Departamento de Derechos Sociales - Cargos y personal (DOGC nº 2023-8934)
RESOLUCIÓN DSO/2019/2023, de 7 de junio, de cese de la señora Emilia Macho Pérez como subdirectora general de la Renta Garantizada de Ciudadanía de la Dirección General de Prestaciones Sociales del Departamento de Derechos Sociales.
Por Resolución de 6 de octubre de 2022, se nombró a la señora Emilia Macho Pérez subdirectora general de la Renta Garantizada de Ciudadanía de la Dirección General de Prestaciones Sociales del Departamento de Derechos Sociales (DOGC núm. 8770, de 11.10.2022).
Considerando lo que dispone el artículo 99 del Decreto 123/1997, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración de la Generalidad de Cataluña;
Vista la propuesta de cese de 31 de mayo de 2023, del director general de Prestaciones Sociales de Departamento de Derechos Sociales que motiva el cese y que ha sido comunicada a la persona interesada.
En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 12 de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña (DOGC núm. 1234, de 22.12.1989),
Resuelvo:
La señora Emilia Macho Pérez cesa como subdirectora general de la Renta Garantizada de Ciudadanía de la Dirección General de Prestaciones Sociales del Departamento de Derechos Sociales, con efectos del día 18 de junio de 2023, y se le agradecen los servicios prestados.
Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer recurso potestativo de reposición, ante la persona titular del Departamento de Derechos Sociales, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el DOGC, de acuerdo con lo que establecen el artículo 77 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, y los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o bien directamente recurso contencioso administrativo ante la jurisdicción contenciosa administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el DOGC, de acuerdo con lo que prevé el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de que puedan interponer cualquier recurso que consideren conveniente para la defensa de sus intereses.
Barcelona, 7 de junio de 2023
Carles Campuzano i Canadés
Consejero de Derechos Sociales
