ORDEN MAV/1468/2023, de 21 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras relativas a las ayudas para la restauración de daños en terrenos forestales, contenidas en el marco del Plan estratégico de la Política Agrícola Común de España para el periodo 2023-2027 y cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

El Reglamento (UE) 2021/2115, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agrícola común (planes estratégicos de la PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), y por el que se derogan los Reglamentos (UE) no 1305/2013 y (UE) no 1307/2013, establece el marco de las ayudas comunitarias al desarrollo rural.

Este reglamento menciona, en su artículo 73, que los estados miembros podrán conceder ayudas a las siguientes inversiones, cuyos costes subvencionables podrán llegar hasta el 100%:

• - Inversiones en repoblación forestal, implantación y regeneración de sistemas agroforestales y concentración parcelaria en silvicultura, así como las inversiones no productivas relacionadas con uno o varios de los objetivos establecidos en el artículo 6, apartado 1, letras d), e) y f), incluidas las inversiones no productivas destinadas a proteger el ganado y los cultivos contra los daños causados por animales silvestres.
• - Inversiones en servicios básicos en zonas rurales e infraestructuras de agricultura y silvicultura.
• - Inversiones en la recuperación del potencial agrícola o forestal después de desastres naturales, fenómenos climáticos adversos o catástrofes e inversiones en acciones preventivas adecuadas, así como las inversiones destinadas al mantenimiento de la salud de los bosques.

El Reglamento (UE) 2021/2116, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la política agrícola común y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 1306/2013, establece diversas normas relacionadas con la política agrícola común y con el desarrollo rural.

El Plan Estratégico de la Política Agrícola Común de España para el periodo 2023-2027, aprobado por Decisión de Ejecución de la Comisión Europea, de 31 de agosto de 2022, recoge en su apartado 5.3, Intervenciones sobre el desarrollo rural, las actuaciones 6881.3 «Inversiones forestales no productivas en restauración de daños forestales» y 6502.2 «Compromisos de mantenimiento de forestaciones y sistemas agroforestales», que contribuyen a la consecución de los siguientes objetivos específicos, recogidos en el artículo 6 del Reglamento (UE) 2021/2115:

• - Contribuir a la adaptación al cambio climático y a su mitigación, también mediante la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorando la captura de carbono, así como promover la energía sostenible.
• - Promover el desarrollo sostenible y la gestión eficiente de los recursos naturales como el agua, el suelo y el aire, incluyendo la reducción de la dependencia química.
• - Contribuir a detener y revertir la pérdida de biodiversidad, potenciar los servicios relacionados con los ecosistemas y conservar los hábitats y los paisajes.

La ayuda para la restauración de daños en terrenos forestales tiene como finalidad paliar las consecuencias ambientales causadas por los incendios forestales, mediante la ejecución de actuaciones de restauración hidrológico-forestal consideradas prioritarias, actuaciones dirigidas a la defensa del suelo, mitigando además el aporte de caudales sólidos consecuencia de la ausencia de una adecuada cubierta vegetal, la protección contra fenómenos erosivos y la restauración de infraestructuras. Todas las acciones de restauración formarán parte de un Plan de actuaciones.

El Estatuto de Autonomía de Castilla y León atribuye en su artículo 71.1.8º a la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado en materia de montes, aprovechamientos y servicios forestales, vías pecuarias, pastos y espacios naturales protegidos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 5.b) del Decreto 87/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las normas sobre la gestión presupuestaria de los créditos gestionados por el Organismo Pagador de la Comunidad de Castilla y León correspondientes a gastos financiados por el FEAGA y FEADER y se desconcentran competencias en esta materia, corresponde al titular de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por desconcentración, las competencias en materia de concesión de subvenciones y contratación administrativa en cuanto a gastos considerados elegibles por el FEADER.

Las ayudas contempladas en la presente orden se ajustan a lo dispuesto en el Reglamento 2022/2472 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2022, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

El presente régimen de ayudas contribuye a los objetivos de la política de desarrollo rural de la Comunidad de Castilla y León, recogidos en la Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León.

De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas, en relación con el artículo 14, apartados 2 y 3, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la experiencia demostrada en la gestión de estas ayudas en los últimos años acredita que los destinatarios de estas ayudas, aun siendo en algunos casos personas físicas, son un colectivo que tiene acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios para relacionarse electrónicamente con la Administración.

En la elaboración de esta norma se han observado los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre. Los principios de necesidad y eficacia puesto que la norma resulta el instrumento más indicado para los intereses que se persiguen; el principio de proporcionalidad ya que contiene la regulación imprescindible para atender a las necesidades que se pretenden cubrir; y el principio de seguridad jurídica ya que es coherente con el resto del ordenamiento jurídico autonómico, nacional y de la Unión Europea.

Por lo demás, la norma es coherente con los principios de eficiencia, en tanto que asegura la máxima eficacia de sus postulados con los menores costes posibles inherentes a su aplicación, y transparencia, al haberse garantizado una amplia participación en su elaboración.

En cuanto al principio de transparencia, con carácter previo a la elaboración de la presente orden, se ha consultado a las organizaciones sectoriales y entidades representativas, posibilitando así que los potenciales destinatarios tengan una participación activa en la elaboración de la norma. Además se ha emitido el preceptivo informe los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Castilla y León.

A su vez, se cumple también con los principios recogidos en el artículo 42 de la Ley 2/2010, de 11 de marzo, de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y de Gestión Pública, en concreto con el principio de coherencia, pues estas bases son consecuentes con el objetivo de acelerar la transición ecológica y paliar las consecuencias de la pérdida de biodiversidad mediante importantes reformas en ese ámbito, con el principio de accesibilidad pues la redacción de las mismas es clara y concisa para facilitar su compresión y conocimiento por los interesados, y con el principio de responsabilidad, dado que determina los órganos responsables para la concesión y control de la subvención.

En virtud de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, en su reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, en el ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 26. 1 f) de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del gobierno y de la administración de la Comunidad de Castilla y León, y considerando que la Autoridad de Gestión de Castilla y León ha informado favorablemente la presente orden en lo que respecta al cumplimiento de lo establecido en el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común 2023-2027,

DISPONGO

Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

La presente orden tiene por objeto regular en la Comunidad de Castilla y León la concesión de las ayudas para la restauración de daños en terrenos forestales contenidas en el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común de España para el período 2023-2027 y cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER):

• - Intervención 6881.3 «Inversiones forestales no productivas en restauración de daños forestales»
• - Intervención 6502.2 «Compromisos de mantenimiento de forestaciones y sistemas agroforestales»

Artículo 2. Finalidad.

La finalidad de estas ayudas es reparar los daños en terrenos forestales causados por incendios, contribuyendo con ello a la protección del medio ambiente y al freno del cambio climático, asegurando su éxito mediante la financiación del mantenimiento de las repoblaciones realizadas.

Con ello se pretende apoyar el desarrollo sostenible de las zonas rurales cumpliendo los objetivos d), e), f) y h) contenidos en el artículo 6 del Reglamento (UE) 2021/2115, de 2 de diciembre, por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agrícola común (planes estratégicos de la PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), y por el que se derogan los Reglamentos (UE) n.º 1305/2013 y (UE) n.º 1307/2013.

Artículo 3. Definiciones.

A los efectos de la presente orden se entenderá por:

• a) «Monte o terreno forestal»: Todo terreno en el que vegetan especies forestales arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, sea espontáneamente o procedan de siembra o plantación, que cumplan o puedan cumplir funciones ambientales, protectoras, productoras, culturales, paisajísticas o recreativas.
• b) «Explotación forestal»: Conjunto de terrenos forestales de una provincia, correspondientes a un mismo propietario, declarados en la solicitud de ayuda y en el plan de actuaciones destinadas a la restauración de daños en terrenos forestales.
• c) «Explotaciones en régimen privado»: Todas las explotaciones de titularidad particular y las de titularidad patrimonial de entidades locales.
• d) «Plan de gestión forestal»: Los Instrumentos de ordenación forestal recogidos en los artículos 38 y 41 bis) de la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, en vigor mientras su apartado denominado Plan Especial no haya finalizado.
• e) «Plan de actuaciones destinadas a la restauración de daños en terrenos forestales»: documento de gestión de la ayuda aprobado con la propia concesión de la ayuda, mediante resolución del Director General con competencias en restauración de la cubierta vegetal, lucha contra la erosión y conservación de suelos, creación y conservación de infraestructuras, que refleja la programación de las actuaciones objeto de ayuda y cumple con los estándares señalados en la orden de convocatoria.
• f) «Cuaderno de Zona»: Documento que identifica cada una de las 35 zonas en las que se ha dividido la Comunidad a efectos forestales. Las zonas identifican las Estaciones Forestales y los métodos de repoblación aconsejables, junto con otras condiciones que han de cumplirse a la hora de plantear una forestación, como son la densidad de plantación o siembra, la forma de distribución de la mezcla de especies, la procedencia de las mismas, etc.
• g) «Requerimientos técnicos para la realización de trabajos de restauración de daños en terrenos forestales»: Conjunto de instrucciones para la ejecución de las actuaciones incluidas en la ayuda a la restauración de daños en terrenos forestales recogido en un documento que contiene las condiciones técnicas mínimas referentes a materiales, maquinaria y ejecución de las actuaciones subvencionadas y las orientaciones para su posterior mantenimiento.
• h) «Rodal»: Superficie de terreno que va a ser restaurado, suficientemente homogénea en cuanto a condiciones de estación y objetivo como para ser objeto de los mismos tratamientos de preparación del terreno, composición específica y densidad de planta. Un rodal puede estar constituido por una única superficie continua o por varias. El rodal de restauración así definido se mantendrá a efectos del seguimiento y supervisión de la restauración.
• i) «Estación»: Porción de terreno homogénea en sus condiciones ecológicas (clima, suelo, fisiografía y vegetación), que funciona como una unidad ambiental para la que se definen las técnicas y las especies a emplear.
• j) «Densidad»: Número de plantas empleadas en cada hectárea forestada.
• k) Prima de mantenimiento: Se trata de una prima anual por cada hectárea repoblada que sirve para cubrir los gastos del mantenimiento de la masa implantada por un período de cinco años.

Artículo 4. Marco legal.

1. Normativa comunitaria.

• - Reglamento (UE) 2021/1060, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados.
• - Reglamento (UE) 2021/2115, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agrícola común (planes estratégicos de la PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), y por el que se derogan los Reglamentos (UE) n.º 1305/2013 y (UE) n.º 1307/2013; así como sus actos delegados y de ejecución.
• - Reglamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la política agrícola común y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 1306/2013.
• - Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
• - Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.
• - Directiva 2009/147/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre, relativa a la conservación de las aves silvestres.

2. Normativa estatal.

• - Plan Estratégico de la Política Agrícola Común de España 2023-2027, aprobado por Decisión de Ejecución de la Comisión C(2022)6017.
• - Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
• - Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
• - Ley 30/2006, de 26 de julio, de Semillas y Plantas de Vivero y de Recursos Fitogenéticos.
• - Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
• - Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
• - Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
• - Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
• - Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público.
• - Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas.
• - Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales forestales de reproducción.
• - Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad.
• - Real Decreto 739/2021, de 24 de agosto, por el que se dictan disposiciones para la aplicación en España de la normativa de la Unión Europea relativa a las medidas de protección contra las plagas de los vegetales y los controles y otras actividades oficiales en dicha materia.
• - Real Decreto 1046/2022, de 27 de diciembre, por el que se regula la gobernanza del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común en España y de los fondos europeos agrícolas FEAGA y FEADER.
• - Real Decreto 1047/2022, de 27 de diciembre, por el que se regula el sistema de gestión y control de las intervenciones del Plan Estratégico y otras ayudas de la Política Agrícola Común.
• - Real Decreto 1048/2022, de 27 de diciembre, sobre la aplicación, a partir de 2023, de las intervenciones en forma de pagos directos y el establecimiento de requisitos comunes en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común, y la regulación de la solicitud única del sistema integrado de gestión y control.
• - Real Decreto 1049/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen las normas para la aplicación de la condicionalidad reforzada y de la condicionalidad social que deben cumplir las personas beneficiarias de las ayudas en el marco de la Política Agrícola Común que reciban pagos directos, determinados pagos anuales de desarrollo rural y del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI).
• - Real Decreto 147/2023, de 28 de febrero, por el que se establecen las normas para la aplicación de penalizaciones en las intervenciones contempladas en el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común, y se modifican varios reales decretos por los que se regulan distintos aspectos relacionados con la aplicación en España de la Política Agrícola Común para el periodo 2023-2027.

3. Normativa autonómica.

• - Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León.
• - Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León.
• - Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León.
• - Decreto 115/1999, de 3 de junio, por el que se aprueba la Estrategia Forestal de la Comunidad de Castilla y León.
• - Decreto 55/2002, de 11 de abril, por el que se aprueba el Plan Forestal de Castilla y León.
• - Decreto 86/2006, de 7 de diciembre, por el que se designa al Organismo Pagador y al Organismo de Certificación de los gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
• - Decreto 87/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las normas sobre la gestión presupuestaria de los créditos gestionados por el Organismo Pagador de la Comunidad de Castilla y León correspondientes a gastos financiados por el FEAGA y FEADER y se desconcentran competencias en esta materia.
• - Decreto 54/2007, de 24 de mayo, por el que se regula la comercialización de los materiales forestales de reproducción en la Comunidad de Castilla y León.
• - Decreto 27/2008, de 3 de abril, por el que se regula la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, en materia de subvenciones.
• - Decreto 75/2008, de 30 de octubre, por el que se regula la acreditación del cumplimiento de la normativa para la integración laboral de las personas con discapacidad y el establecimiento de criterios de valoración y preferencia en la concesión de subvenciones y ayudas públicas de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
• - Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por el que se establece el procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000 de aquellos planes, programas o proyectos desarrollados en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León.
• - Orden AYG/781/2015, de 18 de agosto, por la que se regula el procedimiento para hacer efectiva la cesión y/o pignoración de derechos de cobro de subvenciones cuyo pago compete al Organismo Pagador de las ayudas del FEAGA y del FEADER en Castilla y León.

Artículo 5. Actuaciones subvencionables.

1. La ayuda a la restauración de daños en terrenos forestales tiene por objeto financiar los gastos derivados de:

• a) La redacción de un Plan de restauración de daños, en los términos que se establezcan en la orden de convocatoria. Actuaciones previas a la restauración, como desbroce, corta de arbolado, tratamiento de restos (recogida, eliminación) y actuaciones para el control de la erosión.
• b) Actuaciones de restauración de la vegetación, como reforestación de las zonas afectadas (preparación del terreno, adquisición de plantas y plantación, así como su defensa frente a diversas especies animales mediante la instalación de protectores).
• c) Reparación de infraestructuras de protección dañadas por el incendio o creación de aquellas imprescindibles para la restauración de la zona quemada, como pistas forestales, pasos de agua, cerramientos asociados a la plantación, cortafuegos y puntos de suministro de agua.

2. A partir del año siguiente al de la certificación de la restauración como correctamente ejecutada se financiará, con carácter anual, una prima de mantenimiento de la masa implantada, por un período máximo de cinco años.

3. Cuando las solicitudes incluyan actuaciones que, según la normativa vigente, deban estar autorizadas por una unidad administrativa distinta al Servicio Territorial, deberá contarse con la correspondiente autorización previamente a la aprobación del plan de restauración de daños.

Artículo 6. Beneficiarios.

1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas previstas en esta orden:

• a) Las entidades públicas propietarias de terrenos susceptibles de restauración. En el caso de terrenos pertenecientes al Estado o a la Comunidad Autónoma sólo se podrá conceder la ayuda a la restauración cuando el organismo que gestione dichos terrenos sea un organismo privado o una entidad local.
• b) Las personas físicas o las personas jurídicas de derecho privado legalmente constituidas, propietarias o usufructuarias mortis causa de terrenos susceptibles de restauración.
• c) Las agrupaciones de las personas relacionadas en el punto anterior que, aun careciendo de personalidad jurídica, se constituyan con la finalidad principal de realizar en común las actuaciones previstas en esta orden.
• Cada miembro de este tipo de agrupación tendrá igualmente la consideración de beneficiario. No obstante, las ayudas serán concedidas a la agrupación.
• En este supuesto, los agrupados deberán nombrar como representante de la agrupación ante esta Administración a uno de los miembros de la agrupación para cumplir las obligaciones que, como beneficiaria, corresponden a la agrupación.
• d) Las comunidades de bienes propietarias y/o usufructuarias mortis causa de terrenos susceptibles de restauración.

2. Además, deberán cumplir los siguientes requisitos:

• a) No estar incurso en ninguna de las prohibiciones para ser beneficiario, previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. En particular deberán hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, incluidas las de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, y frente a la Seguridad Social.
• b) Si la persona solicitante tiene la consideración de empresa, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del Decreto 75/2008 de 30 de octubre, por el que se regula la acreditación del cumplimiento de la normativa para la integración laboral de las personas con discapacidad y el establecimiento de criterios de valoración y preferencia en la concesión de subvenciones y ayudas públicas de la administración de la Comunidad de Castilla y León, deberá cumplir la normativa para la integración laboral de las personas con discapacidad, o la no sujeción a la misma, o en su caso, la exención de dicha obligación en los términos previstos en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad. La acreditación y justificación de este requisito se realizará, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 75/2008, en la correspondiente convocatoria y en el acto de concesión de la ayuda.
• c) No habérsele denegado previamente la concesión de esta línea de ayudas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 19.7 ó 32.1.d) de esta orden, en cuyo caso, no podrán solicitar nuevas ayudas durante el período de cumplimiento de las denegaciones acordadas.
• d) Cumplir los requisitos específicos que se establezcan en estas bases reguladoras y en las órdenes de convocatoria.

3. Podrán ser beneficiarios de la prima de mantenimiento quienes sucedan a los beneficiarios en las obligaciones y compromisos por cualquier forma de transmisión de los terrenos objeto de ayuda y que cumplan las condiciones y requisitos establecidos en este artículo, con el límite de los 5 años establecidos.

4. Las personas beneficiarias de las ayudas reguladas por la presente orden proporcionarán la información necesaria a la Autoridad de Gestión de Castilla y León o a otros organismos en que dicha autoridad haya delegado la realización de tareas, para poder realizar el seguimiento y la evaluación del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común de España para el período 2023-2027.

Artículo 7. Terrenos objeto de las actuaciones.

1. Podrán ser terrenos objeto de las actuaciones de estas ayudas:

• a) Los calificados como forestales según lo establecido en la legislación en materia de montes. Estos terrenos deberán venir identificados en el Sistema de Identificación Geográfica de las Parcelas Agrícolas (en adelante SIGPAC), a fecha de finalización del plazo de presentación de la solicitud, con alguno de los siguientes usos definidos en el Anexo IV del Real Decreto 1047/2022, de 27 de diciembre, por el que se regula el sistema de gestión y control de las intervenciones del Plan Estratégico y otras ayudas de la Política Agrícola Común: Forestal (FO), Pastizal (PS), Pasto arbustivo (PR), Pasto con arbolado (PA), Matorral (MT) o Improductivo (IM).
• A los efectos de esta orden, también se entenderá que tienen uso forestal los terrenos que hayan sido forestados mediante las ayudas a la forestación de tierras agrícolas, aunque su uso en el SIGPAC aún no figure como tal.
• b) Los calificados en el SIGPAC como Viales (CA), para labores de infraestructuras forestales.

2. En aquellos términos municipales en los que se utilicen para la identificación de las parcelas referencias alfanuméricas distintas a las contenidas en SIGPAC, de acuerdo con la relación que publica anualmente la Consejería con competencia en ayudas agrícolas de la Política Agraria Comunitaria, así como en los terrenos que no tengan asignada la referencia SIGPAC o que, disponiendo de acuerdo de concentración parcelaria firme, el uso asignado en SIGPAC sea «Zona Concentrada no incluida en la ortofoto» (ZC), las referencias alfanuméricas, los usos y las superficies de las parcelas se obtendrán de la base de datos del Catastro o, en su caso, de los órganos competentes en concentración parcelaria o en designación de usos.

En el supuesto de terrenos que estén sometidos a concentración parcelaria, serán admisibles aquéllos terrenos con acuerdo firme de concentración o, en el caso de que éste no sea firme, aquellos en los que la autoridad competente en concentración parcelaria certifique la asignación de la finca de reemplazo y que los recursos pendientes de resolución no afectan directamente a la finca asignada.

Para los terrenos situados dentro del perímetro de una zona de concentración parcelaria, pero excluidos de ésta, en tanto no se disponga de los datos oficiales sobre la firmeza de la concentración, se solicitará al correspondiente Servicio Territorial con competencia en concentración parcelaria, certificado acreditativo de su exclusión, debiendo utilizarse en estos casos la referencia, uso y superficie SIGPAC si los hubiera, o en su defecto, los correspondientes datos catastrales.

En cualquier caso, los terrenos deberán estar catalogados con alguno de los usos considerados admisibles en el apartado 1.

3. Los terrenos objeto de actuaciones deberán cumplir estas condiciones:

• a) Haber sufrido un incendio forestal entre el 1 de enero de 2012 y la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes expresado en la orden de convocatoria.
• b) Poseer un reconocimiento oficial del desastre, mediante resolución del director general competente en materia de montes.
• La relación de incendios que posean el reconocimiento oficial del desastre se publicará en la orden de convocatoria correspondiente.
• c) Contar con una superficie mínima subvencionable de 15 hectáreas de terreno.

4. No se admitirán los terrenos que:

• a) No cumplan las condiciones descritas en los apartados anteriores.
• b) Cuenten con una superficie de actuación continua menor de una hectárea. No interrumpirá la continuidad la existencia de arroyos, canales, vías o caminos, vías pecuarias, vías férreas o cualquier instalación de características semejantes, ni la existencia de una separación menor o igual a 25 m entre las superficies de actuación.
• c) Estén sujetos a contratos suscritos con la Consejería con competencias en medio ambiente en los que se contemplen trabajos que coincidan total o parcialmente con los de esta orden.
• d) No estén ubicados en el mismo término municipal o en términos colindantes de la misma provincia.
• e) Presenten un regenerado natural de especies forestales arbóreas de más de dos años, cuando aquél se manifieste viable.
• f) Estén obligados a ser reforestados o restaurados por planes sectoriales.
• g) Vayan a ser reforestados o restaurados con financiación de cualesquiera otras Administraciones Públicas u otros entes públicos o privados.
• h) Su reforestación no se considere técnicamente correcta o admisible ambientalmente, conforme al informe técnico que a tal efecto expida el Servicio Territorial con competencia en estas ayudas de la provincia en la que estén situados los terrenos objeto de ayuda (en adelante, Servicio Territorial).
• i) Su propietario o usufructuario haya sido declarado responsable del incendio, según sentencia judicial firme.

5. Para comprobar la adecuación de los terrenos solicitados y su no inclusión en alguna de las categorías y condiciones anteriormente indicadas se podrá solicitar que se aporte la documentación que se considere oportuna y realizar cuantas inspecciones se estimen necesarias.

6. En los terrenos en los que se encuentren instaladas líneas aéreas eléctricas de alta tensión o cualquier otra clase de tendidos eléctricos u otras líneas de suministro se deberán respetar las limitaciones de seguridad establecidas en la normativa vigente, por lo que la superficie afectada por esa limitación debe ser descontada en la solicitud y no será objeto, en todo caso, de concesión de la ayuda de restauración de daños.

7. En los terrenos que afecten a un Bien declarado de Interés Cultural o Inventariado (BIC), en los términos previstos en la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, o tengan incoado expediente al efecto, la concesión de la ayuda estará condicionada, además de por el cumplimiento de todos los requisitos regulados en la presente orden, por la necesidad de autorización previa por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de la provincia donde se vaya a realizar la forestación, en los términos y condiciones que prevea la normativa sectorial vigente.

8. De conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y en el artículo 5 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por el que se establece el procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000 de aquellos planes, programas o proyectos desarrollados en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, las actuaciones objeto de subvención habrán de ser evaluadas en sus afecciones a la Red Natura 2000. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 3.2 de la Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León, las administraciones públicas, en el ámbito de Castilla y León, deben adoptar las medidas preventivas necesarias para evitar la ejecución de acciones contrarias a los objetivos de dicha ley. Todas aquellas actuaciones que cumplan las condiciones que se establezcan expresamente con este fin en las correspondientes convocatorias se podrán considerar ya evaluadas, en particular conforme lo previsto en el artículo 25 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero. El resto deberá someterse a la necesaria evaluación durante su tramitación.

9. Cuando las solicitudes comprendan terrenos o actuaciones que, según la normativa vigente, deban estar sometidas al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, deberá haberse obtenido la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental, o el Informe de Impacto Ambiental, según proceda, con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes. La Declaración deberá mencionar expresamente las repercusiones del plan sobre el tipo o tipos de hábitats naturales o de las especies amparadas por la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres o por la Directiva 2009/147/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres. En esa mención se indicará si dicha afección es sensible o no, así como la afección a la integridad del lugar. El Servicio Territorial comprobará dicha circunstancia.

Artículo 8. Cuadernos de Zona y Requerimientos Técnicos para la realización de trabajos de restauración de daños.

1. A los efectos de lo dispuesto en esta orden, existen 35 cuadernos de Zona, que recogen, entre otros extremos, las especies idóneas, los métodos de preparación del terreno, la distribución de los grupos de especies, los tipos de plantas y las densidades para la realización de los trabajos de restauración.

El conjunto de instrucciones para la ejecución de las actuaciones subvencionadas, así como las condiciones técnicas mínimas referentes a materiales, maquinaria y ejecución de las actuaciones subvencionadas y las orientaciones para su posterior mantenimiento se establecen en los Requerimientos Técnicos para la realización de los trabajos de restauración de daños en terrenos forestales.

2. Los Cuadernos de Zona y los Requerimientos Técnicos, así como los requisitos medioambientales mínimos establecidos en las Directrices aplicables a las ayudas estatales en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales (2022/C 485/01), serán de obligado cumplimiento para la ejecución de las actuaciones financiadas con estas ayudas.

Su contenido estará disponible, para general conocimiento, en la dirección https://www.jcyl.es.

3. El contenido de los Cuadernos de Zona y de los Requerimientos técnicos para la realización de trabajos de restauración de daños en terrenos forestales es coherente con las Directrices paneuropeas para repoblación forestal y reforestación.

Artículo 9. Plan de actuaciones destinadas a la restauración de daños en terrenos forestales.

1. El contenido del plan de actuaciones destinadas a la restauración de daños en terrenos forestales será el siguiente:

• a) Datos generales de identificación del solicitante, representante, en su caso, y redactor del plan.
• b) Datos generales del incendio: fecha de inicio, fecha de extinción total, origen anterior de la masa, superficie forestal afectada por el incendio (arbolada, no arbolada), vegetación actual (especies arbóreas, arbustivas, matorral, densidad, altura).
• c) Definición de la base territorial de la explotación forestal y caracterización de los terrenos en cuanto a sus características físicas, de vegetación y la afección a figuras de protección y valores naturales.
• d) Descripción de las infraestructuras existentes en la explotación y del estado de las mismas.
• e) El programa de actuaciones, en el cual se planificarán las inversiones a ejecutar durante los años de duración del compromiso.
• f) Los planos de localización de la explotación, así como de las actuaciones previstas en el plan.

2. La elaboración del plan de restauración de daños se ajustará a lo establecido en los modelos de las plantillas oficiales, a las instrucciones para la redacción de los planes y a las condiciones técnicas de suministro de cartografía en formato digital, contempladas en la orden de convocatoria de la ayuda.

3. Dado que el plan de restauración de daños se elabora a partir de las indicaciones de los Cuadernos de Zona y de los Requerimientos técnicos, su contenido es igualmente coherente con las Directrices paneuropeas para repoblación forestal y reforestación.

4. El plan de restauración de daños se presentará en la forma, lugares y plazos que se establezcan en la orden de convocatoria de la ayuda y deberá ir acompañado de los documentos e informaciones que se determinen en aquélla.

Artículo 10. Especies objeto de ayuda.

1. Las especies que se pueden emplear son las que estén consideradas como adecuadas para cada «estación» en el correspondiente Cuaderno de Zona.

Asimismo, se podrá solicitar la ayuda para la restauración de daños a los bosques con especies no incluidas en la «estación» del Cuaderno de Zona correspondiente, siempre que estén contempladas en los Requerimientos Técnicos, se justifique oportunamente en la forma y plazos que se establezcan en la orden de convocatoria, y se constate su viabilidad por informe del Servicio Territorial.

2. No se concederán ayudas para la restauración de daños con especies cultivadas a turno corto, árboles de crecimiento rápido para la producción de energía o árboles de Navidad, ni para repoblaciones que no sean coherentes con los objetivos climáticos y medioambientales de acuerdo con los principios de la gestión forestal sostenible.

Los clones de los chopos de producción aprobados en la Orden de 24 de junio de 1992, por la que se publica el Catálogo Nacional de los clones admitidos como materiales de base para los materiales forestales de reproducción relativos al género Populus L, y en la Orden APA/544/2003, de 6 de marzo, por el que se publica la ampliación del Catálogo Nacional de los clones admitidos como materiales de base para los materiales forestales de reproducción relativos al género Populus L., se consideran, a los efectos de esta orden, de turno corto.

3. Las especies que se utilicen en las reposiciones de marras que se realicen durante los años en los que se tiene derecho a prima de mantenimiento serán las mismas que inicialmente se aprobaron en la resolución de concesión del expediente de restauración de daños o, en su defecto, aquéllas que estén consideradas como adecuadas para la «estación» de que se trate en el Cuaderno de Zona correspondiente.

Excepcionalmente, la Dirección General con competencia en estas ayudas podrá admitir la utilización de otras especies, en los términos y con las condiciones establecidas en el presente artículo, por razones técnicas, selvícolas o ecológicas, siempre que la repoblación cumpla con los objetivos que le son intrínsecos.

Artículo 11. Financiación de las ayudas.

Las ayudas reguladas por la presente orden se concederán con cargo a la aplicación presupuestaria que se determine en la correspondiente orden de convocatoria y estarán cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), por la Administración General del Estado y por la Comunidad de Castilla y León en los porcentajes que se determinen en el Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, porcentajes de cofinanciación que se detallarán en las resoluciones individuales de concesión de las respectivas ayudas.

Artículo 12. Cuantía de la ayuda a la restauración.

1. Los importes unitarios de cada actuación son los que se relacionan en el Anexo II de esta orden.

2. Los importes fijados para la preparación del terreno, adquisición de la planta y plantación se incrementarán, por bonificación, conforme a los siguientes porcentajes:

• a) En un 1%, si entre el 25% y 74% (ambos incluidos) de la planta empleada tiene reconocida, al menos, la categoría de «material seleccionado», de conformidad con los requisitos establecidos para esta categoría en el Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales forestales de reproducción.
• b) En un 3%, si un porcentaje igual o superior al 75% de la planta empleada tiene reconocida, al menos, la categoría de «material seleccionado», conforme a la norma citada en la letra anterior.

3. La cuantía total por dichas actuaciones no podrá superar en ningún caso los importes máximos fijados en el Anexo II de esta orden.

4. Se podrá imponer un importe máximo por expediente, que será fijado en cada una de las órdenes de convocatoria de la ayuda en función del presupuesto disponible para las mismas.

Como excepción, cuando se den las circunstancias previstas en el apartado 2 de este artículo se sumará la bonificación que corresponda, pudiendo suponer, en consecuencia, un aumento del importe máximo que se imponga por expediente.

5. Para formalizar la solicitud de ayuda, todos los solicitantes deberán basarse en los importes fijados anteriormente, que serán los que se utilicen para la concesión de la misma.

No obstante, una vez concedida la ayuda, en el caso de entidades públicas beneficiarias que adjudiquen los trabajos a un tercero conforme a la normativa sobre contratación pública, deberán justificar la ejecución de los trabajos mediante el sistema de facturas por costes reales, en la forma que se establezca en la orden de convocatoria, siendo ésta la cantidad a pagar.

Si las facturas superaran el importe total de la ayuda concedida, se pagará, como máximo, el importe reflejado en la resolución de concesión de la ayuda.

6. En caso de agrupaciones entre entidades públicas y particulares se aplicará el sistema previsto en el apartado anterior.

Artículo 13. Cuantía de la prima de mantenimiento.

El importe anual de la prima de mantenimiento será de 347,00 euros por cada hectárea repoblada que cumpla con los requisitos, las obligaciones y los compromisos establecidos en la presente orden y en la orden de convocatoria de pago.

Capítulo II

Concesión de las ayudas

Artículo 14. Procedimiento de concesión.

1. Las ayudas reguladas en la presente orden se concederán en régimen de concurrencia competitiva. A estos efectos, las ayudas a la restauración se concederán a aquellos solicitantes que, cumplidos los requisitos exigidos, hayan obtenido un orden preferente como resultado de comparar las solicitudes presentadas, aplicando los criterios de valoración establecidos en el artículo siguiente, con el límite del crédito presupuestario consignado en la convocatoria.

Artículo 15. Criterios de valoración.

1. Las solicitudes presentadas se valorarán teniendo en cuenta los siguientes criterios, cuya ponderación se establecerá en las correspondientes órdenes de convocatoria de la ayuda:

• a) Superficie forestal arbolada afectada por el incendio.
• b) Superficie continua de actuación.
• c) Ubicación de los terrenos.
• d) Antigüedad del incendio forestal.
• e) Riesgo de incendios forestales.
• f) Agrupación de titulares.
• g) Certificación forestal (PEFC o FSC).
• h) Planificación de la gestión.
• i) Asociación de propietarios forestales.
• j) Integración laboral de las personas con discapacidad.

2. Sólo se podrán conceder aquellas solicitudes que alcancen la puntuación mínima que establezca la orden de convocatoria.

3. En caso de empate se aplicarán sucesivamente los siguientes criterios de desempate:

• a) Tendrán preferencia las que presenten menor importe total solicitado.
• b) En caso de seguir empatados, la preferencia se determinará atendiendo a la mayor puntuación parcial obtenida en cada uno de los criterios de valoración establecidos en el apartado 1, en el mismo orden en que han sido establecidos.
• c) Si persistiera el empate, se tendrá en cuenta el tipo de solicitante de la ayuda, teniendo preferencia las solicitadas por personas físicas, posteriormente las solicitadas por personas jurídicas de derecho privado (con o sin personalidad jurídica) y, por último, las entidades de derecho público.
• d) Por último, si aún persistiera el empate, tendrán preferencia, entre las personas físicas, las más jóvenes, y entre las personas jurídicas, las que se hubieran constituido con anterioridad.

Artículo 16. Forma de inicio del procedimiento de concesión.

El procedimiento de concesión se iniciará de oficio, mediante convocatoria aprobada por orden del titular de la Consejería con competencias en materia de montes.

En el Boletín Oficial de Castilla y León se publicará un extracto de la convocatoria, cuyo texto completo se publicará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es).

Artículo 17. Solicitud de ayudas.

1. La solicitud se presentará conforme al modelo normalizado, que se determine en la correspondiente convocatoria y que estará a su disposición en la sede electrónica (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es).

2. La solicitud se presentará exclusivamente de forma telemática desde el registro electrónico de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, al que se accede desde su sede electrónica, a través de la aplicación electrónica «Programa informático para la gestión de solicitudes de ayuda y otros procedimientos no específicos (SCAG)», aprobada por Orden AYG/837/2009, de 2 de abril.

3. La solicitud se presentará en el plazo que se establezca en la orden de convocatoria.

4. La solicitud irá acompañada de la documentación e informaciones que se determinen en la orden de convocatoria.

Dicha documentación se digitalizará y aportará como archivos anexos a la solicitud, sin perjuicio de la posibilidad de que la Administración pueda requerirles la exhibición del documento o de la información original en los términos previstos en la normativa básica del procedimiento administrativo común.

5. No se admitirán las solicitudes que se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias:

• a) Cuando se presente más de una solicitud por propietario de explotación forestal. En caso de detectarse la existencia de más de una solicitud por propietario de explotación forestal, se considerará válida la que se hubiera presentado en último lugar dentro del plazo de presentación que se establezca en la orden de convocatoria, inadmitiéndose las restantes solicitudes o partes de solicitudes en caso de agrupación de titulares.
• b) Cuando no alcancen la puntuación mínima que se establezca en la correspondiente orden de convocatoria.

6. Debido a que la puntuación para la concesión de la ayuda se obtiene del contenido de la solicitud, una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se permitirá ninguna modificación al alza de los apartados que contengan información a utilizar en el cálculo de los criterios de valoración establecidos en el artículo anterior de la presente orden, ni los relativos al importe solicitado.

La no cumplimentación de dichos apartados determinará que se considere que el dato no existe o que el solicitante no desea que sea valorado.

Artículo 18. Instrucción.

1. La instrucción del procedimiento corresponderá al Servicio competente en materia de ayudas de desarrollo rural dentro de la Dirección General competente en materia de ayudas FEADER, auxiliado por el Servicio Territorial de medio ambiente de la provincia en la que radiquen las parcelas solicitadas, los cuales, previa petición en su caso de los documentos, datos e informes necesarios, comprobarán la documentación aportada, el cumplimiento de los requisitos exigidos y la concurrencia de las circunstancias previstas en el proceso de aplicación de los criterios de valoración.

2. Si la solicitud no está debidamente cumplimentada, no reúne dichos requisitos o no se acompaña de la documentación necesaria, se requerirá al solicitante para que, en un plazo máximo e improrrogable de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada por el titular de la Dirección General con competencia en estas ayudas.

3. La valoración de las solicitudes se realizará por una Comisión de Valoración compuesta por los siguientes miembros:

• - Presidente: el Jefe del Servicio competente en estas ayudas.
• - Vocales: dos funcionarios de la Dirección General competente en estas ayudas, nombrados por el titular de dicho órgano directivo, de los cuales uno actuará como secretario con voz y voto.

4. A partir de la información aportada en la solicitud y en la documentación que la acompañe, la comisión aplicará los criterios de valoración expresados en el artículo 15 de esta orden y obtendrá un listado priorizado provisional de las solicitudes, conforme al cual establecerá una relación de solicitudes preseleccionadas, susceptibles de ser atendidas en primera instancia con el presupuesto disponible en la convocatoria.

5. El Servicio Territorial requerirá a los solicitantes incluidos en dicho listado para que aporten la documentación complementaria que se determine en la orden de convocatoria de la ayuda, entre la que figurará un plan de restauración de daños.

Si los datos aportados no fueran suficientes para poder elaborar el informe técnico sobre la viabilidad de las actuaciones se les podrá requerir la información que se considere oportuna.

Si la documentación complementaria presentada no está debidamente cumplimentada o no reúne los requisitos exigidos, el Servicio Territorial le requerirá para que, en un plazo máximo e improrrogable de diez días, subsane la falta, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada por la Dirección General con competencia en estas ayudas.

6. El Servicio Territorial revisará la documentación complementaria y elaborará un informe técnico sobre la viabilidad de las actuaciones.

7. La comisión de valoración, a la vista del informe técnico de viabilidad, calculará nuevamente, cuando proceda, la puntuación de las solicitudes, aplicando los criterios de valoración expresados en esta orden y obtendrá un listado priorizado definitivo de las solicitudes.

8. El Servicio gestor de la Dirección General competente en estas ayudas formulará una propuesta de resolución motivada, de la que se dará traslado al órgano competente para resolver sobre la concesión o denegación de las ayudas.

Artículo 19. Resolución del procedimiento de ayudas a la restauración.

1. La convocatoria se resolverá por la Dirección General con competencia en estas ayudas.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución que pone fin al procedimiento será de seis meses, a contar desde el día siguiente a la finalización del plazo para la presentación de las solicitudes. El vencimiento de dicho plazo sin que se hubiera notificado resolución expresa implicará que el solicitante pueda entender desestimada su solicitud, a los efectos de poder interponer los recursos procedentes.

3. Dicha resolución pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala del mismo nombre del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, ambos plazos a contar desde el día siguiente al de la notificación.

En el caso de las agrupaciones a las que se refiere el artículo 6.1.c) de esta orden, la concesión de la ayuda, sin perjuicio de expresar los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, se dirigirá, solidariamente, a la agrupación.

4. La notificación de la resolución que ponga fin al procedimiento se realizará de forma electrónica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, o a través de la dirección electrónica habilitada única cuando tenga disponible su acceso. Para la práctica de la notificación la Administración enviará un aviso al dispositivo electrónico o a la dirección de correo electrónico de la persona interesada, o en su caso, del representante, que éste haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica de la Administración. La falta de práctica de este aviso, de carácter meramente informativo, no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.

5. Dado que se trata de notificaciones electrónicas de carácter obligatorio, se entenderán rechazadas cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. Cuando la persona interesada o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa, se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y el medio, dando por efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento.

6. La resolución de concesión de las ayudas llevará aparejada la correspondiente autorización forestal exclusivamente para los trabajos incluidos en la misma.

7. Dentro de los 15 días siguientes a la notificación de la resolución de concesión se podrá solicitar por escrito la renuncia total o parcial a la ayuda concedida, sin que conlleve penalización alguna.

Si se renunciara transcurrido dicho plazo se le podrán denegar la concesión de sucesivas ayudas de las reguladas en esta orden durante los tres años siguientes al de la resolución por la que se acepte la renuncia.

Artículo 20. Resolución de concesión de la prima de mantenimiento.

La resolución de concesión de la ayuda a la restauración a la que se hace referencia en el apartado 1 del artículo anterior, acordará, asimismo, la concesión de una prima de mantenimiento por cinco años consecutivos, a contar desde el siguiente a la resolución de pago de la ayuda a la restauración.

No obstante, el pago de cada prima de mantenimiento estará condicionado a la previa presentación de solicitud anual de la prima por parte de su beneficiario, en el modelo normalizado que, a tal efecto, se apruebe y que estará disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, accesible a través de la dirección https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es, en la forma, lugares y plazos que se establezcan en la orden de convocatoria del pago de la prima de mantenimiento, así como al cumplimiento de los requisitos, obligaciones y compromisos establecidos en la presente orden y en cada orden anual de convocatoria de pago.

Artículo 21. Modificación de la resolución de concesión de la ayuda.

1. El cambio o alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda a la restauración de daños en terrenos forestales podrá dar lugar, en los términos y por las causas que se establezcan en la orden de convocatoria, a la modificación de la resolución de concesión, sin que en ningún caso dicha modificación pueda suponer un incremento del importe total de la ayuda concedida ni la alteración de su finalidad.

2. La solicitud de modificación se formalizará en el modelo normalizado que, a tal efecto, se apruebe y que estará disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, accesible a través de la dirección https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es.

3. La solicitud de modificación se presentará en la forma y plazos que se establezcan en la orden de convocatoria de la ayuda y deberá ir acompañada de los documentos e informaciones que se determinen en aquélla.

4. Todas las solicitudes de modificación que supongan una disminución de la puntuación obtenida en la fase de valoración para la concesión inicial no serán admitidas a trámite, salvo que la ayuda hubiera sido concedida en todo caso. No se recalculará la puntuación en los casos en que la modificación sea debida a causas de fuerza mayor.

5. El Servicio de la Dirección General competente en esta ayuda formulará la correspondiente propuesta de resolución.

6. El procedimiento se resolverá por el titular de la Dirección General con competencia en estas ayudas, autorizando o no la modificación solicitada.

7. El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento será de tres meses, a contar desde el día siguiente a la fecha en que ha tenido entrada la solicitud de modificación en el registro del órgano competente para resolver. El vencimiento de dicho plazo sin que se hubiera notificado resolución expresa, implicará que el solicitante pueda entender desestimada su solicitud.

8. Como consecuencia de la resolución adoptada, las obligaciones y compromisos de aplicación a esta ayuda inicialmente concedida incluida la prima de mantenimiento, se adaptarán a las que resulten de esta nueva resolución.

Capítulo III

Ejecución, justificación y pago de las ayudas

Artículo 22. Ejecución de las actuaciones concedidas.

1. Las actuaciones para las que se concede la ayuda no deberán estar iniciadas antes de la notificación de la resolución de concesión de ayuda. En caso de comprobarse que se ha incumplido este requisito se procederá como se señala en los artículos 31 y siguientes de esta orden.

2. Las actuaciones para las que se concede la ayuda deberán ejecutarse en la forma y con los requisitos técnicos recogidos en los cuadernos de zona y requerimientos técnicos señalados en el artículo 8 de esta orden y en los plazos que se establezcan en la orden de convocatoria.

3. La fecha de inicio de ejecución de las actuaciones se deberá comunicar al correspondiente Servicio Territorial con al menos cinco días de antelación.

4. Cuando el beneficiario de la ayuda prevea que la actuación subvencionada no puede realizarse en el plazo establecido por causas debidamente justificadas podrá solicitar una prórroga del plazo de ejecución.

5. La solicitud de prórroga se dirigirá al Servicio Territorial de la provincia en la que radiquen las parcelas y podrá presentarse hasta un mes antes del vencimiento del plazo otorgado. La presentación de dicha solicitud transcurrido el citado plazo se inadmitirá por extemporánea.

6. El procedimiento para la concesión de la prórroga será el establecido en las normas reguladoras del procedimiento administrativo común, se resolverá por la Dirección General con competencia en estas ayudas y no será susceptible de recurso.

El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento de concesión de prórroga finalizará el mismo día del vencimiento del plazo de ejecución otorgado o en un plazo de tres meses desde la presentación de la solicitud si el anterior plazo fuera superior a éste. El vencimiento de dicho plazo sin que se hubiera notificado resolución expresa implicará que el solicitante pueda entender estimada su solicitud.

Artículo 23. Justificación y pago de la ayuda a la restauración.

1. Una vez ejecutadas las actuaciones concedidas, se deberá presentar una solicitud de pago de la ayuda, en el modelo normalizado que, a tal efecto, se apruebe y que estará disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, accesible a través de la dirección https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es.

2. La solicitud de pago se presentará en los lugares y plazos que se establezcan en la orden de convocatoria de la ayuda y deberá ir acompañada de la documentación e informaciones que se determinen en aquélla, entre la que se incluirá un informe de finalización de los trabajos para justificar el cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la ayuda y la adecuada aplicación de los fondos recibidos.

3. La solicitud de pago se resolverá por la Dirección General con competencia en estas ayudas.

4. Dicha resolución pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala del mismo nombre del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, ambos plazos a contar desde el día siguiente al de la notificación.

En el caso de las agrupaciones a las que se refiere el artículo 6.1.c) de esta orden la resolución de pago de la ayuda se dirigirá a la agrupación.

5. El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento será de seis meses, a contar desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar las solicitudes de pago. El vencimiento de dicho plazo sin que se hubiera notificado resolución expresa, implicará que el solicitante pueda entender desestimada su solicitud, a los efectos de que se puedan interponer los recursos administrativo o contencioso administrativo señalados anteriormente.

6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las notificaciones se practicarán por medios electrónicos.

Las notificaciones electrónicas se realizarán de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43.1 mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

7. Se podrá solicitar un pago a cuenta de la ayuda en los términos y plazos que se determinen en la orden de convocatoria, sin que implique por sí misma la concesión del pago a cuenta, acompañando la documentación que se establezca en la misma.

El pago a cuenta podrá concederse en función de los sistemas de control establecidos y de las disponibilidades presupuestarias del momento.

Artículo 24. Pago de la prima de mantenimiento.

1. El pago de la prima de mantenimiento se convocará anualmente en la orden por la que se convocan pagos directos a la agricultura y a la ganadería y determinadas ayudas cofinanciadas por el FEADER, (Solicitud Única de la PAC), de conformidad con lo establecido en el artículo 3.1 del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1173 de la Comisión, de 31 de mayo de 2022.

La solicitud de la primera prima deberá realizarse en el año siguiente al de la resolución del pago de la ayuda a la plantación. Las restantes cuatro primas de mantenimiento se solicitarán anualmente, en años consecutivos. Si un año no se presentara la oportuna solicitud de pago en tiempo y forma se perderá dicha prima, sin más trámites.

2. La solicitud de pago se formalizará en el modelo normalizado que, a tal efecto, se apruebe y que estará disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, accesible a través de la dirección https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es.

3. La solicitud se presentará en los lugares y plazos que se establezcan en la orden de convocatoria y deberá ir acompañada de los documentos e informaciones que se determinen en aquélla.

4. Excepto en los casos de fuerza mayor y en circunstancias excepcionales, de conformidad con lo establecido en el artículo 108.3 del Real Decreto 1048/2022, de 27 de diciembre, la presentación de la solicitud de pago fuera del plazo establecido en la orden de convocatoria dará lugar a una reducción del 1% por día hábil de los importes a los que el solicitante habría tenido derecho en caso de presentación de la solicitud en el plazo establecido. Las solicitudes presentadas con posterioridad a la fecha de finalización del plazo de modificación de la solicitud única se considerarán inadmisibles.

5. La solicitud de pago se resolverá por la Dirección General con competencia en estas ayudas. Dicha resolución pondrá fin a la vía administrativa, y contra la misma se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, o directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala del mismo nombre del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, ambos plazos a contar desde el día siguiente al de la notificación. En el caso de las agrupaciones a las que se refiere el artículo 6.1.c) de esta orden la resolución de pago de la prima se realizará a la agrupación.

6. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de seis meses, a contar desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar las solicitudes. El vencimiento de dicho plazo sin que se hubiera notificado resolución expresa, implicará que el solicitante pueda entender desestimada su solicitud, a los efectos de que se puedan interponer los recursos administrativo o contencioso administrativo señalados anteriormente.

7. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la notificación de la resolución que se dirija a los interesados se practicarán por medios electrónicos.

Capítulo IV

Otras cuestiones

Artículo 25. Obligaciones y compromisos.

1. Los beneficiarios deberán cumplir con la normativa recogida en el artículo 4 de esta orden, como marco legal de las ayudas, así como con las obligaciones y compromisos establecidos en esta orden y en las órdenes anuales de convocatoria y, además, con las siguientes obligaciones:

a) De carácter general:

• 1º. Facilitar la información que se le solicite sobre la actuación subvencionada.
• 2º. Permitir la realización de los controles administrativos y sobre el terreno, así como las comprobaciones que sean necesarias.
• 3º. Comunicar a la Dirección General con competencia en estas ayudas la solicitud y, en su caso, la concesión y pago de cualquier subvención obtenida para idéntica actividad, objeto o finalidad a la que corresponde a estas ayudas.

b) Para la ayuda a la restauración:

• 1º. Ejecutar las intervenciones de mejora concedidas, conforme a las condiciones de ejecución que en cada resolución de concesión se establezcan y conforme a las condiciones técnicas generales que la Dirección General competente en estas ayudas tuviera publicadas con anterioridad a la concesión, así como las condiciones que se establezcan en la declaración de las repercusiones de la actuación sobre la Red Natura 2000, o en su caso en la declaración de impacto ambiental o informe de impacto ambiental, según proceda.
• 2º. Comunicar el inicio de los trabajos subvencionados en las condiciones establecidas en la orden de convocatoria.
• 3º. Llevar a efecto los trabajos subvencionados conforme lo previsto en los Cuadernos de Zona correspondientes y en los Requerimientos Técnicos.
• 4º. Cumplir en los trabajos subvencionados con una densidad de planta viva que no difiera en más del 10% de la concedida en cada uno de los rodales concedidos.
• 5º. Presentar la solicitud de pago y documentación justificativa en la forma y plazos previstos en la orden de convocatoria.
• 6º. Mantener las inversiones subvencionadas en adecuado estado de conservación durante la vigencia del plan de restauración de daños.
• 7º. Devolver la totalidad, o la parte proporcional de la ayuda obtenida, si mediante sentencia judicial se hubiera obtenido del causante del incendio indemnización por los costes de la restauración.
• 8º. Durante los cinco años siguientes al pago final de la ayuda, no realizar ni permitir por acción u omisión un cambio sustancial que afecte a la naturaleza, los objetivos o las condiciones de ejecución de la operación, de modo que se menoscaben sus objetivos originales en relación a la «Durabilidad de las inversiones».
• 9º. No hacer uso del fuego como práctica silvícola, ganadera o agrícola en toda la explotación, salvo en caso de contar con autorización
• 10º. Permitir el libre uso de las infraestructuras viarias y de defensa contra incendios forestales creadas o mejoradas al amparo de esta orden, para labores de prevención y extinción de incendios.
• 11º. Contratar o mantener en sus respectivas plantillas un porcentaje mayor de trabajadores contratados por su condición de discapacitados que los estrictamente exigidos en la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad, durante el plazo de ejecución de la actividad objeto de ayuda, en aquellos casos en los que los beneficiarios que hayan hecho valer alguna de las circunstancias previstas en el artículo 16.1.j) de esta orden.

c) Para la prima de mantenimiento:

• 1º. Presentar la solicitud de pago y documentación justificativa en la forma y plazos previstos en la orden de convocatoria.
• 2º. Mantener la superficie restaurada en adecuado estado vegetativo durante los cinco años en que se tiene derecho a la prima de mantenimiento con una densidad de planta viva uniformemente repartida en cada uno de los rodales no inferior al 75% de la densidad concedida.
• Excepcionalmente, la Dirección General con competencia en estas ayudas podrá admitir densidades distintas, por razones técnicas, selvícolas o ecológicas, siempre que la repoblación cumpla con los objetivos que le son intrínsecos.
• 3º. No dedicar los terrenos restaurados a ningún uso agrícola, ganadero o de cualquier otra índole que pueda dañar las nuevas plantaciones, sin autorización previa.
• 4º. Para aquellas ayudas que tengan un carácter plurianual, según el artículo 9.4 de la Ley 30/2022, de 23 de diciembre, se podrá retirar hasta la totalidad de la ayuda abonada en todo el periodo, incluyendo la obligación de reintegro de las cantidades ya percibidas, si no se cumplen los criterios de admisibilidad o los compromisos u obligaciones establecidos para cada régimen de ayuda, de acuerdo con la debida proporcionalidad, y en los términos que se establezcan reglamentariamente.
• 5º. No realizar ni permitir por acción u omisión, durante los tres años siguientes al pago de la prima, un cambio en la propiedad que proporcione a una empresa o un organismo público una ventaja indebida o un cambio sustancial que afecte a la naturaleza, los objetivos o las condiciones de ejecución de la forestación, de modo que se menoscaben sus objetivos originales, conforme lo dispuesto en el citado artículo 65.1 del Reglamento (UE) 2021/1060, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021.

2. La responsabilidad del cumplimiento de los compromisos y obligaciones corresponde exclusivamente a los beneficiarios.

En el caso de las agrupaciones a las que se refiere el artículo 6.1.c) de esta orden, la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones y compromisos será exigible individualmente a cada una de sus miembros en lo relativo a las parcelas aportadas por él.

Artículo 26. Obligaciones tributarias y frente a la seguridad social.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2.a) de esta orden, y en relación con lo señalado en el artículo 6.i) del Decreto 27/2008, de 3 de abril, por el que se regula la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, en materia de subvenciones, se deberá acreditar encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social mediante declaración responsable al efecto, sin perjuicio de la posible comprobación que, en tal caso, se podrá realizar.

Artículo 27. Transmisión de la titularidad del expediente o de los terrenos objeto de ayuda.

Si la titularidad del expediente o de los terrenos objeto de ayuda asociados al mismo, se transmitiesen, total o parcialmente, inter vivos o mortis causa, durante el período de compromisos, se adecuarán las ayudas que pudieran corresponder al beneficiario a la situación del nuevo titular, que deberá cumplir y acreditar las condiciones exigibles para la percepción de las ayudas en los términos, forma y plazos que se establezcan en la orden de convocatoria y subrogarse en todas las obligaciones y compromisos existentes.

Artículo 28. Prevención y lucha contra irregularidades y fraude.

La gestión de las ayudas reguladas en la presente orden se someterá a las medidas necesarias para prevenir, detectar, corregir e investigar irregularidades y situaciones de fraude, así como evitar el conflicto de intereses, acorde con los términos del artículo 59 del citado Reglamento (UE) 2021/2116, por cuanto pudieran poner en riesgo la utilización de fondos comunitarios, estatales y regionales.

Artículo 29. Incompatibilidad.

1. Las ayudas reguladas en esta orden son incompatibles con otras subvenciones otorgadas sobre los mismos recintos SIGPAC o parcelas catastrales, en su caso, para la misma finalidad u objeto por cualesquiera otras Administraciones Públicas u otros entes públicos o privados, autonómicos, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, así como con aquellas otras declaradas incompatibles de acuerdo con la normativa de la Unión Europea. Además, no podrán obtenerse dos ayudas por idénticos conceptos con cargo a la misma convocatoria.

2. Las ayudas contempladas en esta orden respetarán los criterios de compatibilidad, acumulación y notificación a la Comisión Europea derivados de la normativa que sea de aplicación a cada línea de ayuda.

Artículo 30. Información, publicidad y visibilidad de las ayudas concedidas.

1. Una vez resuelta la convocatoria, se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León y en la Base Nacional de Datos de Subvenciones (BDNS) una relación de las ayudas concedidas, en los términos establecidos en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2. Los datos de los beneficiarios se publicarán de acuerdo con el artículo 98 del citado Reglamento (UE) 2021/2116, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, y podrán ser tratados por organismos de auditoría e investigación de la Unión y de los Estados miembros.

3. Por otra parte, los beneficiarios de las ayudas estarán obligados a cumplir las normas detalladas relativas a las responsabilidades en materia de información, publicidad y visibilidad establecidas en el Anexo III del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/129, de la Comisión, de 21 de diciembre de 2021, por el que se establecen normas para los tipos de intervención relativos a las semillas oleaginosas, el algodón y los subproductos de la vinificación en virtud del Reglamento (UE) 2021/2115, del Parlamento Europeo y del Consejo, así como para los requisitos en materia de información, publicidad y visibilidad relacionados con la ayuda de la Unión y los planes estratégicos de la PAC.

Artículo 31. Régimen sancionador.

El régimen de infracciones y sanciones administrativas será el previsto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en el Título V de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, en el Título II de la Ley 30/2022, de 23 de diciembre, así como en el Real Decreto 147/2023, de 28 de febrero.

Artículo 32. Causas de incumplimiento.

1. Dará lugar al inicio del procedimiento previsto en el artículo siguiente, además del incumplimiento de las obligaciones y compromisos establecidos en esta orden, especialmente, en sus artículos 25 y 26, y en los contenidos las órdenes de convocatoria, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

• a) Haber iniciado las actuaciones antes de la notificación de la resolución de concesión de la ayuda.
• b) Haberse concedido la ayuda sin reunir alguno de los requisitos exigidos en la presente orden.
• c) La instalación con posterioridad a la plantación de líneas aéreas eléctricas de alta tensión o cualquier otra clase de tendidos eléctricos u otras líneas de suministro.
• d) La renuncia a la ayuda concedida transcurrido el plazo establecido en el artículo 19.7 de esta orden.
• e) La expropiación forzosa de los terrenos.
• f) Las catástrofes naturales graves e irreversibles.
• g) El incendio de los terrenos forestados.
• h) Las enfermedades y plagas de difícil control o erradicación.
• i) Los condicionantes edáficos, climáticos o similares.
• j) Dedicar las superficies restauradas a un uso agrícola, ganadero o de cualquier otra índole, que haya causado daños a las nuevas plantaciones, sin autorización previa.
• k) No haberse logrado la restauración en las condiciones establecidas en la resolución de concesión.
• l) Las previstas en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 33. Procedimiento para determinar el incumplimiento.

1. El procedimiento para determinar el incumplimiento y, en su caso, el reintegro, será el establecido en el citado Reglamento (UE) 2021/2116, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, y en la Orden PAT/163/2007, de 30 de enero, por la que se determina el procedimiento de actuación del Organismo Pagador de los gastos correspondientes a la Política Agrícola Común en la Comunidad Castilla y León.

2. El órgano encargado de la instrucción del procedimiento será el Servicio de la Dirección General con competencia en estas ayudas.

3. El Servicio instructor notificará el inicio del procedimiento al interesado, otorgándole el preceptivo trámite de audiencia.

4. Una vez concluido el procedimiento, el Servicio instructor formulará la correspondiente propuesta de resolución.

5. El procedimiento se resolverá por el titular de la Dirección General con competencia en estas ayudas.

6. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de doce meses desde la iniciación del procedimiento. Dicho plazo podrá suspenderse y ampliarse de acuerdo con lo previsto en los artículos 22 y 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Transcurrido el plazo máximo, se producirá la caducidad del procedimiento.

7. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las notificaciones se practicarán por medios electrónicos.

Las notificaciones electrónicas se realizarán de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43.1 mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Artículo 34. Consecuencias del incumplimiento.

1. La resolución que ponga fin al procedimiento de incumplimiento determinará la pérdida total o parcial del derecho al cobro de los pagos pendientes de percibir y, en su caso, el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas, atendiendo a criterios de ponderación en función de la magnitud del incumplimiento, conforme a lo establecido en la orden de convocatoria.

2. La concurrencia de alguna de las causas de incumplimiento previstas en el artículo 32 podrá determinar una pérdida parcial y temporal del derecho al cobro de la ayuda, recuperándose en ese caso el derecho a percibir las primas de mantenimiento pendientes, sin carácter retroactivo, si se repone la reforestación en las condiciones establecidas en la resolución de concesión, por cuenta y riesgo del interesado.

3. Cuando proceda la exigencia del reintegro de las cantidades percibidas y si el incumplimiento resultase imputable al beneficiario, se exigirá así mismo el importe de los intereses legales correspondientes.

En estos casos, al beneficiario se le podrán denegar las ayudas contempladas en la presente orden durante los tres años siguientes a la resolución por la que se acuerde el incumplimiento.

4. Cuando el incumplimiento se deba a causas no imputables al beneficiario no se exigirá la devolución de los importes recibidos.

En todo caso, se entenderá que son causas no imputables al beneficiario la renuncia a la ayuda, siempre que se efectúe dentro del plazo establecido en esta orden, las previstas en las letras e) a i) del artículo 32, así como aquellos otros supuestos excepcionales aceptados por la Dirección General con competencia en estas ayudas, previo informe del Servicio Territorial correspondiente.

5. Los criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas con motivo de la concesión de estas ayudas serán los establecidos en el Título I «Régimen de gestión y aplicación de penalizaciones a las ayudas de la Política Agrícola Común» de La Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regula el Sistema de Gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas, y en el desarrollo reglamentario de este título llevado a cabo mediante Real Decreto 147/2023, de 28 de febrero, por el que se establecen las normas para la aplicación de penalizaciones en las intervenciones contempladas en el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común, y se modifican varios reales decretos por los que se regulan distintos aspectos relacionados con la aplicación en España de la Política Agrícola Común para el período 2023-2027.

Estos criterios resultan de aplicación para determinar la cantidad que finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su caso, el importe a reintegrar, y responden al principio de proporcionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los apartados 5 y 6 del artículo 59 del Reglamento (UE) 2021/2116, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la política agrícola común y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 1306/2013, que modula adecuadamente este principio.

Artículo 35. Inspección, seguimiento y control.

1. Todas las solicitudes serán sometidas a los controles administrativos, controles cruzados y cruces de información con registros y bases de datos, de acuerdo con el Reglamento (UE) 2021/2116, y que se establecen en la Ley 30/2022, de 23 de diciembre, así como su normativa de desarrollo, necesarios para verificar el cumplimiento de los requisitos, criterios de subvencionabilidad y compromisos exigidos para la concesión de dichas ayudas, en consonancia con el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común de España 2023-2027.

2. Asimismo, se establecerá un plan de controles sobre el terreno, que incluirá un porcentaje de las solicitudes de pago presentadas, en el que se determinarán las solicitudes a controlar sobre la base de un análisis de riesgo y de la representatividad de las mismas, en los que se recogerán los criterios básicos así como la metodología general para su realización.

Los controles serán efectuados de modo que se asegure la comprobación eficaz del cumplimiento de las condiciones de concesión de la ayuda y de los pagos contemplados en esta orden.

3. Los afectados por los controles, tanto administrativos como sobre el terreno, estarán obligados a colaborar en su realización. Se denegarán las solicitudes de ayuda o de pago correspondientes si los solicitantes o sus representantes dificultasen o impidiesen la realización de un control sobre el terreno.

Artículo 36. Cláusula de revisión.

1. En aplicación del artículo 70.7 del citado Reglamento (UE) 2021/2115, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, en el caso de que se modifiquen las normas, requisitos u obligaciones aplicables, respecto a las cuales los compromisos medioambientales y climáticos sean más estrictos, se realizarán las correspondientes adaptaciones de estas bases reguladoras.

2. Asimismo, se realizarán las pertinentes adaptaciones de esta orden en el caso de que se modifiquen las prácticas y compromisos contemplados en el artículo 31 de dicho Reglamento (UE) 2021/2115.

3. Por otro lado, aquellas ayudas cuya duración supere el período de programación 2023-2027 podrán ser objeto de las correspondientes adaptaciones al marco jurídico del siguiente período de programación.

4. En caso de que las adaptaciones a las que se refieren los anteriores apartados 1 y 2 no sean aceptadas por la persona beneficiaria, el compromiso se dará por finalizado, sin que se exija reembolso alguno por el período durante el cual el compromiso fuera efectivo.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Criterios de valoración.

Los criterios de valoración previstos en el artículo 15 de esta orden y que se desarrollarán en las correspondientes órdenes de convocatoria están condicionados a su aprobación definitiva por parte de la Autoridad de Gestión de Castilla y León del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común de España para el período 2023-2027.

En consecuencia, la eficacia de la resolución de las solicitudes y concesión de la ayuda correspondiente estará condicionada a los criterios de valoración definitivamente aprobados por la Autoridad de Gestión.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Habilitación.

Se habilita al titular de la Dirección General con competencia en estas ayudas a dictar cuantas resoluciones e instrucciones precise para la correcta aplicación de esta orden y, en particular, para la modificación de los anexos de esta orden con el objeto de adaptarlos a nuevos módulos o costes estándar o a cualquier requerimiento de carácter medioambiental o técnico.

Segunda. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Valladolid, 21 de diciembre de 2023.

El Consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio,

Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández

ANEXO I

AYUDA PARA LA RESTAURACIÓN DE DAÑOS EN TERRENOS FORESTALES

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES

PERIODO 2023-2027

ANEXO II

IMPORTES UNITARIOS DE LA AYUDA PARA LA RESTAURACIÓN DE DAÑOS EN TERRENOS FORESTALES

PERIODO 2023-2027

IMPORTES MÁXIMOS DE LA AYUDA PARA LA RESTAURACIÓN DE DAÑOSEN TERRENOS FORESTALES

PERIODO 2023-2027

1. Importes máximos de la línea de Actuaciones previas a la restauración.

Los propios de las labores incluidas en dicha línea de actuación (desbroce, corta de arbolado, recogida de restos, eliminación de restos y control de la erosión) en el apartado de importes unitarios.

2. Importes máximos de la línea de Restauración de la vegetación.

Para la labor de «Plantación: preparación del terreno, adquisición de planta y plantación», los propios de las labores incluidas en dicha línea de actuación en el apartado de importes unitarios.

La labor de «Protector de arbolado» no podrá superar el 50% del importe de la labor «Plantación: preparación del terreno, adquisición de planta y plantación». La repercusión máxima por hectárea reforestada será de 700 €/ha.

3. Importes máximos de la línea de Infraestructuras forestales de protección.

Repercusión máxima por hectárea reforestada: