ANUNCIO de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria, por el que se hace pública la asignación de los derechos de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad procedentes de la reserva nacional del año 2023 realizada por el Fondo Español de Garantía Agraria O.A. (FEGA), que afecta a solicitantes de la Comunidad de Castilla y León.
El artículo 21.1 del Real Decreto 1045/2022, de 27 de diciembre, sobre derechos de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad de la Política Agrícola Común, establece el procedimiento mediante el cual los agricultores interesados han solicitado derechos de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad de la reserva nacional.
La Dirección General de Política Agraria Comunitaria, en base a lo dispuesto en los artículos del 20 al 28 del citado Real Decreto, a las normas establecidas al efecto y con la Circular de coordinación número 3/2023 sobre «Criterios para la asignación de derechos de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad la reserva nacional», ha tramitado las solicitudes de acceso a la reserva presentadas y remitido al Fondo Español de Garantía Agraria O.A. (en adelante FEGA) la información de los beneficiarios que cumplen todos los requisitos exigidos.
De acuerdo con el artículo 28.1 del Real Decreto 1045/2022 de 27 de octubre, mediante Resolución de 26 de marzo de 2024 del FEGA se han asignado los derechos de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad la reserva nacional en el año 2023 y se remite la información a las comunidades autónomas para que puedan proceder a la comunicación de la misma a los interesados.
En base a lo anterior, procede poner en conocimiento la asignación de derechos a los interesados de la Comunidad de Castilla y León y que pueden consultar en la página web de la Junta de Castilla y León (www.jcyl.es), en el portal PAC, oficina virtual, consulta de derechos, la información recibida del FEGA de asignación de derechos de ayuda básica del año 2023 (https://pac.jcyl.es/web/es/oficina-virtual/derechos-pago-basico.html).
Contra aquella resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, ante el órgano superior del que dictó el acto recurrido, y/o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, en el plazo de dos meses, a contar, en ambos casos, desde el día siguiente a la publicación.
Valladolid, 2 de abril de 2024.
El Director General de Política Agraria Comunitaria,
Fdo.: Ángel María Gómez Rivero
