La Xunta inicia los trámites para abrir una Comisión Bilateral con el Estado e intentar resolver las dudas competenciales de la nueva Ley por el derecho a la vivienda

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció hoy que el Gobierno gallego impulsará los trámites necesarios para solicitar la convocatoria de una Comisión bilateral de cooperación entre el Estado y la Comunidad autónoma con el "fin de intentar resolver las dudas y discrepancias" competenciales surgidas a raíz de la reciente aprobación de la Ley por el derecho a la vivienda, en vigor desde lo pasado 26 de mayo.

En este sentido, y tras recibir hoy la autorización del Consello, el titular del Gobierno gallego explicó que el siguiente paso será remitir de inmediato al Ejecutivo central una invitación para celebrar la referida comisión, un procedimiento legalmente previsto para que las administraciones públicas puedan solucionar de forma negociada sus discrepancias sobre el contenido de una determinada ley evitando recurrir a la Justicia. "Creemos que es bueno dialogar antes y corregir los defectos que advertimos", explicó.

De este modo, la Xunta quiere agotar la vía del diálogo con el Gobierno central para buscar un acuerdo que permita clarificar y modificar aquellas disposiciones de la nueva ley estatal de vivienda que pueden invadir sus competencias, sin necesidad de tener que llegar a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad.

La tramitación de este procedimiento por parte de la Vicepresidencia Segunda y Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda está fundamentada en que la norma, además de resultar confusa en su redacción, presenta defectos técnicos y ser poco clara en la atribución de ciertos deberes y actuaciones, no respeta las competencias exclusivas que tiene atribuida la Comunidad gallega por la Constitución y el Estatuto en materia de vivienda.

En concreto, entre las disposiciones normativas que considera que limitan la capacidad de la Xunta para diseñar políticas residenciales propias en este ámbito, hace falta citar el establecimiento con carácter general de la duración del régimen de protección pública, de la descalificación y de otros requisitos relacionados con las viviendas protegidas, aunque las financien las comunidades, o la imposición de destinar a alquiler un mínimo del 50% del suelo reservado para viviendas en régimen de protección y de elevar al 40% la superficie reservada la vivienda protegida en actuaciones de nueva urbanización, restringiendo así también las facultades autonómicas en materia de ordenación del territorio y urbanismo.

Además, con relación a las zonas de mercado residencial tensionado, Rueda explicó que la norma estatal habilita a las administraciones autonómicas para su declaración y regulación normativa pero "estableciendo unos criterios de procedimiento muy estrictos" que, en la práctica, privan a las comunidades de margen de maniobra y de capacidad de decisión.

Otro de los aspectos controvertidos es el título III de la ley, que aborda la regulación de los parques públicos de vivienda autonómicos y que la Xunta cuestiona en su totalidad al entender que el Estado no puede regular algo que está íntegramente financiado por las comunidades y que, de hecho, forma parte de sus recursos públicos.

Asimismo, se modifican también la Ley de enjuizamiento civil para introducir medidas orientadas a incrementar el nivel de protección de las personas que ocupan ilegalmente un inmueble y que dificultarán aún más su desalojo rápido, por ejemplo, imponiendo al propietario cuando tenga la consideración de gran tenedor que acredite si el ocupante está en situación de vulnerabilidad o, en caso de que sea así, obligando a las comunidades a regular un procedimiento de conciliación entre ambas partes para analizar las posibles ayudas existentes para atender las necesidades de los ocupantes en materia de vivienda.

En definitiva, el Gobierno gallego considera que hay disposiciones, regulaciones y deberes en la Ley por el derecho a la vivienda que son contrarias a la orden constitucional de competencias entre el Estado y las comunidades e invaden las atribuciones autonómicas en la materia. "En esa Comisión también vamos a solicitar la concreción e información sobre las viviendas anunciadas ya que primero eran 1.285 y ahora parece que son 187 de las que solo 20 están en las ciudades", señaló Rueda.

Tramitación unilateral

Desde el primero momento, Galicia exigió al Gobierno central poder participar y opinar durante el proceso de elaboración de una norma que afectaba a una materia sobre la que tiene competencias exclusivas pero que, sin embargo, fue tramitada y aprobada unilateralmente por el Estado, sin contar con la opinión de los ejecutivos autonómicos ni considerar las diferentes realidades territoriales.

Por ese motivo, la Xunta presentó alegaciones al anteproyecto y, más recientemente, cuando en el mes de abril a ley encaró la recta final de su tramitación y se conoció el texto definitivo, se dirigió por carta a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para solicitar una Conferencia Sectorial urgente en la que poder analizar el contenido de la ley y mismo le remitió las principales inquietudes y objeciones a la norma trasladadas por los miembros del Observatorio de la vivienda de Galicia.

Con esta invitación al Estado para la celebración de una Comisión bilateral de cooperación en la que poder analizar la Ley por el derecho a la vivienda, la Xunta hace un nuevo intento por abrir una vía de diálogo y negociación entre ambas administraciones sobre una norma que regula una materia clave y de mucho peso en las políticas autonómicas.