en el artículo 119 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.

e) Las que se determinen por ley, disposición reglamentaria, acto administrativo o resolución judicial.

2. Los depósitos se regirán por la normativa sectorial que determine su constitución, sin perjuicio de las normas contenidas en el presente reglamento.

Art. 27. Constitución de depósitos.—1. El depósito se constituirá mediante ingreso en la Caja, a través de cualquiera de los medios de pago autorizados según los criterios establecidos en las bases de ejecución del presupuesto de cada ejercicio.

2. El depósito se constituirá en euros y no devengará interés alguno.

3. El documento de constitución del depósito, con meros efectos acreditativos de este, será el resguardo que expida la Caja, tal resguardo no tendrá naturaleza transmisible a favor de terceros. En dicho documento, constarán, en particular, los siguientes datos:

a) Los datos identificativos del depositante, incluyendo el número de identificación fiscal.

b) Los datos identificativos del beneficiario, incluyendo el número de identificación fiscal.

c) El órgano administrativo, organismo autónomo, sociedad municipal o ente público a cuya disposición se constituye el depósito hasta su entrega al beneficiario.

d) La cuantía del depósito.

e) El precepto, acto administrativo o resolución judicial que imponga la constitución del depósito ante la Caja.

4. Si así estuviese establecido, el interesado ingresará el importe del depósito en una entidad colaboradora mediante el documento de ingreso previamente expedido por la Caja. Una vez realizado el ingreso, la entidad de crédito emitirá o validará, según proceda, el justificante de pago a los efectos de determinar el momento de la constitución.

Art. 28. Devolución y pago de la cuantía depositada.—1. La devolución de los depósitos se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.6.

2. Cancelado el depósito la Caja, previa consulta, en su caso, a la Asesoría Jurídica, verificará la identidad de las personas a cuya disposición se constituyó el depósito y efectuará el pago de la cuantía depositada a estas o a sus herederos o sucesores legítimos en los términos y condiciones que determine el particular o la autoridad que lo constituye, dentro de la normativa en cuya virtud se constituyó.

Art. 29. Prescripción de los depósitos cancelados pendientes de pago.—1. Cancelado y ordenado el pago de un depósito, comenzará a computarse el plazo de prescripción previsto en el artículo 25 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

2. Transcurrido el plazo de prescripción sin haberse hecho efectivo el pago, el alcalde acordará la prescripción de la obligación y procederá, previa publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, el ingreso del depósito en el correspondiente estado del presupuesto de ingresos.

Art. 30. Abandono de los depósitos.—Los depósitos de dinero en efectivo constituidos por terceros por alguna de las causas previstas en el artículo 26 y que no hubieren sido objeto de acto administrativo de cancelación y ordenación del pago podrán ser declarados en estado de abandono, el plazo para considerar producido tal estado será el establecido en la legislación en materia de patrimonio de las administraciones públicas; una vez declarado el estado de abandono de los depósitos procederá el ingreso de los importes como mayores recursos del presupuesto de ingresos.

TÍTULO II

Modalidades extraordinarias de garantía

Art. 31. Garantías admisibles.—1. Las modalidades extraordinarias de garantías podrán constituirse en procedimientos de aplicación de tributos e ingresos de derecho público y en supuestos de revisión de tales actos mediante recurso de reposición o reclamación económico- administrativa.

2. Las garantías admisibles son las siguientes:

a) Hipoteca voluntaria unilateral.

b) Prenda con o sin desplazamiento posesorio.

c) Anotación preventiva de embargo.

d) Fianza personal y solidaria, en los términos establecidos en la ordenanza fiscal general en materia de gestión, recaudación e Inspección.

Art. 32. Constitución de garantías en modalidad extraordinaria.—1. La constitución de una garantía en modalidad extraordinaria requerirá resolución de admisión del órgano gestor de la aplicación del ingreso público a garantizar.

2. Se podrá admitir la constitución de una garantía en modalidad extraordinaria, cuando el órgano gestor de la aplicación del ingreso público considere acreditado que no es posible o es de extrema dificultad constituir la garantía en las modalidades ordinarias previstas en el presente reglamento.

3. La resolución de admisión declarará la suficiencia jurídica y económica de la garantía propuesta.

Art. 33. Custodia y registro.—1. Los órganos gestores de los procedimientos de aplicación de ingresos de derecho público asumirán la custodia y conservación de los documentos auténticos constitutivos de la garantía.

2. Constituida la garantía, los órganos gestores previstos en el apartado 1 registrarán la situación que corresponda a la obligación garantizada en las bases de datos de gestión de ingresos y trasladará copia de esta a efectos de su anotación en la contabilidad del Ayuntamiento de Madrid o del organismo público correspondiente.

Art. 34. Ejecución de garantías en modalidad extraordinaria.—1. La ejecución, total o parcial, de las garantías constituidas en modalidad extraordinaria requerirá resolución del órgano gestor.

2. Si el órgano gestor y el órgano competente en materia de recaudación son distintos, deberá darse traslado a este último para que se ejecute por el procedimiento de apremio y sea despachada orden de ejecución al Registro de la Propiedad o a los registros administrativos donde aparezca inscrita la garantía.

3. El órgano gestor en materia de recaudación notificará el inicio del procedimiento de ejecución a la persona a cuyo favor resulte practicada la última inscripción de dominio si no ha sido requerida para el pago y a los titulares de cargas o derechos reales constituidos con posterioridad a la hipoteca, prenda o anotación preventiva de embargo que aparezcan en la información registral o administrativa.

Art. 35. Cancelación de garantías en modalidad extraordinaria.—La cancelación parcial o total de estas garantías en modalidad extraordinaria se sujetará como norma general a los trámites previstos en el artículo 11, si bien la expedición de certificados liberatorios de la garantía y la devolución de los documentos constitutivos de la misma, en caso de proceder, se realizarán por los órganos gestores.

Art. 36. Requisitos de las garantías que afecten a derechos reales o situaciones posesorias.—Las garantías constituidas mediante hipoteca unilateral, prenda con o sin desplazamiento posesorio y las anotaciones preventivas de embargo, se sujetarán en su contenido documental y obligacional a las normas administrativas, hipotecarias y civiles que regulen tales modalidades de garantía y serán objeto de inscripción a expensas del garantizado en los Registros de la Propiedad o de otra índole donde hayan de tener reflejo tales garantías; tales inscripciones o anotaciones registrales serán en todo caso condición de eficacia de la garantía constituida, no teniendo la garantía efectos jurídicos, económicos o suspensivos de la ejecución de actos, hasta que la misma conste fehacientemente ante el órgano gestor.

Art. 37. Fianza personal y solidaria.—La fianza personal y solidaria será aplicable sólo en los supuestos autorizados por las leyes, y que asimismo queden reflejados en cuanto a su autorización y términos, en la ordenanza fiscal en materia de gestión, recaudación e inspección.

La constitución, registro, custodia y cancelación de fianzas personales y solidarias y su ejecución, de proceder, se llevará a efecto por el órgano gestor en materia de recaudación, con sujeción a lo dispuesto en este título II.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Anuncios de la prescripción y declaración de abandono de garantías

Los anuncios relativos a la prescripción y declaración de abandono de garantías tendrán el carácter de resoluciones de inserción obligatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Modelos de garantías

El órgano municipal competente aprobará, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del presente reglamento, los modelos de garantía previstos en el artículo 5. Tal órgano motivadamente, en cualquier tiempo, podrá modificar o ampliar los modelos de garantía.

Los modelos aprobados o modificados serán puestos a disposición de los ciudadanos.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA

Lenguaje no sexista

En cumplimiento del artículo 14.11 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en aquellos casos en los que este reglamento utiliza palabras de género masculino para referirse a personas, se entenderán referidos de forma inclusiva tanto al género femenino como al masculino, de acuerdo con los criterios establecidos en la Real Academia Española.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

Régimen jurídico de las garantías constituidas con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de este reglamento

Las garantías constituidas con anterioridad a la entrada en vigor de este reglamento y que sigan vigentes continuarán desplegando sus efectos, sin perjuicio de la aplicación del presente reglamento para su sustitución, cancelación o incautación, así como las incidencias que se produzcan con posterioridad a su entrada en vigor.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA

Procedimientos en tramitación

Los procedimientos de constitución de garantías y los de sustitución, cancelación o incautación, así como las incidencias, que se encuentren en trámite en la fecha de entrada en vigor de este reglamento se resolverán conforme a la normativa municipal que fuera de aplicación en el momento de su iniciación.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA

Baja de garantías constituidas cuya antigüedad sea superior a veinte años

1. La Tesorería, previo informe del órgano gestor y realizadas las comprobaciones oportunas, podrá dar de baja en sus registros las garantías constituidas con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de este reglamento cuya antigüedad sea superior a veinte años.

En estos casos, los importes correspondientes a las garantías constituidas en efectivo se ingresarán en la Tesorería.

2. Se entenderá que la garantía constituida no está vigente transcurridos tres meses desde la solicitud de informe sin que este se hubiere emitido y comunicado su contenido a la Tesorería.

3. La baja en los registros de las garantías a que se refiere el apartado 1 requerirá audiencia previa del garantizado y, en su caso, del garante, si hubiere constancia de algún acto de estos realizado frente a la Tesorería en solicitud de cancelación total o parcial de la garantía.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, si con posterioridad se constatara la vigencia de alguna garantía cuya baja se hubiera acordado, se adoptarán las medidas oportunas para su rehabilitación en los registros de la Tesorería.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA

Archivo o destrucción de documentación de garantías canceladas

1. Los interesados, durante un plazo de tres meses desde la entrada en vigor de este reglamento, deberán recoger los documentos con que, en su caso, las garantías canceladas fueron constituidas.

2. Transcurrido el plazo de tres meses, la Tesorería procederá al archivo o destrucción de los documentos no devueltos.

Si el interesado requiere los documentos archivados o destruidos, la Tesorería emitirá un certificado en que conste la cancelación de la garantía.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA

Vigencia de los modelos de presentación de documentos ante la Caja

La presentación de documentos ante la Caja continuará rigiéndose por los modelos recogidos en los anexos del Reglamento sobre la Constitución, Devolución y Ejecución de Garantías en el Ayuntamiento de Madrid, la Gerencia Municipal de Urbanismo y los Organismos Autónomos Municipales, de 27 de marzo de 2003, hasta la aprobación de los modelos de garantía previstos en el artículo 5.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

Derogación normativa

1. Queda derogado el Reglamento sobre la Constitución, Devolución y Ejecución de Garantías en el Ayuntamiento de Madrid, la Gerencia Municipal de Urbanismo y los Organismos Autónomos Municipales, de 27 de marzo de 2003.

2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo establecido en el presente reglamento.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Título competencial

Este reglamento se aprueba al amparo de lo previsto en el artículo 4.o de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, donde se reconoce la potestad reglamentaria y de autoorganización a los municipios en el ejercicio de sus competencias y las prerrogativas de la hacienda local. Asimismo, la Ley 22/2006, de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid, de 4 de julio regula en sus artículos 2 y 20 dichas potestades.

En el artículo 194 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se recogen todos los recursos financieros que constituyen la tesorería local tanto en dinero, como valores y créditos derivados tanto de operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias, incluyéndose, por tanto, la gestión de garantías en valores y la de depósitos en dinero dentro del campo competencial de la entidad local.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Interpretación y desarrollo del reglamento

El alcalde y la Junta de Gobierno determinarán, en su ámbito competencial respectivo, el órgano superior o directivo competente para:

a) Interpretar y resolver cuantas cuestiones surjan de la aplicación de este reglamento.

b) Aprobar los acuerdos, decretos y resoluciones complementarios que sean necesarios para el desarrollo y cumplimiento del reglamento, que no podrán tener carácter normativo.

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Reglas de supletoriedad

En todo lo no específicamente regulado en este reglamento, será de aplicación la normativa reguladora de la Caja General de Depósitos de la Administración General del Estado.

DISPOSICIÓN FINAL CUARTA

Publicación, entrada en vigor y comunicación

De conformidad con lo establecido en el artículo 48.3.e) y f), y en el 54 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, la publicación, entrada en vigor y comunicación del presente reglamento se producirá de la siguiente forma:

a) El acuerdo de aprobación y el reglamento se publicarán íntegramente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en el "Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid".

b) El reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

c) Sin perjuicio de lo anterior, el acuerdo de aprobación se remitirá a la Administración General del Estado y a la Administración de la Comunidad de Madrid.

Madrid, a 9 de mayo de 2024.—El secretario general del Pleno, Federico Andrés López de la Riva Carrasco.

(03/6.912/24)

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