Rueda anuncia que la Xunta aprueba el proyecto de Ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia para completar su autogobierno sobre la costa y reforzar la seguridad jurídica

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, informó de que el Consello aprobó hoy el proyecto de Ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia, una norma impulsada en septiembre del año 2022 con el fin de que la comunidad consiga el autogobierno pleno sobre la franja costera y garantizar el equilibro entre la preservación de los valores, paisajes y ecosistemas de esta zona y la realidad socioeconómica que caracteriza a esta parte del territorio.

Rueda recordó que Galicia "es la comunidad con más kilómetros de costa", lo que hace que tenga un "modelo productivo muy ligado al mar". Por eso, subrayó que la Xunta apuesta por una regulación de costas "adaptada a la realidad gallega" y una ordenación del litoral "realista, razonable y eficaz".

En esta línea, el presidente resaltó que el objetivo principal es "conseguir el pleno equilibrio entre la protección de la naturaleza y la actividad socioeconómica que lleva mucho tiempo arraigada a nuestro litoral y que puede seguir creciendo de un modo sostenible".

El Gobierno gallego culmina de este modo su tramitación de la futura normativa, que en los últimos meses se sometió al procedimiento de información pública y audiencia con una amplia participación por parte de los distintos agentes y colectivos vinculados al litoral, además de recibir numerosas aportaciones en el marco de las consultas realizadas a algunos de los expertos más calificados en esta materia a nivel gallego, nacional y europeo.

La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, destacó que bajo el amparo de sus competencias, la Xunta lleva décadas regulando su litoral y desarrollando instrumentos de ordenación del territorio con una indicidencia directa y notable sobre la franja costera. El objetivo ahora es dar un paso más y abordar la regulación del litoral y de los usos que se desarrollan en él de forma integrada y por parte de quien mejor lo conoce. "Con esta ley avanzamos para conseguir el pleno autogobierno en la gestión de la costa", indicó Vázquez, quien subrayó que la normativa tiene dos objetivos fundamentales: "regular la franja litoral y dar seguridad jurídica a las instalaciones presentes en esta zona".

Con este fin, el proyecto legislativo aborda la gestión de las actividades humanas en el litoral para garantizar un aprovechamiento sostenible de sus recursos y el buen estado de los ecosistemas costeros desde una triple perspectiva: ambiental, social y económica.

Zonificación con tres áreas diferenciadas

Entre las principales novedades y toda vez que en la costa gallega confluyen espacios muy diferentes, como playas, zonas naturales protegidas o suelos urbanizados, el texto hace una zonificación con tres áreas diferenciadas, según su estado de conservación, fijando para cada una de ellas una serie de objetivos y usos distintos y específicos.

El área de protección ambiental (APA) se corresponde con una extensa zona que conserva características naturales y valores singulares que deben ser especialmente protegidos de cualquiera proceso. A ella pertenecen los espacios naturales protegidos y los espacios marinos del litoral, además de aquellos bienes del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) que conforman la ribera del mar y de las rías, por lo que la prioridad será preservar el paisaje y los ecosistemas, poner en valor los elementos patrimoniales existentes, promover su adaptación al cambio climático y preservarlos de desarrollos urbanísticos.

La llamada área de mejora ambiental y paisajística (AMA) se refiere a zonas que sin llegar a reunir las condiciones antes señaladas, conservan valores naturales y se mantienen mayoritariamente en un buen estado de conservación por lo que requieren acciones de protección, recuperación y renaturalización. En este área estarían, por ejemplo, los terrenos de suelo rústico de protección de costas comprendidos en la zona de servidumbre y en la zona periférica de protección de los espacios naturales protegidos o el resto del suelo rústico, con edificaciones vinculadas a usos y explotaciones de carácter tradicional.

En cuanto a la tercera zona, el área de reordenación (ARA), abarca aquellos espacios litorales urbanizados y que se vieron transformados por la acción humana en los que la prioridad será su humanización y renovación a través, por ejemplo, de intervenciones ordenadas que incidan en la mejora de los espacios públicos, de las zonas verdes y de las equipaciones dotacionales, de la rehabilitación de edificios en desuso, o de otro tipo de acciones que dinamicen económica y socialmente el litoral. En este área estarían los terrenos de dominio público portuario y la zona de servidumbre de protección de 20 metros.

Concreción de usos y actuaciones estratégicas

Con respecto a los usos y a las posibilidades de asentamiento permitidos en el litoral, la ley regula como actividades permisibles, en el caso del dominio público, los establecimientos de la cadena mar-industria; las actividades que presten servicios vinculados a la interacción puerto-ciudad; las dotaciones públicas esenciales para el abastecimiento y el saneamiento y depuración de las aguas residuales; las infraestructuras energéticas de electricidad y gas que suministren a las actividades ubicadas en el DPMT; las instalaciones de generación eléctrica que tengan que ocupar el mar y sus instalaciones complementarias; las actividades e instalaciones de servicio público que, por la configuración física del tramo de costa en que resulte necesario su emplazamiento, no puedan situarse en los terrenos colindantes.

En cuanto a la zona de servidumbre de costas y con el fin de evitar problemas de interpretación ya detectados, también se concretan las obras permitidas en estos terrenos por no poder tener otra localización o porque prestan servicios necesarios al dominio público.

En todo caso, la principal novedad que introduce el proyecto en este sentido consiste en la identificación de los usos particulares que ponen en valor y mismo representan una fuente de riqueza y cohesión social para la costa gallega con el fin de que se puedan desarrollar de forma sostenible, respetuosa con el entorno y con seguridad jurídica.

En concreto, en la ley se definen como usos estratégicos los establecimientos de la cadena mar-industria; la creación o ampliación de sendas litorales; la creación de una red de establecimientos de turismo litoral para mantener, recuperar o mejorar inmuebles preexistentes de especial valor histórico o arquitectónico; la dignificación del patrimonio cultural litoral; los proyectos para la sostenibilidad económica y social del sector marítimo-pesquero; o las dotaciones públicas esenciales para el saneamiento de aguas.

Demanda de plenas competencias

Con esta ley, Galicia también da un paso adelante para asumir, lo antes posible y como ya hicieron otras comunidades, las competencias plenas y efectivas que le atribuye su Estatuto de Autonomía sobre la gestión del dominio público marítimo-terrestre.

En este sentido, hace falta subrayar que la concesión de los títulos para la ocupación y uso del DPMT es una de las funciones ejecutivas que tiene legalmente atribuida Galicia. Por eso, el proyecto normativo señala que el otorgamiento de las autorizaciones en esta franja de la costa corresponderá a la consellería competente en materia de ordenación del litoral en el momento en que el Estado haga efectivo el traspaso a Galicia de los medios personales y materiales necesarios para poder ejercer esta competencia.

De este modo, la Xunta se adelanta a este hito al regular un procedimiento simplificado en el que se integrarán todos los títulos necesarios para llevar a cabo una actividad sobre el dominio público con el fin de facilitar su tramitación. Esta regulación, en todo caso, solo podrá entrar en vigor cuando se materialice el referido traspaso a la Comunidad.

Asimismo, la ley regula un sistema de planificación coherente e integrado de las actividades en el litoral para garantizar la sostenibilidad. Entre otros instrumentos, prevé la elaboración de una Estrategia de economía azul, de las Directrices de ordenación del litoral o de planes especiales de rías y de playas.

Un proceso muy participado

El proceso de elaboración de la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia estuvo abierto desde el principio a la participación de todos los agentes, administraciones y colectivos, tanto públicos cómo privados, con intereses e implicación directa en la costa con el fin de buscar un texto de consenso y muy participado. De este modo y partiendo de las consideraciones y aportaciones recibidas en la fase de consulta pública previa, se redactó el anteproyecto de la ley y, el 15 de diciembre, el Consello autorizó el inicio de su tramitación, sometiendo el texto a información pública y audiencia durante un mes.

De forma paralela, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda —promotora de la ley— y la Consellería del Mar mantuvieron también una docena de reuniones con diferentes entidades y colectivos ligados al litoral para presentarles los puntos clave de la futura regulación y recopilar sus posibles aportaciones al documento. En estos encuentros se contó, también, con la participación y el apoyo del Observatorio del Litoral de Galicia, que colaboró directamente en la redacción del anteproyecto legislativo.

Entre los expertos a los que se les presentó el texto y sus principios rectores hay que mencionar al profesor francés Michel Prieur, uno de los mayores especialistas europeos en derecho medioambiental y redactor del Protocolo internacional relativo a la gestión integrada de las zonas costeras del Mediterráneo.

En este sentido, hace falta subrayar también la jornada Hacia una gestión integrada del litoral: la hora de Galicia, que reunió el 10 de marzo en A Coruña a cerca de 250 personas y contó con la participación de algunos de los mayores expertos en la materia de todo el país, como Juan José González, ex presidente del Tribunal Constitucional, o Ángel Menéndez, catedrático de Derecho Administrativo y uno de los padres de la Ley de Costas de 1988. Entre las principales conclusiones destacó la evolución de la doctrina del Constitucional sobre las competencias autonómicas en el litoral y la importancia de la gestión integrada de la costa.

De hecho, uno de los cambios más relevantes fue la incorporación al propio nombre de la ley del concepto de gestión integrada de la franja costera, uno de los pilares básicos de la norma y que se basa en la necesidad de tomar en consideración no solo la protección física de la costa sino la del conjunto de actividades y acciones que se desarrollan en la misma, contando para eslabón con la participación de los distintos agentes y administraciones públicas afectadas.

En este sentido, hace falta precisar que el enfoque integrado en materia costera es el predominante a nivel comunitario, tal y como se recoge en las recomendaciones del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la aplicación de la gestión integrada de las zonas costeras de Europa, en la Carta europea del litoral y en el Protocolo internacional relativo a la gestión integrada de las zonas costeras del Mediterráneo, firmado por el Estado español.

Durante toda la tramitación de la ley quedó de manifiesto el consenso generalizado sobre la necesidad de dotar a Galicia de una normativa propia en esta materia y la existencia de una valoración mayoritariamente positiva de la misma.

Gracias a las alegaciones y sugerencias recibidas, tanto en la fase de información pública como en el marco de las reuniones sectoriales que se mantuvieron a lo largo de los últimos meses —84 aportaciones en total—, se introdujeron modificaciones de mayor o menor calado y mejoras en el alrededor del 60% del articulado.

Tras ser ratificado, esta mañana, por el Consello da Xunta, el proyecto legislativo se remitirá a comienzos de mayo al Parlamento para someterlo a su debate y consideración. "Buscamos el máximo consenso porque esta es una ley de todos y para"todos , indicó la conselleira, quien subrayó que el Gobierno gallego aspira la que Galicia se pueda convertir este mismo año en la primera comunidad en regular su litoral en toda su extensión.