La Ley de Infancia continúa su tramitación con el objetivo de proteger y defender a los 332.000 menores de la Comunidad y de reformar el sistema de acogimiento y adopción

• La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades preside la reunión de la Sección de Infancia, donde se ha presentado un texto que establece un marco equilibrado de derechos y deberes de los menores y un sistema de protección frente a la violencia
• El anteproyecto normativo favorece la simplificación del procedimiento y la adopción de los niños y adolescentes en acogimiento, en especial los más vulnerables, tal y como ya anunció el presidente Mañueco en sede parlamentaria

17 de noviembre de 2023

Castilla y León | Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha presidido hoy en Palencia la reunión de la Sección de Atención y Protección a la Infancia del Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León, durante la que se ha presentado el anteproyecto de Ley de Infancia y Adolescencia de la Comunidad, que recoge de manera fehaciente lo que ya anticipó en sede parlamentaria el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco: un procedimiento más ágil y la posibilidad de que las familias de acogida, cuando las circunstancias lo aconsejen, puedan iniciar el proceso de adopción de los menores.

Una norma que surge del consenso y de la necesidad de actualizar el contenido de una ley, la vigente, que lleva en vigor más de 20 años y que, aunque fue pionera y de referencia en el ámbito, precisa de una adaptación a los nuevos contextos y dinámicas, tanto nacionales como internacionales.

Durante el proceso de elaboración, se ha contado, además de con expertos de la administración, también con profesores universitarios y entidades del Tercer Sector de la Infancia, tales como UNICEF o la Plataforma de Organizaciones de Infancia de Castilla y León, a las que se ha sumado el Consejo de la Juventud autonómico.

Uno de los principales objetivos del anteproyecto es la protección y defensa de los derechos de los 332.000 menores de 18 años que viven en la Comunidad, un 14 % de su población, si bien la norma se aplicará también a aquellos que residan eventualmente en Castilla y León e, incluso, en algunos supuestos, a algunos que hayan alcanzado la mayoría de edad y que provengan del Sistema de Atención a la Infancia autonómico.

La Junta ha venido realizando con determinación una gran apuesta por el impulso de los acogimientos familiares, lo que puede traducirse de las disposiciones recogidas en la futura Ley, un texto que articula un procedimiento más garantista y, a la vez, simplificado, que protege los derechos de los acogedores y de los menores durante el proceso.

Además, se incentiva la adopción en el caso de los mayores de 10 años, de aquellos que presentan alguna discapacidad, tienen especiales dificultades o perfiles más complejos, pero también la integración familiar conjunta de menores que sean hermanos a través de incentivos económicos y otros beneficios. Así mismo, facilita el incremento de la formación y especialización de las familias de acogida para que puedan atender a los distintos perfiles de menores, tal y como también avanzó el presidente en una de las últimas referencias a este asunto.

Incentivos a las familias

En la actualidad, 847 niños y adolescentes se encuentran en situación de acogimiento en Castilla y León y, de los 62 que aún aguardan una familia, 31 se encuentran en una edad comprendida entre los siete y los trece años. Para que estos menores puedan tener un desarrollo vital en igualdad de oportunidades con el resto, la Junta ofrece, a través del futuro texto, incentivos a las familias, como compensaciones económicas por gastos de manutención o extraordinarios, los cuales, en función de las circunstancias, podrán mantenerse una vez alcanzada la mayoría de edad.

Además, el anteproyecto de Ley de Infancia y Adolescencia incorpora un apartado de gran relevancia para los menores en acogimiento tanto familiar como residencial y es el dedicado a la preparación para la vida independiente, que comenzará a los 14 años. El objetivo es favorecer su proceso de maduración y autonomía. En el caso de que los menores tengan algún grado de discapacidad, la norma garantiza todos los recursos necesarios para que esa transición se complete en igualdad de oportunidades.

Estas actuaciones están relacionadas con el apoyo socioeducativo, laboral y en habilidades personales y sociales, así como el aprendizaje de la autogestión doméstica. Para ello, se llevarán a cabo acciones de orientación y apoyo tales como información, motivación, resolución de problemas, asesoramiento, apoyo personal, orientación laboral, contactos con otros recursos, etc.

Otro aspecto destacable del texto es que se aborda la guarda con fines de adopción. El objetivo es que el niño o adolescente no tenga que permanecer en un centro o conviviendo con una familia distinta mientras recae la resolución judicial mediante la que se autoriza la adopción. En este mismo ámbito, se establece también el concepto de 'adopción abierta', a través de la que se buscan alternativas consensuadas, familiares y permanentes para dotar de estabilidad familiar a los menores.

Protección integral de menores y adolescentes

El principio rector que rige la norma es el interés superior del menor, orientado a la reparación de la desprotección en el mínimo tiempo posible. Precisamente, la norma está perfectamente alineada con el cada vez mayor reconocimiento de niños y adolescentes como sujetos de derechos, los cuales establece y regula. De este modo, junto a aquellos básicos como el de la vida, la integridad personal, igualdad, identidad o libre y pleno desarrollo de la personalidad, también articula derechos de carácter social como los de educación, cultura, deporte, inclusión o disfrute de una vida sin violencia.

No obstante, el anteproyecto también otorga responsabilidad a los menores en relación con sus iguales, pues modula una serie de deberes tales como la no discriminación, el menoscabo de la dignidad de las personas y el respeto a sus familiares, compañeros de estudios o sociedad en general.

En relación con ello, se establece una regulación de la protección integral de los menores en general frente a cualquier forma de violencia y en el entorno digital, pero también fija prioridades en cuanto al amparo de los colectivos de niños y adolescentes más vulnerables.

Respecto a lo primero, se desarrollan derechos específicos a la información y al asesoramiento, a la atención integral, a la defensa de derechos e intereses durante un procedimiento judicial y a la asistencia jurídica gratuita. Después, se limita el acceso a contenidos perjudiciales y se regula de manera directa la protección de los menores en el entorno digital a través de la obligación de comunicar a las autoridades la existencia de contenidos que puedan constituir violencia contra menores, de campañas de sensibilización y de la protección de datos.

Por último, se impulsa una protección particular a los colectivos de niños y adolescentes más vulnerables, tales como quienes presentan algún tipo de discapacidad, alta conflictividad o riesgo de exclusión social, con atención especial a sus familias.

Refuerzo de la actuación ante situaciones de desamparo

Durante el año 2023, se han tramitado en Castilla y León 1.592 expedientes de protección, periodo en el que se alcanzó la cantidad de 1.368 menores tutelados. En este contexto, la nueva regulación incorpora novedades como la intervención en casos de riesgo prenatal, las situaciones de actuación de urgencia en el entorno familiar y la participación tanto de los menores como de padres, madres y tutores en todos los procesos de intervención.