Extremadura aboga por la calidad en contratación pública como un elemento estratégico para satisfacer las necesidades y expectativas ciudadanas
Estas imágenes pertenecen a juntaex.es
La Junta de Extremadura ha abogado por la calidad en contratación pública como un elemento estratégico fundamental para satisfacer adecuadamente las necesidades y expectativas ciudadanas, frente a la tradicional compra al precio más bajo que ha provocado, en muchos casos, contrataciones de baja calidad, aumento del gasto final o deslocalización de la producción.
Así lo ha sostenido el director general de Patrimonio y Contratación Centralizada, Juan Pedro León, en el panel 'La participación de las CCAA en la contratación pública', dentro del XI Congreso Internacional Contratación Pública, celebrado este miércoles en Cuenca.
Extremadura ha abordado este asunto con soluciones aplaudidas por el sector empresarial y admiradas por el resto de las Comunidades Autónomas, ha defendido León.
Y ha mencionado como iniciativas más destacables el Decreto-Ley de calidad en la contratación para la reactivación económica, los modelos de pliegos para todos los órganos de contratación con estipulaciones para una contratación estratégica, los catálogos de criterios de adjudicación y el catálogo específico de compra verde.
En este sentido, el director general de Contratación Centralizada ha asegurado que los objetivos del citado decreto-ley fueron mejorar la calidad de las prestaciones obtenidas con la contratación pública y reforzar la variable calidad-precio por encima del precio como criterio preferente.
Con estas actuaciones, ha proseguido, se pretende evitar situaciones habituales de baja calidad de las prestaciones o de modificaciones de contratos, como consecuencia de ofertas mediocres que ponen en riesgo la satisfacción del interés público.
Entre las principales medidas que recoge, ha explicado, se encuentra la ponderación del precio, máxima del 60 % y mínima del 40 % en la valoración total de las ofertas, a excepción de los contratos tecnológicos que la ponderación máxima es del 30 %. Asimismo, se incluye un porcentaje del 17 % para los gastos generales de estructura, se permite la aplicación de umbrales de saciedad mediante la reducción progresiva de la valoración de las ofertas y se acotan los márgenes de los niveles de anormalidad con el fin de evitar las bajas.
Del mismo modo, ha continuado el director general, no podrán valorarse como criterios de calidad las reducciones de plazo de ejecución, pueden establecerse mínimos de calidad de la oferta técnica y se regula de forma diferenciada para bienes y servicios relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación.
