La Xunta apuesta por la formación del personal de la administración de la justicia en materia de violencia de género para garantizar una atención de calidad a las víctimas

  • El director general de Justicia, José Tronchoni, explicó que todos los operadores jurídicos tienen a su disposición en el programa formativo de la EGAP de este año una amplia oferta de cursos específicos relacionados con la atención a las víctimas de violencia de género
  • El Gobierno gallego mantiene convenios anuales con el Consello de la Abogacía Gallega y con el Consello Gallego de los Procuradores con el objetivo de ofrecer a los profesionales de estos colectivos formación especializada sobre la atención a mujeres y menores que sufren violencia de género
  • La Xunta también colabora con el Consello de la Abogacía Gallega en el desarrollo de acciones de atención profesional a víctimas de violencia sexual garantizándoles el asesoramiento jurídico por parte de un profesional especializado en estos delitos

Santiago de Compostela, 7 de septiembre de 2023

El director general de Justicia, José Tronchoni, abordó hoy en el Parlamento de Galicia las actuaciones llevadas a cabo por la Xunta cuanto a la formación del personal de justicia en materia de violencia de género. Así, recordó que el Gobierno gallego, con el objetivo de garantizar una atención y asistencia especializada en materia de violencia de género mantiene varios convenios con el Consejo de la Abogacía Gallega y con el Consello Gallego de los Procuradores de los Tribunales en el marco del Pacto de Estado contra la violencia de género.

Con ambos organismos, tal y como recordó el director general de Justicia,  la Xunta mantiene acuerdos anuales para la puesta en marcha, el desarrollo y la financiación de acciones formativas dirigidas a profesionales de la abogacía y la procuraduría. Se trata de formación especializada sobre la atención a mujeres y menores que sufren violencia de género. En su intervención, José Tronchoni, especificó que estas acciones incluyen módulos específicos sobre menores y violencia de género, mujeres extranjeras y recursos y programas de atención psicológica y social en casos de violencia de género en Galicia.

Por otra parte, la Xunta -a través de la Vicepresidencia Primera y de la Consellería de Promoción del Empleo e Igualdad- mantiene un tercero acuerdo con el Consello de la Abogacía Gallega para el desarrollo de acciones de atención profesional a víctimas de violencia sexual, también en el marco del Pacto de Estado contra la violencia de género. Este convenio cuenta en este 2023 con un presupuesto de 159.860 euros con la finalidad de sufragar un servicio disponible todos los días del año las 24 horas.

Con esta cuantía se busca compensar la atención jurídica la cada víctima y los gastos de gestión y tramitación de las asistencias realizadas por los colegios de abogados, publicidad y difusión y formación específica de los letrados y letradas en materia de asistencia a las víctimas de delitos sexuales. El director general de Justicia aclaró que, de este modo, la víctima, con independencia de que cuente o no con recursos para litigar, siempre dispondrá de un profesional especializado en delitos contra la libertad sexual que la asista en relación con la denuncia y prestando el asesoramiento jurídico y el acompañamiento necesario en la práctica de las primeras diligencias a las mujeres víctimas de violencia sexual.

Por otra parte, el director general de Justicia detalló la amplia gama de formación a la disposición del personal de la Administración de Justicia en materia de igualdad y violencia de género. Solo en este 2023, la Escuela Gallega de Administración Pública (EGAP) incluye en su plan de formación una veintena de cursos para todos los profesionales con el objetivo de garantizar la especialización y la actualización en esta materia y el trato especializado a las víctimas en este tipo de delitos.

La programación formativa de la EGAP cuenta con cursos específicos para los integrantes de los cuerpos de gestión y tramitación procesal y administrativa y auxilio judicial sobre aspectos como la actividad de los juzgados de guardia, la tramitación de la violencia de género y familiar o las actividades de los órganos jurisdiccionales en la ejecución penitenciaria. Para los profesionales del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) la formación aborda, entre otros contenidos, la elaboración de informes en el trabajo social forense.

Además, todo el personal funcionario de la Administración de Justicia -jueces, magistrados, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, gestores, tramitadores, auxilios, médicos forenses, psicólogos y trabajadores sociales de las Oficinas de Atención a las Víctimas- pueden acceder la formación básica en igualdad y prevención y lucha contra la violencia de género, así como conocer los recursos de apoyo a las mujeres que sufren esta lacra.

Además, abordara esta problemática desde distintas perspectivas y en diferentes entornos como en la adolescencia y la juventud, en las mujeres y niñas con discapacidad, en las mujeres mayores. Al mismo, tiempo facilitara el estudio de varios tipos de violencia como la familiar, la vicaria, las ciberviolencias sexistas o las violencias de género digitales como sexting o sextorsión.

Por último, como complemento a la oferta formativa de la EGAP, la colaboración entre la Xunta y el Consejo General del Poder Judicial (CXPX) permite llevar a cabo actividades formativas destinadas a jueces y magistrados con destino en Galicia, entre ellas las cuestiones relacionadas con la atención en materia de violencia de género en los juzgados de instrucción y del Penitenciario.

José Tronchoni aprovechó su intervención para incidir en la necesidad de extender a todas las ciudades gallegas juzgados de violencia sobre la mujer exclusivos y excluyentes como los que actualmente funcionan en A Coruña y Vigo. Estos tribunales -explicó- permitirían, entre otras ventajas, poner a la disposición de las víctimas los servicios y medios con lo que cuentan en exclusiva estos juzgados, ofrecer una atención especializada, potenciar las denuncias de las víctimas porque los procedimientos se resuelven en plazos más cortos, o reforzar las infraestructuras de protección para las víctimas existentes en los partidos judiciales.

 

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