Referencia del Consejo de Ministros

La Moncloa

SUMARIO

Hacienda

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

  • Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C1, R2). PROYECTO DE LEY de Movilidad Sostenible.
  • ACUERDO por el que se solicita la tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia del Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible.

Defensa

Interior

  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de las obras necesarias para subsanar los graves daños que presentan las bovedillas del acuartelamiento de la Guardia Civil de Salamanca, por importe de 582.968,35 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de la obra necesaria para subsanar los graves daños que presentan las fachadas del acuartelamiento de la Comandancia de la Guardia Civil de Palma de Mallorca, por importe de 590.403,07 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de las obras necesarias para subsanar los graves daños que presenta el muro perimetral del acuartelamiento de la Guardia Civil de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife, por importe de 142.971,85 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de las obras necesarias para subsanar los graves daños que presentan el muro y vial delanteros del perímetro del acuartelamiento de la Aldea de San Nicolás (Las Palmas de Gran Canaria), por importe de 298.012,62 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la concesión de subvenciones estatales anuales, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3.seis de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos.

Transportes y Movilidad Sostenible

Vivienda y Agenda Urbana

Cultura

  • Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C19, I3). REAL DECRETO por el que se modifican varios reales decretos para la formación en capacidades digitales a profesionales del ámbito de la cultura, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Ciencia, Innovación y Universidades

ACUERDOS DE PERSONAL

Presidencia el Gobierno

  • ACUERDO por el que se toma en conocimiento la remisión al Congreso de los Diputados la propuesta de nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado a Dª. MARÍA DEL CARMEN CALVO POYATO.
  • REAL DECRETO por el que se nombra directora del Departamento de Asuntos Culturales del Gabinete de la Presidencia del Gobierno a D. MANUELA VILLA ACOSTA.

Hacienda

Hacienda y Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Cultura

Economía, Comercio y Empresa

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ASUNTOS GENERALES

Hacienda

OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE DEUDA PÚBLICA
El Consejo de Ministros ha aprobado de nuevo los objetivos de estabilidad para las administraciones públicas en el periodo 2024-2026, que permite reducir el déficit de España este año al 3%, cumpliendo así con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE, al tiempo que mantiene la mayor capacidad fiscal para las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Esto supondrá haber reducido el déficit más de 7 puntos en apenas cuatro años a pesar de que, durante varios ejercicios, las reglas fiscales estuvieron suspendidas.

La senda aprobada hoy es la misma que ya adoptó el Consejo de Ministros el pasado 12 de diciembre y que también recibió el aval del Congreso el 10 de enero. Sin embargo, la senda fue rechazada en el Senado el 7 de febrero. Por tanto, hoy se da cumplimiento al artículo 15.6 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, donde se establece que, si el Senado rechaza los objetivos, el Gobierno remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento.

De esta forma, el Gobierno presenta este Acuerdo sobre la base de la senda de estabilidad y deuda del Acuerdo de Consejo de Ministros de 12 de diciembre de 2023. Se mantiene así el mayor margen fiscal para las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos respecto a los objetivos de estabilidad remitidos a la Comisión Europea en el Programa de Estabilidad de abril.

En concreto, para el subsector de las autonomías, tal y como se acordó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de diciembre, se ha establecido un objetivo del 0,1% para 2024, frente al equilibrio presupuestario recogido en el Programa de Estabilidad de abril. Para 2025 y 2026, las CCAA buscarán el equilibrio presupuestario, dotándolas así de un mayor margen, dado que antes tenían que alcanzar un superávit del 0,1%. Lo que permitirá que puedan destinar más recursos a servicios públicos claves como la sanidad, la educación o la dependencia.

Para las entidades locales sucede igual y tal como se acordó en la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), los ayuntamientos y demás entes locales ya no tendrán que alcanzar un superávit del 0,2% en 2024 y se situarán en el equilibrio presupuestario. En 2025 y 2026 también se facilitan los objetivos, donde se deja atrás el superávit y se pasa al equilibrio presupuestario.

La Administración Central volverá a asumir un mayor coste en la reducción del déficit, como ya hizo durante la pandemia. De esta forma, asume la flexibilización de los otros subsectores para que tengan más capacidad para fortalecer las políticas públicas que ofrecen a los ciudadanos. Esto implica pasar del 3% contemplado en el Programa de Estabilidad para 2024 a un 2,7%. En 2025 se continuará reduciendo el déficit hasta el 2,6%, y en 2026 se llegará al 2,5%.

Senda de estabilidad por subsectores (2024-2026) en % de PIB
202420252026
Administración central-2,7-2,6-2,5
Comunidades Autónomas-0,10,00,0
Entidades Locales0,00,00,0
Seguridad Social-0,2-0,10,0
Total Administraciones Públicas-3,0-2,7-2,5

Este mayor margen fiscal para los entes territoriales se suma a su financiación récord. Así, las CCAA recibirán 154.467 millones de euros, un 14,9% más, que se traduce en un incremento de 20.000 millones sobre 2023, que ya fue otro año de récord. Lo mismo sucederá para las EELL, que obtendrán 28.557 millones del sistema de financiación. Una cifra que crece un 22,6% con respecto al montante destinado para este subsector en 2023.

El Acuerdo del Consejo de Ministros también mantiene los objetivos de deuda pública para el periodo 2024-2026, tanto del conjunto de las Administraciones Públicas como de cada subsector.

Una vez aprobada la senda de estabilidad se reanuda su trámite parlamentario. Si la senda es rechazada en el Senado por segunda vez se aplicarán los objetivos de déficit recogidos en el Programa de Estabilidad de abril, más exigentes para las CCAA y los ayuntamientos.

Límite de gasto no financiero y Plan de Reequilibrio

También el Consejo de Ministros incluye el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2024 que ascenderá a 199.120 millones de euros. Se trata del mismo importe que ya se incluía en el Acuerdo de diciembre y que permite compatibilizar el fortalecimiento del Estado de Bienestar con avanzar en la consolidación fiscal sin realizar recortes.

El límite de gasto no financiero 'nacional', es decir, sin la aportación de los fondos europeos, se situará en 189.215 millones de euros, un 9,3% más que el de 2023, que además contó con una aportación mayor del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del Fondo React-EU.

De esta forma, el Gobierno sigue dando pasos en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2024, que consolidarán el impulso económico después de que España fuera de las grandes economías de la UE la que más creció en 2023 (un 2,5%) y la creación de empleo tras cerrar el año pasado en cifras récord de ocupación con más de 21 millones de trabajadores.

Por último, el Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Reequilibrio en los mismos términos que el pasado diciembre. El objetivo de este documento es corregir las desviaciones presupuestarias que se produjeron por el escenario excepcional de los últimos años debido a la pandemia y al impacto de la guerra de Ucrania. En este sentido, el Plan de Reequilibrio recoge la senda de consolidación fiscal aprobado hoy que permitirá cumplir este año con el Pacto de Estabilidad de la UE.

Hacienda

CONCESIÓN DE UN CRÉDITO PARA AYUDA ALIMENTARIA
El Consejo de Ministros ha autorizado la concesión de un crédito extraordinario en el organismo autónomo Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), por importe de 2.214.285,5 euros, con la finalidad de sufragar los gastos en los que han incurrido las organizaciones asociadas de distribución, en el marco del Programa Operativo sobre Ayuda Alimentaria del Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas.

En concreto se destinará esa cantidad a sufragar gastos administrativos, de transporte y almacenamiento de los alimentos.

Por resolución de 21 de octubre de 2022, el Fondo Español de Garantía Agraria O.A., convocó las subvenciones a las organizaciones asociadas de distribución, para sufragar los gastos administrativos, de transporte y almacenamiento de los alimentos, en el marco del programa operativo sobre ayuda alimentaria del Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas en España.

Según lo dispuesto en la orden que establece las bases reguladoras de estas subvenciones, los pagos se efectuarán en un plazo de tres meses, a partir de la presentación de la solicitud.

Las dos organizaciones asociadas de distribución beneficiarias presentaron la solicitud de pago de la liquidación de la ayuda en diciembre de 2023 y está previsto para el primer trimestre de 2024 el pago por parte del FEGA de la liquidación correspondiente al programa 2023, existiendo para ello compromiso de gasto por importe de 2.214.285,5 euros.

Por consiguiente, el FEGA ha tramitado un expediente de crédito extraordinario por ese importe, financiado con la parte del remanente de tesorería que a fin del ejercicio anterior no fue aplicado en el presupuesto del Organismo.

Hacienda

COMPENSACIÓN A EMPRESAS DE TRANSPORTE MARÍTIMO POR SERVICIO DE NAVEGACIONES DE INTERÉS PÚBLICO
El Consejo de Ministros ha autorizado un acuerdo por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de permitir al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible compensar económicamente a diversas empresas públicas o privadas de transporte marítimo por la prestación del servicio de navegaciones de interés público.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Dirección General de la Marina Mercante, solicitó autorización para modificar los límites establecidos en la Ley General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros a fin de posibilitar la tramitación de diversos contratos para la prestación del servicio de navegaciones de interés público.

Estos contratos están basados en el artículo 8.4 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante que recoge la posibilidad de realizar determinadas navegaciones sujetas a contrato administrativo especial.

Por su parte, el Real Decreto 1516/2007, de 16 de noviembre, por el que se determina el régimen jurídico de las líneas regulares de cabotaje marítimo y de las navegaciones de interés público, ha establecido en los artículos 12 y siguientes la regulación de estos contratos de navegación de interés público.

La necesidad de prorrogar en 2024 los contratos de las líneas entre la Península y Canarias (dos años más) y entre la Península y Ceuta (un año más) hace preciso iniciar un nuevo expediente de solicitud de autorización para la modificación de los porcentajes para adquirir compromiso de gasto con cargo a ejercicios posteriores.

De esta forma, la propuesta se plantea según las nuevas necesidades previstas por la citada Dirección General, según los siguientes apartados:

  • Contrato Península-Canarias

El contrato actualmente vigente fue firmado con fecha 30 de junio de 2022 con la Compañía Trasmediterránea S.A., con una duración de dos años desde el 1 de julio de 2022 y por un importe anual de 2.116.000 euros. Al finalizar dicho contrato el 30 de junio de 2024, es necesario tramitar la prórroga de éste por dos años (periodo comprendido entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2026), correspondiendo unos importes de 2.116.000 y 1.234.333,33 euros, respectivamente a las anualidades de 2025 y 2026.

  • Contratos Península-Melilla

Los contratos de los dos lotes del expediente actualmente vigente fueron firmados el 29 de marzo de 2022 con Balearia Eurolíneas Marítimas S.A., con una duración de un año, por lo que su vigencia finalizó el 31 de marzo de 2023. Posteriormente se han formalizado prórrogas de seis meses primero y de dos y cuatro meses posteriormente para ambos contratos, de modo que el conjunto de las tres prórrogas alcanza un año completo, finalizando su vigencia el 31 de marzo de 2024.

El 29 de diciembre de 2023 se publicó en el BOE el anuncio de licitación de un nuevo contrato por el procedimiento de tramitación anticipada con una duración de dos años para el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2024 y el 31 de marzo de 2026, con posibilidad de prórroga hasta un máximo de dos años más, siendo las anualidades correspondientes a 2025 y 2026 de 19.664.000 y 6.555.000 euros, respectivamente.

  • Contrato Algeciras-Ceuta

El contrato actualmente vigente fue firmado el 26 de junio de 2023 con la empresa Balearía Eurolíneas Marítimas S.A., con una duración de un año desde el 1 de julio de 2023 y por un importe anual de 1.268.901 euros. Al finalizar dicho contrato el 30 de junio de 2024, es necesario tramitar la prórroga de éste por un año (periodo entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025), correspondiendo un importe de 739.942,27 euros a la anualidad de 2025.

Lo expuesto se recoge en el siguiente cuadro-resumen:
(Euros)
Compromisos de gastoAnualidad 2025

Anualidad

2026

1.- Prórroga Contrato Península-Canarias2.116.000,001.234.333,33
2.- Contrato Península- Melilla (licitado en 2023)19.664.000,006.555.000,00
3.- Prórroga Contrato Algeciras-Ceuta739.942,27-
TOTAL NECESIDADES22.519.942,277.789.333,33

Por todo ello, conforme al artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, el Consejo de Ministros ha autorizado la elevación de los compromisos máximos de gasto con cargo a la anualidad 2025.

Hacienda

AUTORIZACIÓN A BALEARES, NAVARRA Y EXTREMADURA PARA OTORGAR OPERACIONES DE GARANTÍAS
El Consejo de Ministros ha autorizado a Baleares, Navarra y Extremadura para que puedan otorgar garantías en 2024 por importes máximos de 24, 20 y 4 millones de euros, respectivamente.

Estas autorizaciones se efectúan en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

En el caso de Baleares, el Consejo de Ministros le ha autorizado a otorgar garantías en 2024 por un importe máximo de 24 millones de euros.

El pasado 16 de enero, esta Comunidad presentó solicitud de autorización para el otorgamiento de reavales a ISBA, SGR, durante 2024 que cubran el riesgo derivado de las garantías crediticias que conceda dicha entidad, en los términos previstos en el convenio de colaboración entre la Administración balear e ISBA, SGR, por un importe máximo de 15 millones.

Asimismo, solicitó autorización para que el Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI), ente adscrito a la Consejería de Movilidad y Vivienda, pueda conceder fianzas a personas físicas para favorecer el acceso a una vivienda en régimen de propiedad mediante el ofrecimiento de una cobertura temporal y parcial, en el marco del Programa Garantía Hipoteca IBAVI aprobado por el Consejo de Gobierno en diciembre de 2022, por un importe máximo de 9 millones de euros.

Analizadas la naturaleza, características y finalidad de las operaciones garantizadas, así como las condiciones de las garantías, se ha estimado procedente la concesión de la autorización solicitada.

Por otro lado, el Gobierno ha autorizado a la Comunidad Foral de Navarra a otorgar garantías por un importe máximo de 20 millones de euros.

El pasado 17 de enero, esta Comunidad solicitó autorización para el otorgamiento de garantías durante 2024 por un importe máximo global de 20 millones de euros, a través de la Sociedad de Desarrollo de Navarra, S.L. (SODENA). Analizadas la naturaleza, características y finalidad de las operaciones garantizadas, así como las condiciones de las garantías, se ha estimado procedente la concesión de la autorización solicitada.

Por último, el Consejo de Ministros ha autorizado a Extremadura a otorgar garantías por un importe máximo de 4 millones de euros.
Esta Comunidad Autónoma, con fecha 20 de diciembre de 2023, ha solicitado que el Ministerio de Hacienda tramite autorización del Estado para el otorgamiento de garantías durante 2024 a través del Fondo de Cartera Jeremie Extremadura 2, por un importe máximo de 4 millones de euros. Una vez analizada la solicitud y sus características, se le ha dado autorización.

Los beneficiarios de las diversas líneas de garantías son emprendedores, pymes, micropymes y emprendedores sociales. También personas en riesgo de exclusión social que cuenten con un aval técnico o informe de respaldo elaborado por una entidad social del Tercer Sector de Acción Social de la Comunidad Autónoma extremeña, para el caso de la Línea de Garantía de Cartera para microcréditos sociales.

Todas estas autorizaciones solo podrán amparar la concesión de garantías por parte de las respectivas entidades dentro de las líneas citadas por los importes máximos indicados hasta el 31 de diciembre de 2024.

Hacienda

AUTORIZACIÓN A ARAGÓN PARA FORMALIZAR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO
El Consejo de Ministros ha autorizado a Aragón a formalizar operaciones de endeudamiento a corto plazo por un importe máximo de 756,3 millones de euros.

Esta autorización se efectúa en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

La Comunidad Autónoma de Aragón ha solicitado autorización para formalizar operaciones de deuda a corto plazo, por un importe máximo de 756,34 millones de euros. De este importe, la Administración General de la Comunidad formalizará operaciones por importe de 670 millones de euros, y las entidades que forman parte del subsector Comunidad Autónoma de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea formalizarán operaciones por el importe restante de 86,34 millones de euros.

Esta autorización solo podrá amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2024.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES
El Consejo de Ministros ha acordado tomar conocimiento de la entrada en vigor de la enmienda adoptada el 17 de junio de 2022 al Anexo A del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes (COP), aprobado por una Conferencia de Plenipotenciarios reunida en Estocolmo el 22 de mayo de 2001, entrando en vigor el 17 de mayo de 2004. El Convenio fue adoptado por 150 Estados, incluidos los estados miembros de la Unión Europea, así como por el Consejo, en nombre de la UE. La fecha de entrada en vigor para España fue el 26 de agosto de 2004.

El Convenio persigue la limitación de la contaminación por COP, productos químicos que poseen ciertas propiedades tóxicas y que, contrariamente a otros contaminantes, son resistentes a la degradación, lo que los hace especialmente perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente. Los COP se acumulan en los tejidos de los organismos vivos a través de la cadena alimentaria, son transportados por el aire, el agua y las especies migratorias, y se depositan de forma permanente en los ecosistemas terrestres y acuáticos.

Durante la décima Conferencia de las Partes, que tuvo lugar en Ginebra del 6 al 17 de junio de 2022, fue adoptada una enmienda al Anexo A del Convenio, consistente en la incorporación al mismo del ácido perfluorohexano sulfónico (PFHxS), sus sales y los compuestos conexos del PFHxS.

La Enmienda se encuentra en vigor para todas las partes que no hayan comunicado una objeción desde el 16 de noviembre de 2023.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

CONVENIO DE MINAMATA SOBRE EL MERCURIO
El Consejo de Ministros ha acordado tomar conocimiento de la entrada en vigor de las enmiendas al Anexo A del Convenio de Minamata sobre el mercurio, adoptadas en Bali el 25 de marzo de 2022, que consisten en:
  • Inclusión de nuevas categorías de productos con mercurio añadido en la primera parte del Anexo (productos sujetos al artículo 4, párrafo 1 del Convenio, en el que se relacionan los que son objeto de prohibición para su fabricación, importación y exportación a partir de la fecha establecida)
  • Previsión de nuevas medidas en la segunda parte (productos sujetos al artículo 4, párrafo 3 del Convenio, donde se relacionan los que serán objeto de medidas adoptadas por las Partes).

El Convenio de Minamata sobre el mercurio, hecho en Kumamoto el 10 de octubre de 2013, tiene por objeto proteger la salud humana y el medio ambiente frente a las emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio y sus compuestos. Fue ratificado por España el 13 de diciembre de 2021 y entró en vigor para nuestro país el 13 de marzo de 2022.

El depositario ha notificado a las Partes la entrada en vigor de las Enmiendas con fecha 28 de septiembre de 2023.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

OBSERVATORIO DEL SQUARE KILOMETRE ARRAY (SKA)
El Consejo de Ministros ha acordado remitir a las Cortes Generales el Convenio por el que se crea el Observatorio del Square Kilometre Array (SKA) y autorizar la manifestación del consentimiento de España en obligarse por dicho Convenio.

El objeto de este Convenio es facilitar y promover la colaboración mundial en el ámbito de la radioastronomía con vistas a desarrollar actividades que contribuyan a la evolución en la ciencia. Su primer objetivo es la puesta en marcha del proyecto SKA.

La organización SKA se creó en 2011 como sociedad sin ánimo de lucro, bajo legislación del Reino Unido. Desde dicha organización se llevó a cabo el diseño y la pre-construcción del Observatorio.

Posteriormente, el 4 de febrero de 2021, la Organización SKA se constituyó en la Organización Intergubernamental denominada SKA Observatory (SKAO), dotando así a la construcción y puesta en marcha y funcionamiento del observatorio de un marco legal definitivo con el Convenio por el que se crea el Observatorio del Square Kilometre Array (SKAO), hecho en Roma el 12 de marzo de 2019.

España se adhirió a la Organización SKA en calidad de miembro asociado en 2018 y ha participado desde entonces en todos los órganos de asesoramiento y gobierno del proyecto como observador. El interés de España en adherirse al Convenio radica en que es una de las primeras potencias mundiales en astronomía.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y GUATEMALA SOBRE REGULACIÓN Y ORDENACIÓN DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS LABORALES
El Consejo de Ministros ha acordado remitir a las Cortes Generales del Acuerdo entre el Reino de España y la República de Guatemala relativo a la regulación y ordenación de los flujos migratorios laborales entre ambos Estados y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho acuerdo, que tiene por objeto regular de una forma ordenada y coherente los flujos migratorios laborales existentes entre España y Guatemala, profundizar en el marco general de cooperación y amistad entre los dos países y prevenir la inmigración irregular.

La firma de este acuerdo se planteó en el marco de la visita a España los días 17 a 21 de enero de 2023 del ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala. Desde una perspectiva política, se estimó que el acuerdo era de interés, dado que la migración laboral puede contribuir al desarrollo económico y social, propiciar la diversidad cultural y fomentar la transferencia de tecnología, por lo que la firma de dicho acuerdo se llevó a cabo "ad referendum" y tuvo lugar en Madrid el 18 de enero de 2023.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ADQUISICIÓN DE PARTICIPACIONES EN EL FONDO E3 LOW CARBON ECONOMY FUND
El Consejo de Ministros ha acordado autorizar la adquisición de participaciones en el Fondo E3 Low Carbon Economy Fund I Sociedad Comanditaria Simple, Sociedad de Inversión de Capital Variable - Reserved Alternative Investment Fund, con cargo al Fondo para la Promoción del Desarrollo, por un importe máximo de 20.000.000 de dólares estadounidenses, que tiene por objeto de inversión compañías y proyectos centrados en provisión de servicios de forma climáticamente sostenible

El foco geográfico del fondo es el continente africano, con preferencia por África Subsahariana. Pueden considerarse inversiones en el norte de África siempre que sean proyectos con vocación regional y previsión de expansión a la región subsahariana.

Por medio de estas inversiones, se pretende contribuir a la descarbonización de la economía, descentralización en la provisión del servicio energético y digitalización en actividades relacionadas con la provisión de energía.

La actividad del Fondo contribuirá al desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente ODS 7 (Energía asequible y no contaminante), ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico), ODS 9 (Industria, innovación e infraestructuras) y ODS 13 (Acción por el clima).

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

LEY DE MOVILIDAD SOSTENIBLE
El Consejo de Ministros ha acordado aprobar el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que será remitido a las Cortes Generales para su tramitación por la vía de urgencia y aprobación en 2024, cumpliendo así con uno de los objetivos acordados con la Comisión Europea en la Adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El Gobierno ha aprobado el mismo texto validado en diciembre de 2022, que decayó como Proyecto de Ley al disolverse el Congreso y el Senado por la convocatoria de elecciones de generales.

Durante el trámite parlamentario, el texto legislativo está abierto a las enmiendas que puedan presentar los diputados y grupos parlamentarios para dar respuesta a los retos que han surgido en los últimos meses en un sector tan dinámico como el del transporte.

Los cuatro pilares de la ley

La futura ley constituirá el marco normativo que permitirá a las distintas administraciones responder mejor a las necesidades de movilidad y transporte de los ciudadanos y a los retos del siglo XXI: la sostenibilidad, la digitalización y la cohesión social y territorial.

Así, la norma regulará soluciones innovadoras como el transporte a la demanda, los coches compartidos, el uso temporal de vehículos o la regulación básica del vehículo autónomo, y fomentará la digitalización y la promoción de datos abiertos tanto de administraciones, como de gestores de infraestructura y de operadores públicos y privados. Digitalizar y compartir datos ayudará, entre otras cosas, a abrir nuevas oportunidades de negocios y a mejorar la toma de decisiones.

El nuevo marco regulatorio para el transporte y la movilidad en nuestro país se sustenta en cuatro pilares:
  • Un derecho social: por primera vez, la ley reconocerá la movilidad como un derecho de toda la ciudadanía y un elemento de cohesión social que contribuye a la consecución del Estado del Bienestar. La movilidad deberá ser accesible e inclusiva y ofrecer soluciones para todas las personas de tal manera que las administraciones deberán trabajar de forma coordinada para garantizar este derecho, con especial énfasis en las necesidades de movilidad cotidiana de toda la ciudadanía, incluyendo el ámbito rural. También se pone de manifiesto la importancia estratégica del transporte de mercancías, como sustento de la actividad económica del país.
  • Limpia y sana: el transporte es responsable del 29% de las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país, por lo que urge avanzar en la descarbonización del sector para cumplir con los compromisos internacionales y contribuir a mejorar la calidad del aire.
Se busca, así, priorizar la movilidad activa (caminar, ir en bici) y un transporte público colectivo accesible y asequible para todas las personas. La Ley trata de promover alternativas atractivas al vehículo privado, como sistemas de transporte público a la demanda, sistemas de movilidad colaborativa o compartida.

También se busca reforzar el papel de las zonas de bajas emisiones que se regulan en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. La Ley abre la puerta a que los ayuntamientos puedan establecer una tasa por la circulación de vehículos en las zonas de bajas emisiones. Para crear esta tasa es necesaria una habilitación con rango de ley, lo que permite garantizar que las condiciones básicas sean homogéneas en todo el territorio, aunque cada municipio podrá decidir si implementa la tasa o no.
  • Un sistema digital e innovador: la ley incluye la creación del Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM), donde empresas de transporte, gestores de infraestructuras y administraciones compartirán sus datos, lo que permitirá optimizar la toma de decisiones de todos los actores a la hora de planificar la ejecución de nuevas infraestructuras y la puesta en marcha de nuevos servicios.

La Ley incluirá herramientas para facilitar la innovación. Por ejemplo, se crea un sandbox de movilidad para probar soluciones innovadoras de movilidad en un espacio controlado de pruebas y facilitar su llegada al mercado. También recoge los principios que deberán seguir las administraciones para regular y promocionar la introducción de los vehículos autónomos, en todos los modos, priorizando la seguridad, la sostenibilidad ambiental, los derechos de las personas y fomentando la colaboración público-privada. En el caso de automóviles autónomos, el texto establece una ventanilla única para facilitar que se realicen pruebas en vías públicas.
  • Invertir mejor al servicio de la ciudadanía: el cuarto pilar de la Ley apuesta por mejorar la calidad de las decisiones de inversión y gasto en transporte y movilidad, así como por incluir nuevas herramientas que permitan una mayor participación pública. La Ley recoge gran parte de las recomendaciones de la AIReF y otros organismos, estableciendo análisis ex ante y ex post que garanticen la rentabilidad socioambiental de todas las actuaciones, y mecanismos para reforzar la transparencia y rendición de cuentas.

El Sistema Nacional de Movilidad Sostenible

Para lograr estos objetivos y constituir una política de transportes y movilidad que ponga al ciudadano en el centro de la esfera de la movilidad, es imprescindible la cooperación entre las tres administraciones: Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Para ello la ley crea el Sistema Nacional de Movilidad Sostenible que facilitará esta coordinación.

Este sistema consta de varios instrumentos: un foro de cooperación entre todas las administraciones, el Foro Administrativo de Movilidad Sostenible; un órgano consultivo para facilitar la cooperación de éstas con el sector y los usuarios, el Consejo Superior de Movilidad Sostenible; un instrumento digital para garantizar la compartición de datos relativos a la movilidad (EDIM); y un documento estratégico de orientaciones para la planificación de una movilidad sostenible elaborado de forma coordinada con todas las administraciones (DOMOS).

Otras reformas introducidas por la nueva ley

La nueva ley garantizará la contribución financiera del Estado para la movilidad sostenible en el ámbito urbano mediante un sistema homogéneo y predecible. Además, establece la obligación de que las administraciones velen por incentivar y promover soluciones sostenibles, priorizando la movilidad activa y el transporte público colectivo. Se trata de avanzar en la transformación "de la ciudad de los coches" a la "ciudad de las personas".

Asimismo, se establecen mayores exigencias en la planificación de los transportes y la movilidad. A nivel estatal se elaborará un Instrumento de Planificación Estratégica Estatal en Movilidad (IPEEM), y para los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes se establecen los Planes de Movilidad Urbana Sostenible Simplificados.

A su vez, se establece que los planes de movilidad urbana sostenible deben contener medidas de ordenación de la distribución urbana de mercancías, cooperando con otros municipios colindantes para el establecimiento de criterios homogéneos para facilitar el transporte y la logística de última milla entre núcleos urbanos colindantes.

Vertiente social y digitalización

En la vertiente social, la ley fomenta la realización de campañas de concienciación y sensibilización en materia de movilidad sostenible y segura, y prevé la introducción de formación en este ámbito, con contenidos de educación vial, convivencia y uso de todos los modos de transporte y movilidad sostenible en condiciones de seguridad.

En cuanto a la digitalización, la ley profundiza en obligaciones ya existentes en la normativa europea relativas a que los proveedores de servicios de transporte de viajeros, así como los gestores de infraestructuras, faciliten la información de los servicios al Punto de Acceso Nacional. Esta información facilita la creación de aplicaciones y otras soluciones de planificación de rutas y viajes, que hacen más sencillo el uso del transporte público y fomentan la intermodalidad. Además, se mejorará la información pública sobre la localización de los puntos de recarga eléctrica.

Movilidad sostenible en el trabajo

La Negociación Colectiva Verde se incorpora por primera vez a nuestro ordenamiento jurídico y constituye un nuevo ámbito para el desarrollo de la negociación colectiva.

Las empresas, incluidas las del sector público, deberán disponer, en el plazo de 24 meses desde la entrada en vigor de la ley, de planes de movilidad sostenible al trabajo para aquellos centros de trabajo con más de 500 personas trabajadoras o 250 por turno.

Estos planes de movilidad sostenible deben ser negociados con la representación legal de las personas trabajadoras o, en su defecto, con una comisión integrada por los sindicatos más representativos y representativos del sector, e incluirán medidas concretas de movilidad sostenible que contemplen, por ejemplo, el impulso de la movilidad activa, el transporte colectivo, la movilidad de cero emisiones, soluciones de movilidad tanto compartida como colaborativa o el teletrabajo en los casos en los que sea posible. Estos planes de deberán ser objeto de evaluación y de un seguimiento que permita seguir la implantación de las actuaciones y medidas recogidas en el plan. También se incluirán medidas relativas a la seguridad y la prevención de accidentes en los desplazamientos al centro de trabajo.

Obligatoriedad en la negociación colectiva

Para asegurar la negociación de los planes se modifica el art. 85.1 del Estatuto de los Trabajadores, para incorporar dentro del contenido obligatorio de los convenios colectivos el deber de negociar medidas para promover la elaboración de planes de movilidad sostenible al trabajo.

Los grandes centros de actividad deberán disponer de planes de movilidad sostenible.

Los Ministerios de Trabajo y Economía Social, y Transportes y Movilidad Sostenible, previo informe del Foro Administrativo de Movilidad Sostenible, establecerán conjuntamente los criterios para identificar los grandes centros de actividad que deban disponer de estos planes de movilidad sostenible.

Para la fijación de esos criterios se tendrán en cuenta la superficie del centro de actividad, el número de empresas y personas trabajadoras afectadas por turno de trabajo o afluencia de visitantes y la movilidad en días y horas punta y fechas determinadas, entre otros factores.

Una norma en línea con los acuerdos internacionales

La ley forma parte de las reformas que el Gobierno se ha comprometido con Europa en el marco del Plan de Recuperación. Es la reforma 2 del Componente 1: Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos.

Esta nueva norma contribuirá cumplir con los acuerdos internacionales asumidos por España para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible que marca la Agenda 2030 de la ONU y la COP21 de París, y con las estrategias europeas, como el Pacto Verde Europeo o la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de la Comisión Europea.

Defensa

ADQUISICIÓN DE SISTEMAS LANZACOHETE
El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del acuerdo marco para la adquisición de los sistemas lanzacohete 90 milímetros, con sus diferentes cabezas de combate, así como un sistema de entrenamiento para la instrucción y adiestramiento del personal.

Todos estos sistemas son empleados por las Fuerzas Armadas en la realización de ejercicios tácticos en territorio nacional, y durante la fase de preparación para la proyección de fuerzas, dado que forman parte del material que se traslada a zona de operaciones.

El valor estimado del acuerdo marco asciende a 73.681.960€, y tendrá una duración de dos años, con posibilidad de prórroga de dos (2) años más.

Defensa

CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL DEL MINISTERIO DE DEFENSA Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS
El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración de un acuerdo marco para la prestación de servicios de gestión de los centros de educación infantil del Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos.

La vigencia del actual acuerdo marco en vigor se extiende hasta el 13 de julio de 2024, lo que hace necesario celebrar un nuevo acuerdo marco para seguir dando continuidad a la prestación de los servicios.

El valor estimado del acuerdo marco asciende a 27.101.000,00 euros, y tendrá una duración de dos años.

Interior

SUBVENCIONES A LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA
El Consejo de Ministros ha aprobado el reparto entre los distintos partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados un total de 52.704.140 euros en concepto de subvención para atender sus gastos de funcionamiento ordinario.

Dado que aún no se ha aprobado la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado para este ejercicio de 2024, opera la prórroga automática prevista en el artículo 134.4 de la Constitución Española. Por ello, de acuerdo con la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, la cuantía prevista para esta subvención se mantiene en los 52.704.140 euros (cantidad idéntica a la de años anteriores).

En este caso, la mencionada cantidad se ha distribuido teniendo en cuenta los resultados de las Elecciones al Congreso del 23 de julio de 2023. Un tercio de la misma se reparte en proporción al número de escaños obtenidos por cada partido político y los dos restantes según todos los votos obtenidos por cada partido en dichas elecciones.

Según este mecanismo legal, las subvenciones que corresponden a los partidos políticos representados en el Congreso en este ejercicio de 2024 son las siguientes:

Imagen del artículo Referencia del Consejo de Ministros


El artículo 3.Seis de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, establece que si alguna de estas subvenciones supera la cuantía de 12 millones de euros, el conjunto del reparto requerirá al acuerdo de Consejo de Ministros para autorizar su concesión, trámite completado en la reunión de este martes.

Transportes y Movilidad Sostenible

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA RED FERROVIARIA CONVENCIONAL
El Consejo de Ministros ha autorizado hoy al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar, a través de Adif, el contrato de servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y obras auxiliares de la línea aérea de contacto (catenaria) y subestaciones de tracción de la red ferroviaria de ancho convencional.

El contrato, con un valor estimado de 328,4 millones de euros (IVA no incluido) y un plazo de ejecución de 36 meses, con posibilidad de prórroga de hasta 24 meses, se distribuye en seis lotes, correspondientes a las áreas geográficas Centro, Noroeste, Sur, Este, Noreste y Norte.

Los trabajos servirán para el mantenimiento de la red ferroviaria convencional, que cuenta con más de 9.200 kilómetros de catenaria y 341 subestaciones eléctricas.

Las instalaciones de electrificación constituyen un elemento esencial de la infraestructura ferroviaria y los trabajos de mantenimiento son clave para conservar estos elementos en un estado óptimo de fiabilidad y disponibilidad, con el fin de que la explotación ferroviaria se realice en condiciones de seguridad.

Principales actuaciones

El contrato contempla actividades de mantenimiento preventivo, que incluye tareas programadas para conservar la operatividad y disponibilidad de las instalaciones y el correcto estado de sus elementos, así como actividades que derivan de inspecciones de las instalaciones. Asimismo, se prevén actuaciones de rápida intervención.

Por su parte, los servicios de mantenimiento correctivo se refieren a la resolución de incidencias y reparación de equipos, sistemas y aparamenta eléctrica (conjunto de aparatos de maniobra, de regulación y control y de medida, incluidos los accesorios de las canalizaciones eléctricas, utilizados en las instalaciones eléctricas).

El contrato prevé el suministro de material para realizar actividades de mantenimiento, así como la ejecución de actuaciones de mejora en las instalaciones de electrificación para incrementar sus prestaciones.

El Ministerio, mediante Adif, dispone de equipos y medios propios especializados para atender las labores de mantenimiento y conservación de las instalaciones eléctricas. En ubicaciones con una alta densidad de este tipo de instalaciones o para determinados trabajos, la compañía refuerza su capacidad de respuesta con la contratación de soporte y apoyo de empresas especializadas.

Estos trabajos contribuyen a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9, que fomenta infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad.

Imagen del artículo Referencia del Consejo de Ministros

Política Territorial y Memoria Democrática

CRITERIOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CONFERENCIAS SECTORIALES
El Gobierno ha aprobado un acuerdo por el que solicita al Consejo de Estado dictamen en relación con el proyecto de Real Decreto sobre criterios de funcionamiento de las conferencias sectoriales.

La Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público regula las conferencias sectoriales, de cooperación interadministrativa, estableciendo, entre otras cuestiones, sus funciones, su régimen de convocatoria, las clases de decisiones que pueden adoptar o las funciones de la secretaría de estos órganos.

El proyecto de real decreto detallará las previsiones relativas a los procedimientos de toma de decisiones, las normas de funcionamiento para la celebración conjunta de dos o más Conferencias Sectoriales y las reglas comunes sobre planificación, información al público y seguimiento de la actuación de la Conferencia Sectorial.

La tramitación urgente de este proyecto de real decreto persigue dar cumplimiento a los compromisos asumidos en la "Reforma para la modernización y digitalización de las Administraciones Públicas", del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea.

Vivienda y Agenda Urbana

LÍNEA DE AVALES PARA ADQUISICIÓN DE PRIMERA VIVIENDA DESTINADA A RESIDENCIA HABITUAL
El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se fijan las condiciones para que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) proceda a la firma con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) de una línea de 2.500 millones de euros en avales para la compra de la primera vivienda por parte de jóvenes menores de 35 años y de familias con menores a su cargo.

Principales características de los avales

Los avales serán gestionados por el ICO de acuerdo con el convenio que firmará este banco público y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. De esta manera, se posibilitará la adhesión a esta línea de las entidades financieras.

El préstamo para avalar con esta línea se formalizará mediante un contrato entre la entidad de crédito y el, o los adquirientes. Asimismo, el aval se entenderá concedido en el mismo acto de concesión del préstamo y no tendrá ningún coste ni para la persona beneficiaria ni la entidad financiera.

Con carácter general, el ICO avalará hasta el 20% del importe del crédito, salvo que la vivienda adquirida disponga de una calificación energética D o superior, en cuyo caso se podrá avalar hasta el 25% de este importe.

El plazo del aval otorgado por MIVAU a la entidad financiera y gestionado por el ICO será de un máximo de 10 años desde que se formalice la operación, con independencia de la amortización del préstamo. Durante este plazo, la vivienda deberá ser la residencia habitual de la persona avalada y su arrendamiento estará limitado a que concurran circunstancias que exijan el cambio de vivienda, tales como celebración de matrimonio, separación matrimonial, traslado laboral u obtención de un empleo más ventajoso, entre otras análogas.

El plazo para formalizar los préstamos que se acojan a esta línea de avales finalizará el 31 de diciembre de 2025. En todo caso, el propio convenio recogerá que este plazo podrá ampliarse dos años más.

En el convenio entre el ICO y MIVAU se establecerá un límite máximo de precio de venta o tasación de la vivienda, que podrá fijarse en función del ámbito territorial, pudiendo ser modificado por acuerdo de la comisión de seguimiento.

Límites y condiciones en el acceso a los avales
  • Los adquirientes de viviendas deben ser personas físicas y mayores de edad, con residencia legal en España, debiendo acreditarla de manera continua e ininterrumpida durante los dos años anteriores a la solicitud del préstamo.
  • Los ingresos individuales no pueden superar los 37.800 euros brutos al año (4,5 veces el IPREM). En el caso de que la vivienda sea adquirida por dos personas, el límite de ingresos se elevará al doble. Es decir, los ingresos de los dos adquirientes no podrán superar en conjunto, la suma del límite establecido para cada uno.
  • En este punto, la medida cuenta con factores de mejora en función del número de hijos y de si la familia es monoparental. Así, dicho límite se incrementará en 0,3 veces el IPREM (2.520 euros brutos anuales) por cada menor a cargo y, además, en el caso de familia monoparental el límite se podrá incrementar en un 70% adicional.
  • El límite de patrimonio del avalado será máximo de 100.000 euros.
  • No podrán acogerse a esta línea de avales quienes ya sean propietarios de otra vivienda con anterioridad, independientemente de la forma de adquisición de esta. No obstante, con excepción a lo anterior, sí podrán acogerse quienes cumpliendo los requisitos concurran en algunas de estas circunstancias:
Cuando el derecho de propiedad recaiga sobre una parte alícuota de la vivienda y esta se haya obtenido por herencia o transmisión mortis causa sin testamento.

Para aquellas personas que, siendo titulares de una vivienda, acrediten su no disponibilidad por causa de separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad, o cuando la vivienda resulte inaccesible por razón de discapacidad de su titular o de las personas que formen parte de su unidad de convivencia.
  • El aval se podrá mantener dentro de los límites establecidos en el convenio siempre que sea la vivienda habitual del beneficiario/a, con la excepción de las circunstancias mencionadas anteriormente que puedan exigir el cambio de vivienda.

Ciencia, Innovación y Universidades

AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADOS EN CONVOCATORIAS INTERNACIONALES
El Consejo de Ministros ha acordado autorizar a la Agencia Estatal de Investigación la concesión directa de ayudas, del año 2024, a proyectos de investigación seleccionados en las convocatorias competitivas internacionales y acciones concertadas internacionales de carácter científico técnico, en el marco de actuaciones de «Proyectos de Colaboración Internacional», del Programa Estatal para Afrontar las Novedades de Nuestro Entorno, Subprograma Estatal de Internacionalización, del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023, por importe de 23.500.000 euros.

Este procedimiento financia la parte española de proyectos de investigación y actuaciones concertadas de colaboración internacional, incluyendo proyectos, misiones y experimentos, seleccionados en convocatorias internacionales de varios esquemas y de organismos internacionales, descritos más adelante.

Estas actuaciones articulan la participación en el Espacio Europeo de Investigación y en otras iniciativas internacionales de los agentes del SECTI, pretendiendo ayudar a la creación de grupos de investigación transnacionales con la masa crítica necesaria para afrontar los desafíos cuya dimensión global hace que no puedan ser abordados solo a escala nacional.

La Agencia Estatal de Investigación es la entidad competente para la financiación de los participantes españoles en los siguientes programas europeos e internacionales:
  • Las ERA-Net COFUND y los Partenariados del Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea Horizonte 2020 (2014-2020) y Horizonte Europa (2021-2027).
  • El programa de investigación científica y técnica y de desarrollo de instrumentación de la Agencia Europea del Espacio (ESA), de la que España es estado miembro.

BIOGRAFÍAS

Presidencia el Gobierno

Remisión al Congreso de los Diputados la propuesta de nombramiento como presidenta del Consejo de Estado

Dª. MARÍA DEL CARMEN CALVO POYATO
Licenciada en Derecho Público por la Universidad de Sevilla. Doctora en Derecho Constitucional por la Universidad de Córdoba. Profesora titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba. Secretaria General de la Universidad de Córdoba. Secretaria del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología. Socia de Honor de la Red Feminista de Derecho Constitucional.

Presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados. Vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. Presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados. Vicepresidenta primera del Congreso de los Diputados. Ministra de Cultura. Diputada por Córdoba en el Congreso de los Diputados. Diputada por Córdoba en el Parlamento de Andalucía. Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía.

Condecorada con la Real y Distinguida Orden de Carlos III, la Orden de San Raimundo de Peñafort y el Grand Cordon del Wissam Alaouite del Reino de Marruecos.

Directora del Departamento de Asuntos Culturales del Gabinete de la Presidencia del Gobierno

D. MANUELA VILLA ACOSTA
Licenciada en Sociología por The London School of Economics, University of London. Máster en Periodismo por El País/Universidad Autónoma de Madrid. Máster de investigación por Goldsmiths University of London.

Diputada en la Asamblea de Madrid. Asesora del Gabinete del Ministro de Cultura y Deporte. Codirectora del Máster de gestión cultural internacional e innovación social de la Universidad Complutense de Madrid. Responsable del programa de residencias artísticas del Centro de creación contemporánea Matadero Madrid y responsable de programación del Centro de creación contemporánea Matadero Madrid. Codirectora de La noche en blanco. Asesora de Apoyo a la creación del Ayuntamiento de Madrid.

Colaboradora en medios de comunicación como El País, Localia o Vanity Fair y cofundadora de Ladinamo.

Hacienda

Secretario general técnico

D. ALBERTO JOSÉ SERENO ÁLVAREZ
Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid y funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.

Subsecretario del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretario general del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Director general del Instituto Geográfico Nacional. Subdirector general de Recursos Humanos y Organización del Ministerio de Economía y Hacienda. Director general de la Función Pública, director general de Servicios, subdirector general de Análisis Económico de Comunidades Autónomas y subdirector general de Seguimiento y control de la Gestión en el Ministerio para las Administraciones Públicas.

Ha participado en órganos rectores de distintas empresas públicas, como Auxini, Trasmediterránea, Correos o Puertos del Estado; o de empresas privadas, como Biópolis.

Es autor publicado por la Escuela de Organización Industrial y el Instituto Nacional de Administración Pública.

Director general del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

D. JOSÉ ÁNGEL ALONSO JIMÉNEZ
Ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad de Zaragoza, licenciado en Derecho por la UNED y MBA por IESE Business School. Pertenece al Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado.

Asesor del Gabinete del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, asesor del Gabinete de la ministra de Industria, Turismo y Comercio, jefe del Gabinete Técnico de la subsecretaria de Inclusión, Seguridad y Migraciones y vicesecretario general técnico en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En 2021, se unió a la Secretaría General Técnica y actualmente ejercía el cargo de subdirector general de Sistemas de Información de Fondos Europeos.

Hacienda y Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

Vocal del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

Dª.VIRGINIA LEUNG FERNÁNDEZ
Licenciada en Economía con Premio Extraordinario por la Universidad Complutense de Madrid. Funcionaria de carrera perteneciente al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado y al Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad.

Interventora delegada en el Instituto para la Transición Justa, O.A., integrada en la Intervención Delegada en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Jefa de área de Intervención y Fiscalización, en la Intervención Delegada en el Ministerio para la Transición Ecológica y en la Intervención Delegada en el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Auditora Nacional jefa de equipo, en la Intervención Delegada en el Ministerio de Economía y Competitividad y jefa de área de Auditoría, en la Intervención Delegada en el Ministerio de Ciencia e Innovación.

Ha impartido cursos formativos en el Instituto de Estudios Fiscales y en la UNED y ha sido miembro de tribunales de procesos selectivos para el acceso al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y al Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Director general de Políticas de Desarrollo Sostenible

D. SERGIO COLINA MARTÍN
Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, máster en Relaciones Internacionales y especialista en mediación internacional por la UNED. Funcionario de la Carrera Diplomática.

Ha prestado servicios en los consulados generales de España en Salvador de Bahía y en Rabat, cónsul en la embajada en Japón, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ha trabajado en la Secretaría General de Organismos Internacionales y ha sido consejero para las relaciones de la UE con África, el Caribe y el Pacífico y para las políticas europeas de desarrollo en la SG de Relaciones Exteriores de la Unión Europea. En la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), ha trabajado en la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas y en el Departamento de Cooperación con África Subsahariana. Asesor en el Gabinete Técnico y jefe del Departamento de Cooperación con los Países Andinos y el Cono Sur. Asesor en la Unidad de Asuntos Políticos, Humanitarios y Derechos Humanos del Gabinete del secretario general de las Naciones Unidas.

En el ámbito académico, ha impartido clases sobre políticas de desarrollo y acción humanitaria en la Escuela Diplomática y en diversas universidades, y ha contribuido en publicaciones especializadas sobre relaciones internacionales y cooperación internacional.

Embajador de España en la República Federal de Alemania

D. PASCUAL IGNACIO NAVARRO RÍOS
Licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia y diplomado en Derecho Internacional Público por la Universidad de París I Sorbonne y en Relaciones Internacionales por London School of Economics. Miembro de la Carrera Diplomática.

Ha servido en las embajadas de España en Damasco, Copenhague y Brasilia. Jefe de área de Extranjería y Asilo, subdirector general de Cooperación para América Central y subdirector general para Asuntos de Terrorismo. Consejero en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, director del Gabinete del secretario de Estado para la Unión Europea, asesor para Asuntos Institucionales de la Unión Europea, director general de Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias en la Secretaría de Estado para la Unión Europea y secretario general para la Unión Europea y secretario de Estado para la Unión Europea.Embajador de España en la República Checa.

Embajador de España en la República de Yibuti

D. GUILLERMO ANTONIO LÓPEZ MAC-LELLAN
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense. Miembro de la Carrera Diplomática.

Inició su trayectoria en la Subdirección General de Africa Subsahariana y posteriormente en el Gabinete del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Destinado en las representaciones diplomáticas españolas en Senegal y ante las Naciones Unidas y los Organismos Internacionales con sede en Ginebra. Subdirector general de África Subsahariana. Consejero en la Representación de España ante la Unión Europea. Segunda Jefatura en Quito y posteriormente nombrado embajador de España en la República de Guinea Ecuatorial. Embajador en Misión Especial para Derechos Humanos, la Democracia y el Estado de Derecho. Embajador de España en la República Democrática Federal de Etiopía.

Cultura

Director de la Biblioteca Nacional de España, O.A.

D. ÓSCAR ARROYO ORTEGA
Funcionario de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pertenece al Cuerpo Superior, Escala Superior de Archivos, Bibliotecas y Museos.

Jefe de Servicio del Libro, Archivos y Bibliotecas, asesor del Libro y Bibliotecas y jefe de sección de Coordinación Bibliotecaria, en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Representante institucional en distintos órganos de cooperación y comisiones a nivel nacional en materia bibliotecaria. Ha participado como ponente en foros profesionales en materia de bibliotecas públicas y ha publicado estudios, informes y artículos relacionados con la planificación y gestión bibliotecaria, legislación de bibliotecas, bibliotecas móviles y bibliotecas en el medio rural.

Economía, Comercio y Empresa

Director del Gabinete del Ministro de Economía, Comercio y Empresa

D. JULIO MANUEL POYO-GUERRERO RODRÍGUEZ
Licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid. Pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Poseedor de la certificación financiera CFA.

Inicia su carrera en la Dirección General de Comercio e Inversiones del Ministerio de Industria. Subdirector general adjunto en el Tesoro Público dedicado a la gestión y financiación de la deuda pública del Estado. Asesor y posteriormente subdirector general de Políticas Sectoriales en la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, actualmente Oficina de Asuntos Económicos y G20, donde ha ocupado el cargo de subdirector general de Proyectos Estratégicos, centrándose en la atracción de inversión a nuestro país, así como en la evaluación y propuestas de normativa sectorial en diversos ámbitos como energía, industria, telecomunicaciones, defensa, transportes o vivienda.

Directora general del Tesoro y Política Financiera

Dª. CARLA MARÍA DÍAZ ÁLVAREZ DE TOLEDO
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas, pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado.

Subdirectora general de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea, en la Secretaría General del Tesoro. Consejera en el Banco Europeo de Inversiones y en el Fondo Europeo de Inversiones. Directora de Resolución en el FROB, responsable de la representación y coordinación de la posición española en los foros internacionales de resolución en la Junta Única de Resolución, la Autoridad Bancaria Europea o el Consejo de Estabilidad Financiera.

Directora general de Financiación Internacional

Dª. INÉS CARPIO SAN ROMÁN
Licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid en el programa de Cooperación Educativa, cursando el último año en la Universidad de Georgetown, Estados Unidos. Pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado.

Vocal asesora de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, en el Ministerio de Hacienda, tras haber trabajado en la Dirección General de Análisis Macroeconómico. Consejera económica y comercial jefa de la Oficina Económica y Comercial en Viena. Trabajó en la Oficina Económica del Presidente del Gobierno y ha sido miembro del Consejo de Administración de INECO y de SELAE. Asimismo, ha desarrollado parte de su carrera en la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

Condecorada con la Cruz de Oficial de la Orden del Mérito Civil.

Director general de Política Económica

D. VÍCTOR AUSÍN RODRÍGUEZ
Ingeniero Superior de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Cataluña, realizando su proyecto final de carrera en la universidad RWTH (Aachen - Alemania) y graduado en Ciencias Políticas y de la Administración por la UNED. Pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado.

Inicia su carrera profesional como consultor financiero en KPMG, desarrollando proyectos para la implementación de marcos regulatorios de Basilea II y Solvencia II en distintas instituciones financieras, nacionales e internacionales. A partir de 2016, su carrera profesional se concentró en el Ministerio de Economía y en el análisis y la previsión económica.

En 2021, pasó a ocupar el cargo de director general de Análisis Macroeconómico, realizando una evaluación y seguimiento del impacto macroeconómico de las medidas y reformas adoptadas por el Gobierno, en materia de política económica.

Director general de Análisis Macroeconómico

D. EDUARDO AGUILAR GARCÍA
Licenciado en Economía y Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Máster en Políticas Públicas por la Goldman School de la Universidad de Berkeley -California. Pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado.

Ha desarrollado su carrera profesional en el Ministerio de Economía ejerciendo distintos puestos de responsabilidad en la Dirección General de Análisis Macroeconómico. Subdirector General de Análisis Económico y Coordinación Internacional a cargo de la coordinación del Programa de Estabilidad, la elaboración de análisis de las tendencias a medio y largo plazo de la economía española, la evaluación y cuantificación del impacto económico y sobre la sostenibilidad de la deuda de medidas de política económica así como del desarrollo y adaptación de instrumentos cuantitativos y modelos orientados al análisis estructural y a la simulación ex antes y evaluación ex post del impacto de medidas de políticas públicas.

Presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)

D. ÁLVARO LÓPEZ BARCELÓ
Técnico Comercial y Economista del Estado.

Subdirector general de Financiación y Gestión de la Deuda Pública. Subdirector general de Análisis Estratégico y Sistema Financiero Internacional. Consejero económico y comercial en la Embajada de España en Marruecos. Ha trabajado en la Comisión Europea, en Bruselas, como experto nacional, en la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros. Director general del Tesoro y Política Financiera. Presidente del Comité Permanente de Prevención del Blanqueo de Capitales. Presidente del Comité de Inteligencia Financiera. Miembro del Comité Técnico de la Autoridad de Estabilidad Financiera (AMCESFI) y representante de España en el Financial Stability Board.

Miembro del Consejo de Redacción de la Revista ICE, del Consejo de Administración de ENISA, del Comité de Servicios Financieros de la Unión Europea, del Comité de Mercados Financieros de la OCDE y del Grupo de Trabajo sobre Arquitectura Financiera Internacional del G20






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