La Xunta y el sindicato SUP reclaman al Gobierno central cubrir las vacantes de la Policía Autonómica

El vicepresidente primero y conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo, acompañado del director general de Emergencias e Interior, Santiago Villanueva, mantuvo hoy una reunión con el secretario federal territorial del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Galicia, Roberto González, y el secretario provincial de la organización en A Coruña, Abel Lobato, en la que coincidieron en reclamar al Gobierno central que cubra las vacantes en la Policía Autonómica con el objetivo de garantizar el bienestar y la seguridad de la ciudadanía, ya que las Administraciones están en el deber de dotar a las unidades policiales de los medios que precisan para llevar a cabo su labor.

En esta línea, la Xunta recuerda que es el Ejecutivo estatal lo que tiene que completar el plantel de la UPA, que actualmente tiene un déficit de casi el 30% con 355 funcionarios de un catálogo de 500 policías. La Xunta ya solicitó ante el Gobierno central, en diversas ocasiones, la necesidad de completar el plantel de la Policía Autonómica. En concreto, se precisarían 145 agentes más.

El déficit se da en todas las sedes de la Policía Autonómica en la comunidad, de manera que en cada una debería haber 50 agentes y en la de Santiago 250. Actualmente, en la capital gallega trabajan 161, lo que supone un 35% menos del que le correspondería, mientras que en el resto faltan entre un 20% y un 30% de puestos por cubrir con un cuadro actual de 40 efectivos en Pontevedra, la misma cifra que en Ourense, 39 en Lugo, 38 en Vigo y 37 en A Coruña.

Hace falta recordar que el número de efectivos de este cuerpo vino descendiendo en los últimos años debido la jubilaciones y traslados, a pesar de que se fueron incrementando sus tareas. A sus funciones habituales en materia de seguridad, se suman otras relacionadas con la protección del medio ambiente y del patrimonio cultural, la prevención e investigación de incendios, la lucha contra el furtivismo y el marisqueo ilegal, la protección de menores y de víctimas de violencia de género, o la vigilancia de las rutas del Camino de Santiago y la atención a los peregrinos.