La Xunta mantiene el compromiso con la Administración de Xustiza para garantizar un servicio moderno, accesible, ágil y eficiente

El vicepresidente segundo y conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo, destacó hoy la apuesta y el compromiso de la Xunta por la Administración de la Justicia para hacer frente a los nuevos retos de este servicio y avanzar hacia una justicia digital y accesible con la que garantizar un servicio ágil y eficiente. Así lo señaló durante la inauguración de las XVI Jornadas Jurídicas Román García Varela de Sarria, que este año se centran en los retos del Estado de Derecho en el siglo XXI como la actualización constante de la normativa, el avance continuo de las tecnologías o la adaptación del sistema a las peculiaridades de cada territorio.

A La inauguración también asistieron el director general de Justicia, José Tronchoni, y el delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias. Participaron además el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Rafael Chico; los directores de las jornadas, el catedrático de Derecho Mercantil Carlos Lema Devesa y el letrado de la Administración de Justicia Román García-Varela. La conferencia inaugural corrió a cargo de la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega Benito.

Diego Calvo destacó en su intervención a importancia de la colaboración entre instituciones para coordinar las demandas de los juzgados e incidió en el compromiso de la Xunta con la dotación de las infraestructuras judiciales adecuadas. Además, con el objetivo de aliviar la carga de trabajo de los juzgados gallegos, el Gobierno gallego acepta todas las unidades concedidas por el Ministerio de Justicia cada año teniéndolas operativas cada 1 de enero.

En el marco de la Comisión Mixta con el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) se solicitan las que se consideran prioritarias, entre las que destaca para el próximo año un Juzgado de Violencia sobre la Mujer comarcal en el partido judicial de Santiago de Compostela.

Cuanto a la modernización de la Administración de Justicia, destacó el objetivo de avanzar en la implantación de la administración electrónica judicial en Galicia. Se trata de dar respuesta a la demanda de una justicia cada vez más digital y accesible con medidas como, por ejemplo, la dotación de salas de vistas digitales en todos los juzgados gallegos.

El vicepresidente segundo de la Xunta incidió además en el nivel de los participantes en estas jornadas que acoge hasta el viernes el ayuntamiento de Sarria y sitúan cada año a Galicia en el centro del debate jurídico a nivel estatal.

En esta edición figuran nombres como la presidenta directora general de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Isabel Valldecabres Ortiz; el rector de la Universidad de Santiago de Compostela, Antonio López; el expresidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Miguel Ángel Cadenas; el magistrado del Tribunal Supremo, Antonio del Moral García, o el fiscal general del Estado, Álvaro García-Ortiz.

La mesa redonda del viernes titulada precisamente El Estado de Derecho en una sociedad en crisis, estará moderada por el vicepresidente del Tribunal Constitucional, Juan Antonio Xiol Ríos. Participarán tres cargos que ostentaron la presidencia del Tribunal Constitucional -María Emilia Casas Baamonde, Luis López Guerra y Juan José González Rivas- además del magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo, José Luis Seoane Spiegelberg.

En estos días se abordarán otros asuntos como los medios adecuados de solución de controversias (MASC) como solución eficaz antes los problemas de la justicia, las posibilidades de reforma del sistema tributario español y las cuestiones jurídicas y éticas alrededor de la eutanasia. En el que se refiere a los MASC, Diego Calvo apuntó el arbitraje y la mediación intrajudicial como medidas alternativas y complementarias a la vía judicial que se seguirán apoyando este año desde lo Gobierno gallego con una dotación de 125.000 euros. En esta línea, recordó la implantación de la mediación en el ámbito familiar en todas las ciudades gallegas, así como otros proyectos de mediación pioneros en el ámbito civil, mercantil y penitenciario.